Tierras sin Ley, por Teodoro Petkoff
En el estado Barinas se ha creado una suerte de microclima político-agrario particularmente conflictivo. Es hoy el principal escenario regional de disputas por la tierra, habiéndose producido varias invasiones de fincas. Hoy comienza (página 4) una serie de cuatro reportajes de nuestra compañera Valentina Lares que contribuirán a arrojar luz sobre la situación.
Los problemas agrarios no tienen hoy las características que poseían en 1961, cuando fue aprobada la Ley de Reforma Agraria. La ejecución de la Reforma Agraria llegó hasta el primer gobierno de Caldera. Después se pasmó. Pero durante los tres primeros gobiernos de la democracia fueron entregadas más de 2.5 millones de hectáreas de tierra a unas 200 mil familias campesinas de las 350 mil que según se afirmaba debían recibirlas. Simultáneamente, y durante los años subsiguientes, el campo venezolano experimentó un vasto proceso de desarrollo de tipo capitalista, que implicó la modernización relativa tanto de la ganadería como de la agricultura y dio origen a una importante clase media rural, responsable hoy de la mayor parte de la producción pecuaria y cerealera del país. El perfil agrario cambió significativamente durante los últimos cuarenta años y ciertamente ya no es posible describirlo en los términos de la novela de Gallegos, “Doña Bárbara”. La idea de un campo semifeudal, poblado por señores de la tierra y una masa de siervos semiesclavizados, ya no corresponde a la realidad.
No obstante, también es cierto que subsisten en algunas zonas del país bolsones de muy irritante injusticia social cuya existencia es una vergüenza intolerable. En algunas partes, la conformación de la propiedad territorial ha sido hecha a punta de revólver y al precio de vidas humanas, las de dirigentes campesinos. Todavía hay fincas cuyas cercas han caminado y son más grandes de lo que dicen sus documentos de propiedad.
Pero la solución de estos resabios de un pasado anacrónico es perfectamente posible alcanzarla dentro del marco de la ley, sin suscitar conflictos extralegales y, sobre todo, sin ninguna necesidad de generar pánico en miles de propietarios legítimos, que se sienten hoy inseguros y amenazados, más que por la realidad de las cosas, por el eco distorsionado y exagerado que de ellas les llega.
Lo primero es el respeto a la ley misma, a la propia ley chavista. En esta se intentó avanzar en un proceso ordenado. La ley, en su disposición transitoria número 13 establece claramente que “Quedan excluidos del derecho de adjudicación de tierras, de la garantía de permanencia y demás beneficios de este Decreto Ley, los ciudadanos y ciudadanas que hayan optado por las vías de hecho, la violencia o actos ilícitos para ocupar tierras agrarias”. Pero no es lo que está ocurriendo. Las invasiones, como esa de la que hoy damos cuenta en “Hato Viejo”, niegan la ley y afectan la posibilidad de soluciones pacíficas y sensatas. La legitimidad o ilegitimidad de la propiedad de la tierra no la pueden determinar los invasores (muchas veces de muy dudosa legitimidad como “campesinos sin tierra” ) sino las autoridades del Instituto Tierras.
A Adán Chávez le solicitaremos una explicación.
