TSJ declara procedente solicitud de extradición contra Julio Borges

Este 16 de agosto, el TSJ consideró la necesidad de extraditar a Julio Borges y a otras ocho personas supuestamente implicadas en el «atentado» contra Nicolás Maduro a principios de agosto

El Tribunal Supremo de Justicia, a través de la Sala de Casación Penal, avaló la solicitud de extradición ante Colombia del diputado a la Asamblea Nacional, Julio Borges, luego de que se aprobara el levantamiento ilegítimo de su inmunidad parlamentaria por parte de la Asamblea Constituyente (ANC) tras ser acusado por las autoridades de estar detrás de los hechos del pasado 4 de agosto en la avenida Bolívar de Caracas y por el que está detenido el parlamentario Juan Requesens.

De igual forma, el máximo tribunal del país declaró procedente las solicitudes contra Rayder Russo, Oswaldo Valentín García Palomo, Elvis Arnaldo Rivas Barrios y Carlos Monasterios, así como los ciudadanos Josser López Valero, Osman Delgado y Virginia Antonieta Da Silva-Pio ante los Estados Unidos de América y Yilber Escalona ante la República del Perú.

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Los delitos por los cuales la justicia venezolana solicita a estas nueve personas son por la presunta comisión de los delitos de traición a la patria; homicidio intencional calificado en grado de frustración en la persona del presidente de la República, ciudadano Nicolás Maduro; homicidio intencional calificado, ejecutado con alevosía y por motivos fútiles en grado de frustración en perjuicio de un grupo de funcionarios de la Fuerza Armada Nacional; lanzamiento de artefacto explosivo en reuniones públicas; terrorismo; financiamiento al terrorismo y asociación para delinquir.

En el caso de Borges, el Tribunal añade que será juzgado también por «instigación pública continuada y conspiración», mientras que a Da Silva-Pio, Monasterios, Russo, Delgado, López y Escalona se les imputa por «lanzamiento de artefacto explosivo en reuniones públicas, terrorismo, financiamiento al terrorismo y asociación para delinquir».

También, la Sala de Casación Penal garantiza a todos aquellos requeridos por las autoridades de nuestro país que contarán con «todas las garantías constitucionales y procesales penales» que están en la Constitución vinculadas al principio de no discriminación; prohibición de desaparición forzada de personas; debido proceso; derecho a la integridad física, psíquica y moral; prohibición de ser sometido a penas, torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes; derecho a un sistema penitenciario que asegure su rehabilitación y que no podrán ser juzgados por otros hechos distintos a los señalados en las solicitud de extradición, cometidos con anterioridad a cada solicitud, según refiere una nota de prensa.

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El pasado 4 de agosto Maduro interrumpió un acto con la Guardia Nacional (GNB) luego de que varios drones con cargas explosivas detonaran en las cercanías de la tarima presidencial, según explicó el Gobierno que denunció un atentado.

Por el fallido atentado, el 6 de agosto fue detenido el diputado Juan Requesens y en un procedimiento exprés se le despojó su inmunidad parlamentaria, al igual que a Borges.

El Gobierno venezolano ha dicho que solicitó al Gobierno colombiano la extradición de Borges y ha pedido a Perú y a Estados Unidos la captura de otros implicados, que según Venezuela, están en estos territorios.

El alto tribunal que tomó esta decisión funciona desde Caracas luego de que fuera nombrado por la mayoría parlamentaria chavista justo antes de que la Asamblea Nacional pasara a manos de la oposición en enero de 2016.

Sin embargo, una vez asumidos sus cargos, los legisladores del actual Parlamento venezolano designaron el 13 de octubre de 2017 a otro grupo de magistrados que configuraron el denominado Tribunal Supremo de Justicia «en el exilio» y opera desde otros países de América.

Con información de EFE