Tremendo berenjenal, por Teodoro Petkoff
Con el caso de la sentencia de la Corte Interamericana sobre Leopoldo López el gobierno venezolano está metido hasta el cuello en un tremedal. Mientras más se menea y patalea más se hunde. Todas sus respuestas no han sido sino un catalogo de insultos, comenzando por las expresiones de Chacumbele sobre la Corte Interamericana y terminando por las de esa pobre infeliz que ejerce la defensoría del puestico, pasando por la vergonzosa sesión de la Asamblea Nacional, en la cual no hubo insulto ni agresión personal que no fuera empleada contra la oposición.
No dejaba de dar risa escuchar a un tipo de tan dudosa reputación como el señor Cabello acusar a cualquier opositor que le quedara bajo la vista de “choro”, es decir, de lo que dicen de él sus propios compañeros. Todo este palabrerío soez y vacío no revela sino una cosa: el gobierno está atrapado en un dilema frente al cual, por ahora, no tiene otro recurso que el agravio y la descalificación de la Corte Interamericana, mientras “piensa” algunos argumentos consistentes para tratar de salirse de este cepo legal que lo aprisiona.
Diversos voceros del oficialismo han dicho que la sentencia de la Corte Interamericana, devolviendo los derechos conculcados a Leopoldo López y a todos los que en otros países del continente han sido víctimas de procedimientos parecidos, de sanción administrativa, sin debido proceso, entre ellos la señora Piedad Córdoba, en Colombia, no puede estar por encima de la Constitución venezolana. Precisamente, de eso es de lo que se trata.
El gobierno venezolano está cogido por el cuello por el artículo 23 de su propia Constitución: “Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas en esta Constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público”, Aquí no hay pa’ dónde coger.
O el gobierno acata este artículo constitucional que da esa jerarquía “endógena” a la Corte Interamericana y sus sentencias o lo desacata y se mete en un problemón internacional de marca mayor. Más aún, el artículo 33 de la Constitución reza que: “El Estado adoptará, conforme a procedimientos establecidos en esta Constitución y en la ley, las medidas que sean necesarias para dar cumplimiento a las decisiones emanadas de los órganos internacionales previstos en este artículo”. Como dice Chacumbele en su twitter: “cojan ese trompo en la uña a ver si taratatea”. El gobierno no puede estar por encima de la Constitución. Tan simple como eso. Y es lo que los descoca.
De hecho, a pesar de todos los exabruptos emitidos por los acólitos de Chacumbele, el gobierno litigó ante la Corte, lo cual, en la práctica, significa su reconocimiento. Es difícil que ahora venga con la barrabasada de desconocer una sentencia simplemente porque no le gusta. Pero lo hará. Vamos a ver cómo responde la OEA, que es donde está el punto, porque la OEA no puede quedarse callada ante tamaño atentado a su propia existencia y vigencia.
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