Tierras sin ley, por Teodoro Petkoff
«Vivimos como en una guerra civil». La frase, terrible, pertenece a uno de los protagonistas del drama agrario en Portuguesa, entrevistado por TalCual. Ella resume una situación que ha venido descomponiéndose aceleradamente y que ya ha dado lugar a los primeros hechos de sangre. En este ambiente se anuncia la próxima discusión de la Ley de Tierras, precedida por la designación del general Wilfredo Silva Torres al frente del IAN, y por el aviso provocadoramente cataclísmico de que ella será «candanga con burundanga». En un gobierno que en dos años en materia de obras públicas no ha hecho nada más importante que un tercio de las casitas que prometió, el general Wilfredo Silva es un bicho raro: construyó el tramo entre Guanare y Barinas (unos cien kilómetros) de la autopista todavía denominada «General José Antonio Páez», incluyendo el soberbio Puente Páez, sobre el río Boconó. Se trata, pues, de alguien que hace cosas; de un hombre concreto y eficiente.
Probablemente tendrá que esperar un poco para entrar en acción de lleno porque la Ley de Tierras aún no ha sido aprobada. Pero el tiempo apremia. La necesidad de esa ley es urgentísima, porque, por lo pronto, desde el punto de vista legal, el gobierno ni lava ni presta la batea. Los problemas agrarios se encuentran en un limbo jurídico. No se ha promulgado la nueva ley ni se aplica la vigente. Buena parte de los problemas que se han venido presentando en el campo (de los que dimos una pequeña muestra con los reportajes sobre la situación en Portuguesa) tienen que ver con la indefinición jurídica existente en muchos casos sobre la propiedad de la tierra. El anuncio de que se entrará a discutir la Ley de Tierras debería contribuir a aliviar la tensión en el campo porque las distintas partes involucradas tendrían la certidumbre de que los problemas serán tratados dentro del marco de la ley y por vía institucional. Esto debería obligar al gobierno, además, antes de la aprobación del texto legal, a garantizar tanto la paz como una suerte de statu quo, hasta tanto se pongan en movimiento los mecanismos legales.
Pero, ciertamente, hay que actuar. La idea de que el problema agrario se debe únicamente a invasiones adelantadas por campesinos soliviantados por el verbo de Chávez, constituye una simplificación de una realidad bastante más compleja. Es cierto que el Estado es el mayor terrateniente del país, pero también es cierto que muchos terratenientes privados no podrían demostrar la propiedad de la tierra que dicen poseer. Muchas fincas han crecido sobre la base de cercas que caminan y del desalojo de comunidades campesinas. La Reforma Agraria de 1961 se pasmó hace mucho tiempo y dejó montones de problemas no resueltos. Volver sobre ellos, con la visión moderna y con la experiencia ya vivida, es imperativo, tanto por razones de justicia social como por las del desarrollo agrícola
