Sindicatos aseguran que el Gobierno quiere desestabilizarlos al indagar en sus finanzas
La emisión de la circular por parte del Ministerio de Trabajo, que exige a los sindicatos comunicar su información financiera y presentar nómina completa de afiliados, ha generado distintas opiniones entre dirigentes sindicales que dicen estar a favor o en contra de dicha petición. TalCual conversó con sindicalistas de los sectores educación, salud y telecomunicaciones para conocer cuál es su postura al respecto
La emisión de la circular proveniente por parte del Ministerio de Trabajo el pasado 28 de marzo, que exige a las organizaciones sindicales comunicar al Registro Nacional de Organizaciones Sindicales la información financiera mediante la cual operan, ha generado opiniones encontradas y desacuerdos entre los líderes sindicales de algunos gremios, quienes consideran que dicha petición viola la libertad sindical.
Aunque el artículo 388 de la Ley Orgánica del Trabajo dice que «las organizaciones sindicales están obligadas a comunicar al Registro Nacional de Organizaciones Sindicales dentro de los 30 días siguientes, las modificaciones introducidas en los estatutos y acompañar copias auténticas de los documentos correspondientes y que se debe la nómina completa de sus afiliados y afiliadas», para algunas organizaciones sindicales dicha petición es una manera de presionarlas en plena ola de protestas para exigir mejoras salariales.
Una de las primeras en pronunciarse en contra de dicha exigencia fue Keta Stephany, secretaria de información de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv), quien desde su cuenta de Twitter cuestionó dicha solicitud.
La OIT cuestiona ese artículo,y lo sabe el gobierno,pues viola el convenio 87 de libertad sindical. En cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta OIT,los sindicatos no deberían presentar esos informes. Y el gobierno debe entregar las retenciones secuestradas. https://t.co/nsEUaVGEXg
— Keta Stephany (@sketa0) March 29, 2023
Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermería de Distrito Capital afirma que, con esto, el Estado venezolano «mantiene la violación consecutiva que ha venido realizando al convenio 87 (establecido por la OIT), que establece la libertad sindical (…) Vemos cómo el Estado continúa su actuación injerencista cuando establece este tipo de mecanismos (…) no tiene por qué controlar las finanzas de una organización».
Expuso que la Memoria y Cuenta de las gestiones realizadas y giro económico, en el caso del Colegio de Enfermería, se da a sus miembros durante una asamblea. «Cuando vemos estas solicitudes que se hacen a través del Ministerio de Trabajo, nos preguntamos: ¿para qué?», cuestiona.
«Nosotros, desde el Colegio de Enfermería, consideramos que tenemos que mantener las recomendaciones que en el año 2019 hizo la OIT, que dice que las organizaciones sindicales y gremiales no podemos ser objeto de ninguna intervención por parte de Estado (…) Creemos y estamos conscientes de que la única responsabilidad que tenemos es rendirles cuentas a nuestros agremiados y estos, constituidos en asamblea, son los que pueden hacer observaciones para aprobar o improbar un giro económico», sostiene.
Contreras insiste en que los sindicatos no necesitan aprobación por parte del «patrono» para poder ejercer sus funciones para representar a los trabajadores al momento de discutir el contrato colectivo.
Con ella está de acuerdo Evencio Chacón, dirigente sindical de la Federación de Trabajadores de Telecomunicaciones de Venezuela (Fetratel) quien resalta que «el Ministerio de Trabajo se ocupa de lo que no debe.
«Si el Ministerio de Trabajo estuviera muy preocupado por los trabajadores venezolanos, lo primero que debería estar haciendo es participar activamente en la revisión del salario, y no lo hace», reflexionó Chacón.
Explica que, en el caso del sector público, a los trabajadores les hacen descuento sindical, pero a los sindicatos «o no les pagan la cuota sindical o lo hacen meses después, por lo que cuando las organizaciones reciben la contribución de los trabajadores, que es la cuota por ser agremiados, se vuelven sal y agua producto de la devaluación, inflación y todo el desastre económico que opera en Venezuela». En consecuencia, «cuando un sindicato va a presentar la gestión del 2022, muchas de esas cuentas, en su mayoría, tienen saldos por cobrar».
