Telefónica terminó contrato con CEO Pedro Cortez en medio de caso de corrupción
La justicia de EEUU informó que Telefónica Venezuela deberá pagar una sanción de $85 millones por un caso de soborno. El exdirectivo Pedro Cortez era el consejero delegado de la filial venezolana cuando se produjeron los pagos de comisiones a miembros del Gobierno de Nicolás Maduro en mesas de cambio durante 2014
Telefónica conoció el viernes 8 de noviembre la sanción de 85 millones de dólares impuesta por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por sobornar a funcionarios del Gobierno de Venezuela, al utilizar cuentas bancarias estadounidenses para obtener divisas preferenciales en las mesas de cambio.
Se trata de la mayor sanción impuesta por las autoridades norteamericanas a una empresa cotizada española y ya ha tenido consecuencias organizativas. Según confirmaron fuentes próximas al caso, Telefónica ha destituido a Pedro Cortez, que era el consejero delegado de la filial venezolana cuando se produjeron los pagos de comisiones a miembros del Gobierno de Nicolás Maduro, reseña El Confidencial.
Cortez fue el primer ejecutivo de Telefónica Venezuela entre 2012 y 2018, momento en el que José María Álvarez-Pallete, presidente ejecutivo de Telefónica, lo promocionó a máximo responsable del negocio en Perú. En 2023, fue designado director de estrategia de Hispam, que engloba los negocios en México, Chile, Argentina, Ecuador, Perú y Uruguay. El ejecutivo terminó su relación con Telefónica el pasado verano.
La operadora, participada por el Gobierno a través de la SEPI y por Criteria Caixa, ya sabía desde hace meses la magnitud del expediente sancionador. Telefónica estaba negociando con la Justicia estadounidense el pago de una sanción de grandes proporciones. La clave era evitar un juicio que hubiera tenido peores consecuencias. Por ello, pactó con el Departamento de Justicia una serie de condiciones que incluían el despido de los máximos responsables de los sobornos. El principal era Cortez como primer ejecutivo, refiere el medio español.
En el momento de los sobornos, César Alierta era el presidente de Telefónica; Álvarez-Pallete, el consejero delegado y Ángel Vilà, director de Finanzas Corporativas. Según fuentes conocedoras de la situación, una auditoría interna encargada por Telefónica, que años atrás desarrolló un estricto protocolo contra la corrupción, ha eximido de responsabilidades a Álvarez-Pallete y a Vilà, actual consejero delegado, ya que dichas ilegalidades se circunscribieron exclusivamente a la filial venezolana.
El primer ejecutivo de Telefónica en Latinoamérica en esos momentos era Eduardo Caride, un directivo argentino que al día de hoy es miembro del consejo asesor de Hispam, la holding que agrupa todas las filiales al otro lado del Atlántico, excepto Brasil.
En abril del pasado año, cuando la investigación ya estaba muy avanzada, Telefónica prescindió de Rafael del Río, director de Riesgos y Control Interno. La medida se adoptó para fortalecer el gobierno corporativo, ante las sospechas de que la compañía había podido incurrir en potenciales irregularidades en contratos con proveedores, tras las que habría lanzado una investigación interna. Este departamento, esencial en la lucha contra la corrupción, dependía del área de Auditoría y ahora de la Dirección General de Compliance.
Fuentes próximas a Telefónica admiten el daño provocado por esta sanción, no solo por el importe, el mayor de la historia de una empresa española en EEUU, sino también por el castigo reputacional. Especialmente porque no es la primera vez que el grupo debe pactar una sanción con la Securities Exchange Commission (SEC), el regulador bursátil de Estados Unidos. Aunque en esa ocasión, el importe fue muy inferior. Telefónica tuvo que pagar 4 millones de dólares por regalar entradas para el Mundial de Brasil de 2014 a funcionarios brasileños.
La multinacional española, que encargó la investigación interna a Pablo de Carvajal, secretario del consejo de administración, ayudado por Miguel Sánchez San Venancio, máximo responsable de Seguridad, se ha comprometido con las autoridades americanas a colaborar en cualquier pesquisa posterior y a cumplir a rajatabla con la normativa contra la corrupción y el blanqueo de capitales.
Según el Departamento de Justicia de EEUU, en 2014 Telefónica Venezuela participó en una subasta de divisas patrocinada por el gobierno venezolano, donde reclutó a dos proveedores para que «realizaran pagos corruptos por aproximadamente $28,9 millones a un intermediario» y así asegurar su éxito en la subasta, así lo detalla un comunicado de esa institución.
