Toma tu tomate, por Teodoro Petkoff
La gente que va a derrotar el chantaje vuelto gobierno es como la que firma esta carta dirigida a josé vicente rangel (en minúsculas). Despedida, junto a tres compañeros de trabajo más, por haber firmado, no se han amilanado sino que están peleando por sus derechos ante los tribunales y la Fiscalía. Abogada, profesora, esposa de un coronel activo, con trece años en la administración pública, acompañada de Magaly Chang y Thaís Peña, está dando la cara por miles de empleados públicos, unos despedidos, otros humillados por la extorsión que los obligó a retirar su firma. La carta está dirigida a rangel porque fue él, personalmente, quien las echó de su trabajo, en una enésima demostración, si es que hacía falta alguna, de su catadura moral y política. En la despechada soledad de la derrota, quizás releyendo esta carta pueda descubrir rangel cómo fue que él, entre otros, contribuyó a cavar el hueco donde cayó el gobierno.
Caracas, 29 de marzo de 2004
Ciudadano
Vicepresidente de la República
JOSE VICENTE RANGEL VALE
Presidente del Consejo Nacional de Fronteras
Su Despacho.-
Sirva la presente para manifestar las siguientes consideraciones
en atención a su correspondencia de fecha 12 de marzo de 2004 mediante
la cual se me notifica sobre mi despido:
Mantenerse hoy como funcionario o empleado de la Administración
Pública en mi país, depende de haber firmado o no la solicitud
para la realización del referéndum revocatorio al Presidente de
la República Hugo Chávez Frías.
En efecto, importa poco la trayectoria profesional, los avales
académicos e intelectuales o la dedicación institucional hacia los
asuntos encomendados o que forman parte de las competencias
del cargo.
En mi caso, he trabajado desde 1991 al servicio del Estado, sin
que importara el Gobierno de turno. Así lo he entendido toda mi vida
profesional y ello constituye mi mayor orgullo, el de no condicionar
mis dictámenes u opiniones jurídicas al halago o servilismo
de pareceres o intereses y sí al de mis principios y formación, especialmente
en un tema de Estado como lo es el de “fronteras” conforme
a la Constitución.
Igual desempeño he procurado llevar en mi trayectoria docente
desde 1995, en Escuelas Superiores de los distintos componentes de
la Fuerza Armada Nacional, donde además he tratado de conciliar
la enseñanza de los inquebrantables principios de los Derechos Humanos
y el Derecho Internacional Humanitario, con el difícil rol de
mantener ajenas mis opiniones personales sobre el desempeño de
los militares venezolanos frente a las tensiones políticas y sociales
que les está tocando transitar.
Hoy 29 de marzo de 2004 –oportunidad de la notificación formal
–, se prescinde de mis servicios como Asesor Jurídico del Consejo
Nacional de Fronteras y el despido lo realiza usted directamente,
en su condición de Presidente del organismo; no sin antes haber
enviado al Secretario Ejecutivo del Consejo, con diecinueve días de
antelación al acto formal de notificación, para advertirme que las razones
no son otras que mi firma solicitando el referéndum revocatorio
presidencial.
Entiendo que su decisión es irreductible, como la mía sobre la
firma, la cual ratifico con la inquebrantable convicción que me movió
a realizarla: la ausencia de resultados eficaces en la gestión pública
gubernamental en general y de lo fronterizo en lo particular, y
la presunción de violaciones graves a los DDHH, como el que hoy
en lo personal se comete en mi contra por parte del Vicepresidente
de la República. Temas de los que puedo hablar con propiedad en
función de mi formación, desempeño laboral y docente.
Señor Vicepresidente de la República, en algún lugar de mis preocupaciones
siempre estuvo la posibilidad de que este día llegase.
Lo confieso. Sin embargo ahora, mi preocupación va dirigida a la
conciencia de quienes ejerciendo su derecho constitucional firmaron
y hoy se les pide se retracten denunciando la falsedad de sus firmas,
so pena del despido. Para ellos imploro valor, y la convicción
de que siempre de la adversidad surge la grandeza.
Finalmente cumplo con advertirle que su decisión acarreará graves
consecuencias legales y administrativas en el marco de su responsabilidad
individual y la del Estado.
