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Exprocurador de Guaidó tras caso de Refinería Curazao: Se debe refinanciar deuda pública



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Refinería Isla en Curazao
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Agencias | septiembre 2, 2021

Pdvsa deberá cancelar sus obligaciones más los intereses por mora, además de los gastos del proceso legal


José Ignacio Hernández, abogado constitucionalista y exprocurador general del gobierno interino liderado por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, manifestó en un hilo de Twitter la necesidad de que Venezuela renegocie su deuda pública, luego de lo ocurrido entre Petróleos de Venezuela y Curazao por la operación de la refinería ubicada en ese país.

Hernández advirtió que Pdvsa puede ser «irrecuperable» como sociedad mercantil y por ende, se deben buscar alternativas que permitan la susbsistencia de la estatal petrolera.

Afirmó que lo sucedido en Curazao es una situación más que refleja el resultado de las «políticas autoritarias» que destruyeron la autonomía de Pdvsa y en la actualidad se enfrenta a una cantidad de litigios internacionales, que a su juicio se puede complicar conforme pase el tiempo.

¿Qué hacer? Es necesario emprender la renegociación de la deuda pública Venezuela. PDVSA como sociedad mercantil puede ser irrecuperable, lo que obliga a buscar alternativas. Nada de esto puede implementarse si se mantiene el declive político en Venezuela. Y el tiempo se agota.

— Jose Ignacio Hernández G. (@ignandez) September 2, 2021

Tribunal desestima apelación y Pdvsa deberá pagar deuda pendiente a Refinería Curazao

El tribunal mixto de Aruba, Curazao, Sint Maarten y Bonaire, San Eustaquio y Saba desestimó la apelación presentada por Petróleos de Venezuela (Pdvsa) contra una decisión de primera instancia, según la cual debe cancelar las deudas adquiridas por la operación de la Refinería de Curazao (RdK), propiedad del gobierno de esa isla, hasta diciembre de 2019.

Una información de Crónicas del Caribe señala que la sentencia fue emitida por el magistrado Edward van der Bunt y ratificada por los otros dos jueces de este tribunal, en atención a una audiencia celebrada el 18 de mayo.

Básicamente, la estatal venezolana y su subsidiaria curazoleña Isla exigían la anulación de una sentencia emitida en primera instancia a principios de 2020, por una parte, y por la otra que fuese admitida la reclamación de indemnización por daños y perjuicios derivados del cese abrupto del arrendamiento, que le permitía a Pdvsa operar el complejo refinador de crudo en Curazao, así como un terminal de aguas profundas en el sector conocido como Bullenbaai.

El complejo refinador fue arrendado a Pdvsa en 1994. Al año siguiente, Pdvsa transfirió los derechos como inquilino a una compañía formada para tal fin, Isla SA.

En 2000, fue prorrogado el arrendamiento hasta el 31 de diciembre de 2019. Según este contrato, la petrolera venezolana se comprometía a pagar a Curazao 20 millones de dólares anuales, y se hacía “solidariamente responsable” por las deudas adquiridas por la subsidiaria Isla.

El 30 de diciembre de 2019, Curazao reclamó su derecho a la rescisión del contrato con Isla, y le exigió a la empresa la cancelación de 100 millones de dólares. Parte de esa deuda fue cobrada con base en las existencias de petróleo y derivados almacenados en el terminal de Bullenbaai.

Según la agencia Reuters, este complejo estaba inactivo desde 2018. En marzo de 2020, el gobierno curazoleño llevó a cabo la ocupación de las instalaciones.

Pasivos laborales

Aunque la sentencia de casación favorece ampliamente a RdK, hubo algunos aspectos reconocidos en favor de Isla. Uno de ellos se refiere a la imposibilidad de cobrar intereses de mora por las cuotas de arrendamiento en los meses de noviembre y diciembre de 2019. Cada mensualidad, de 1,66 millones de dólares, fue debidamente pagada con cheques contra cuentas en el Girobank, pero RdK no pudo hacerlos efectivos pues la entidad bancaria entró en emergencia.

Lea también: Víctor Poleo: Problema eléctrico seguirá mientras continúe al frente la gavilla militar

La corte reconoció en su sentencia que los trabajadores del complejo cambiaron de patrono, y que en la actualidad responden a la Curacao Refinery Utilities BV, una subsidiaria de RdK. En la práctica, 500 personas pasan a laborar para el gobierno de la isla. Parte de los pasivos laborales será cancelada con la venta del crudo y los derivados que estaban en el muelle.

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