Considera que lo antes expuesto es una manera de quebrar a las organizaciones sindicales. «Afortunadamente los sindicalistas venezolanos creativos y habilidosos han podido avanzar con los trabajadores y organizaciones, a pesar de que la orden es acabarlos», agregó.
Chacón reiteró que los sindicatos están en situación de quiebra financiera debido a que por los bajos ingresos salariales de los trabajadores, «los dirigentes de las organizaciones no pueden movilizarse ni defender a un trabajador en un juicio o proceso administrativo porque las finanzas no les alcanzan».
Pese a las opiniones en contra, otros sindicalistas afirman que no tienen ningún problema en entregar sus finanzas o su nómina al Ministerio de Trabajo e inclusive, dicen que es un procedimiento con el que ya cumplen.
Edgar Machado, presidente del Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvema) ratifica que su organización y la Federación Venezolana de Maestros anualmente rinde cuentas en primer trimestre de cada año.
«En este momento el Sinvema de Distrito Capital va a rendir cuentas ante la Inspectoría del Trabajo el último día de marzo, como lo establece el artículo 388 de la Ley Orgánica del Trabajo».
Edgar Machado, presidente del Sindicato venezolano de maestros Distrito Capital. Foto: Lucía Ramírez
El también educador manifestó estar de acuerdo con que «este ministerio saque una resolución dando un plazo a las demás organizaciones sindicales que no han podido rendir cuentas en este primer trimestre debido a las protestas que se hacen a nivel nacional porque muchas organizaciones todavía están haciendo asambleas para recoger las firmas de actualización de la nómina y presentarles a los afiliados la rendición de cuentas. Este sindicato ha cumplido con este artículo de la Ley del Trabajo».
Por su parte, José Leonardo Pérez, presidente del Sindicato de los Trabajadores de la enseñanza (Sitraenseñanza) Distrito Capital desconoce la intención por la que se emitió dicha circular. «No sé qué intención tiene ni cuál es su funcionalidad porque todos los sindicatos tenemos que entregar antes del 31 de marzo todos los requisitos exigidos por la ley para la entrega de finanzas (…) No sé cuál es la intención o si hay ganas de buscar un revuelo», insiste.
Explica que «en el caso de educación, los supervisores aparentemente tienen la instrucción de ir a las escuelas y pedirles a los trabajadores o maestros» que tengan exigencias laborales, su estatus para ver si están sindicalizados o no. Aunque insiste en que «eso no es relevante porque la Ley Orgánica de Trabajo exige que así un trabajador este afiliado o no, tiene los mismos derechos. Cuando un trabajador no esté afiliado y asista a los sindicatos, nosotros debemos darle respuesta».
¿Puede la exigencia perjudicar a los sindicatos?
Evencio Chacón, dirigente sindical de Fetratel explica que dicha exigencia puede tener consecuencias negativas para las organizaciones sindicales, una de ellas es que «cuando una organización sindical no cumple con el requisito, se expone a que cuando se vaya a celebrar el proceso eleccionario de esa organización, los miembros de la junta directiva, especialmente esos que administran las finanzas, no puedan ser reelectos como candidatos, porque allí opera una penalización legal».
En caso de presentarse un panorama en donde se le prohíba a algún candidato postularse para seguir su labor en la organización sindical, asevera que se violarían los convenios internacionales en materia de libertad sindical, debido a que ninguno de los artículos «95, 97 con la OIT establecen que un sindicato por no presentar sus finanzas al Ministerio de Trabajo (…) Eso es una manera de intervenir en la vida de los sindicatos».
Chacón reitera que las organizaciones sindicales solo deberían mostrar sus finanzas a sus agremiados.
Recomienda a las organizaciones sindicales «ser más astutas» y «presentar las finanzas, que hagan énfasis en la contabilidad de los sindicatos, donde la cuenta por cobrar sea el detalle que se convierta en el denominador común de los sindicatos en el sector público, que son muchas porque no les pagan (…) lo que es el denominador común en las organizaciones legales del sector público».
