Trabajadores y jubilados de filiales de la CVG cerraron la avenida Guayana en protesta
Las reiteradas protestas de trabajadores y jubilados del holding estatal siguen sin respuesta por parte del presidente Pedro Maldonado. Mientras tanto, los afectados por el incumplimiento de beneficios contractuales y salarios paupérrimos sobreviven con las uñas
Texto: Jhoalys Siverio / Correo del Caroní
Trabajadores y jubilados de las filiales de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) han optado por llevar más allá sus acciones de protesta que hasta ahora eran principalmente concentraciones a las afueras de la casa matriz y entrega de documentos. Este miércoles 9 de febrero decidieron cerrar durante dos horas la avenida Guayana, en las adyacencias de la Torre Movistar, para llamar la atención de las autoridades de las estatales y el presidente de la CVG, Pedro Maldonado.
Desde 2018, cuando se aprobó el memorándum 2792 y con ello la eliminación de los contratos colectivos, los trabajadores dejaron de percibir beneficios socioeconómicos, incluidos el seguro HCM y el pago de escuelas para los hijos.
Trabajadores siguen sin respuestas
Pese a las repetidas protestas, entrega de documentos y solicitudes de reuniones, ni trabajadores ni jubilados tienen respuesta de la directiva de CVG. Con la pandemia de la covid-19 su situación se agravó, ya que la mayoría de los empleados activos fue enviada a casa por el confinamiento y sus fichas de ingreso fueron desactivadas; otros fueron despedidos injustificadamente o jubilados de manera forzosa por denuncias sobre lo que ocurre dentro y fuera de las industrias de Guayana.
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Sobrevivir con menos de $20 quincenales
En la manifestación de este 9 de febrero estuvo Elsa Baute, empleada de Venalum con 20 años de servicio. Su ficha fue desactivada, por lo que su salario es menor a los que están en el “plan de contingencia”, y tampoco recibe los beneficios que les otorgan a los trabajadores que acuden a planta.
«Nos sumamos a todo ese grupo de familias que estamos raspando por aquí y por allá para poder sobrevivir. Es la lucha del día a día, ya no es una vida que puedes planificar, tienes que ir pensando todos los días qué hacer, por dónde consigo la plata», comentó Baute.
Elsa Baute tiene 20 años de servicio en Venalum. Quincenalmente devenga menos de 20 dólares | Foto Jhoalys Siverio
Quincenalmente devenga 70 bolívares, equivalente a menos de 20 dólares, mientras que la canasta alimentaria en Venezuela supera los 430 dólares.
«Eso no alcanza para los 15 días, siempre debemos buscar otras opciones. Algunos compañeros tienen familiares fuera del país, yo no tengo familiar fuera del país. Me apoyan unos por aquí, otros por allá. A veces no tengo nada, ni siquiera efectivo para pagar el transporte y venir a estas concentraciones», agregó.
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«Nos están llevando a la indigencia»
Para Baute, las autoridades de las empresas básicas y la CVG los están llevando cada día a la indigencia. «Estamos sobreviviendo con las uñas, ya no es pobreza, es miseria y nos están llevando a la indigencia», afirmó.
Entre las limitaciones del día a día están la reducción en las porciones de comida, las cuales se restringen a dos veces al día.
Como en otras familias venezolanas, rubros que anteriormente eran comunes en las neveras del venezolano, como queso amarillo, jamón o leche, ahora son un lujo en los hogares de estos trabajadores y jubilados.
«Se ha dejado de comprar rubros. Queso amarillo, ¿qué es eso?, un jamón, la leche cuesta mucho, más que todo para los pequeños, uno raspa la olla para poder comprarle a mis nietos. La carne y el pollo ya no se come todos los días, se complementa con granos, yuca sancochada, ya uno no haya ni cómo administrarse para medio alimentarse. El jugo de frutas natural, eso se acabó, lo tomaremos pero eventualmente, no forma parte de la dieta diaria que necesita toda persona», destacó.
Más protestas en la mira
Dirigentes sindicales aseguraron que las protestas de calle continuarán la próxima semana hasta tener respuesta de la CVG y demás presidentes de las empresas básicas. Las denuncias también se han extendido a Fiscalía, Inspectoría del Trabajo y Defensoría del Pueblo, sin una respuesta por parte de estas instituciones.
