Transparencia Venezuela subraya que el TSJ mantiene opacidad y proselitismo
Transparencia Venezuela cuestionó que la Presidenta del TSJ no precisó qué tipos de tribunales fueron puestos en funcionamiento ni dónde, así como tampoco dio detalles sobre los fondos públicos que administró el tribunal en 2023
Transparencia Venezuela advirtió que la opacidad y el proselitismo dentro del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se mantienen. A propósito del inicio tardío del año judicial el 31 de enero, la ONG puso la lupa sobre las cifras presentadas y los discursos de los magistrados.
La organización sostuvo que la Ley Orgánica del Poder Judicial, establece que el “el día 7 de enero de cada año, o el más inmediato posible, se celebrará en la capital de la república la solemne apertura de las actividades judiciales”.
Uno de los aspectos sobre los que Transparencia hace foco es el referido al incremento de la productividad del TSJ en 2023, según aseguró su nueva presidenta, Caryslia Beatriz Rodríguez.
«La magistrada, quien también es la presidenta de la Sala Electoral, informó que durante el pasado ejercicio las distintas salas del TSJ recibieron 3.800 asuntos, pero dictaron 5.971 sentencias; es decir que decidieron 57,1% más causas de las que los ciudadanos le presentaron «, señaló la ONG.
Transparencia Venezuela apuntó, en su sección «Suprema Injusticia» el 5 de febrero, el balance judicial solo se explica si «el TSJ viene calculando los autos de admisión, aquellos donde se solicitan pruebas o responden medidas cautelares como decisiones. Esto, sin importar que esas resoluciones en efecto resuelvan el fondo de un asunto o no. Así lo pudo conocer Suprema Injusticia por fuentes del propio organismo rector del Poder Judicial venezolano».
Por otra parte, la organización señaló que cabe la posibilidad de que el TSJ haya respondido causas que fueron presentadas en años anteriores: «Desde 2022 la Sala Político Administrativa, por ejemplo, ha venido tomando medidas para darle respuesta a solicitudes que tenían décadas en sus gavetas, entre las cuales destaca la creación de una Sala Especial para estudiar estas peticiones que tienen años sin resolver».
Aunque la Presidenta del TSJ indicó que el año pasado los tribunales dictaron 453.988 decisiones y efectuaron 219.887 audiencias, que se traducen en un incremento de 41,44%”, «no precisó cuántos casos recibieron ni tampoco discriminó cuántas decisiones adoptaron los jueces penales, los civiles y mercantiles, los de protección de niños y adolescentes, del trabajo y demás».
La ONG puntualizó también que la presidenta del máximo tribunal del país sostuvo que llevaron adelante 345.074 inspecciones a juzgados, que atendió 2.449 denuncias, inició 1.003 procedimientos y dictó 181 actos conclusivos, además señaló que fueron 25 tribunales y 11 salas telemáticas y de audiencias, así como enfermerías para los funcionarios judiciales.
«No obstante, la magistrada no precisó qué tipos de tribunales fueron puestos en funcionamiento ni dónde, así como tampoco dio detalles sobre los fondos públicos que el TSJ administró en 2023″, enfatizaron.
Proselitismo en el TSJ
Transparencia cuestionó los discursos recientes de los magistrados. En este sentido, la ONG sostuvo que la Presidenta del TSJ «aprovechó para hacer proselitismo».
De esta manera, refirieron las declaraciones de la magistrada Caryslia Beatriz Rodríguez: «Nos consideramos del lado correcto de la historia, porque apoyamos la causa más sublime que puede existir: el amor a la humanidad. Amor que se ve materializado en la férrea defensa de la igualdad de los derechos, la justicia social, los derechos humanos, la paz y oponiéndonos a toda forma de discriminación, opresión y de cualquier forma de violencia o desestabilización que atente contra la soberanía nacional”.
Asimismo, Luis Damiani Bustillos, magistrado de la Sala Constitucional, «no se quedó atrás y aseguró que “con la (aprobación de la) Constitución y (la llegada ) del proyecto político bolivariano se cierra el proceso político que estaba convirtiendo al Estado venezolano en un Estado rehén, sometido a la voluntad de grupos políticos transnacionales y nacionales muy poderosos”.
La ONG apuntó también que Damiani Bustillos denunció «que Venezuela y Nicolás Maduro han sido víctimas del llamado lawfare (guerra jurídica)». De esta manera, según el magistrado,“se usa la ley y el sistema jurídico nacional e internacional para lograr objetivos políticos, económicos y militares favorables a Estados Unidos”.
A través de Suprema Injsticia se llamó la atención también sobre la falta de información sobre la situación de la magistrada Barbara Gabriela César Siero.
«Desde finales de enero han comenzado a circular versiones que aseguran que la integrante de la Sala Político Administrativa solicitó un permiso, renunció o se jubiló. ¿La razón? La presunta implicación de sus hermanos, Guillermo Enrique y Guillermo Henry César Siero, en una de las conspiraciones denunciadas por el Gobierno e investigadas por la Fiscalía de Tarek William Saab», apunó Transparencia Venezuela.
La ONG añadió: «El hecho de que en el acto de apertura del año judicial 2024, Nicolás Maduro no saludara a cada magistrado y que las cámaras del canal del Estado, Venezolana de Televisión (VTV), el único medio televisivo que transmite esos eventos oficiales, apenas enfocaran a los magistrados tampoco ayudó a despejar las dudas».
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