Todos los poderes en Hugo, por Teodoro Petkoff
¿Para qué quiere Chávez cambiar la Constitución y suprimir la separación y autonomía de los poderes del Estado, si ya eso es así en la práctica? No lo necesita. Esto es una autocracia y en ésta, por definición, no existe separación de poderes ni autonomía de ellos y, por lo mismo, ninguna posibilidad de que el Legislativo ejerza control sobre el Ejecutivo ni el Judicial pueda garantizar los derechos de terceros frente al Estado. Aquí todos los poderes están concentrados y centralizados en el puño del presidente-autócrata.
Evidencias de eso se dan todos los días, pero si alguna de las almas ingenuas que escribe en aporrea.com –nostálgicas siempre del Santo Grial de la Revolución que prometió el Hiperlíder– todavía tiene dudas al respecto, basta con que examine dos episodios recientes, el de la detención de la jueza Afiuni, quien ordenó el juicio en libertad para Eligio Cedeño, y el del secuestro y virtual detención de Franklin Brito, el hombre que a punta de huelga de hambre intenta que le devuelvan su pequeña finca de 17 hectáreas, robada por el INTI para entregarla a un par de atorrantes de franela roja.
En el caso de la jueza Afiuni, Chávez de una vez juzgó, y la sentenció a treinta años de prisión.
Si la jueza hubiere cometido un delito, correspondía ser probado ante un tribunal; si éste la encuentra culpable, la eventual sentencia debe ajustarse a un delito tipificado en las leyes y para el cual se prevé una determinada condena, que en ningún caso puede ser de treinta años, la cual corresponde a crímenes horrendos.
Ya una vez sentenciada por Chávez es de dudar que algún juez se atreva a contradecirlo y no sólo a determinar que no hubo delito sino incluso, en el supuesto contrario, a dictar una condena menor que la establecida por Chávez.
El mensaje está clarísimo. Ya no es sólo la destitución de jueces, como ha ocurrido en casos en los cuales la sentencia no ha complacido al Poder, sino que, ahora, la pena puede ser cárcel si Chacumbele se pone bravo.
El silencio del TSJ sobre este particulares tan estruendoso como el brutal discurso de Chávez.
Pero Doña Luisa Estella Morales y el «Cacharro» Carrasquero quieren convalidar constitucionalmente la justicia reptil que ellos conducen.
En el caso de Franklin Brito, quien decidió reiniciar la huelga de hambre –en la cual casi murió, antes de recibir la promesa mentirosa del gobierno de que le reconocerían sus derechos–, el atropello sube de punto. El gobierno, aterrado ante la perspectiva de que Brito, cuya salud, ya suficientemente deteriorada por el largo ayuno anterior, pudiera reiniciarlo y sabiendo de la inquebrantable decisión del hombre de morir antes que aceptar el robo de que fuera víctima, lo secuestró y retiene en el Hospital Militar, anunciando su transferencia a la unidad psiquiátrica. No hay sorpresa. Es como en la antigua URSS, donde muchos disidentes eran enviados a manicomios y tratados como dementes. En efecto, sólo a un loco se le ocurre hacer una huelga de hambre en este país, donde el bienestar, la equidad y la justicia, la suma mayor de felicidad para el pueblo, están más que garantizados por el socialismo del siglo XXI.
Este es un país donde no existen razones para protestar. Brito debería saberlo.
