Twitter: @XabierCosco
Maduro se salió del carril constitucional hace rato. A partir del 6 de diciembre de 2015 decidió cambiar las reglas del juego y no tomar en cuenta la opinión que los ciudadanos expresaron con sus votos. Ese día reconoció el resultado electoral pero comenzó a actuar para que fuera imposible sus consecuencias.
Pocos días después eligió, con su Asamblea Nacional, nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, muchos de ellos sin cumplir los requisitos que la ley les impone para ser miembros de dicho tribunal y sin cumplir tampoco los lapsos legales establecidos.
A finales de ese año, inventaron una irregularidades electorales en el estado Amazonas para desconocer sus resultados y restarle tres diputados a la oposición democrática con lo que eliminaban la mayoría de las dos terceras partes, con la cual la oposición podría haber elegido a los nuevos integrantes del TSJ y del Consejo Nacional Electoral.
A partir de allí, el TSJ anuló todas las decisiones de la Asamblea Nacional. También el año 2016 las cuatro militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela que dirigen el CNE hicieron lo que les dio la gana para impedir el referendo revocatorio contra Maduro, hasta lograrlo.
Como si lo anterior fuera poco, en 2017 el TSJ pretendió eliminar a la Asamblea Nacional, lo que provocó la reacción de cientos de miles de ciudadanos, quienes fueron reprimidos violentamente, con uso desmedido de la fuerza y con innumerables violaciones a los derechos humanos, causando más de 150 muertos y una cantidad difícil de determinar de heridos, además del encarcelamiento ilegal de cientos de ciudadanos.
Ese año 2017, se “eligió” una Asamblea Constituyente, para lo cual se volvió a violar la Constitución, al no consultársele al pueblo si estaba de acuerdo con dicha convocatoria, además de que se diseñó un sistema electoral mediante el cual la minoría obtenía más representantes que la mayoría.
Las elecciones a gobernadores de 2017, estuvieron plagadas de irregularidades y violaciones a la ley electoral, todas ellas aupadas, promovidas y avaladas por las cuatro militantes del PSUV que dirigen el Consejo Nacional Electoral.
La Asamblea Constituyente ilegítima convocó una elección presidencial para el pasado 20 de mayo que también estuvo plagada de ventajismo e irregularidades favorables a Maduro. La tarjeta de la Mesa de la Unidad -la que más votos ha recibido en Venezuela- fue anulada y los partidos Primero Justicia y Voluntad Popular, inhabilidatos, medida que también le aplicaron a los dirigentes Leopoldo López y Henrique Capriles Radonsky.
Para tratar de lavarse la cara, el gobierno suscribió un acuerdo con el candidato Henri Falcón, cuyo contenido no se cumplió ni durante la campaña electoral ni mucho menos el día de las elecciones. Falcón lo denunció el propio 20 de mayo y no reconoció los resultados, llamando a repetir los comicios cumpliendo los extremos de ley,
Todo lo anterior pone de bulto, hace evidente, que Nicolás Maduro no fue elegido presidente de la República cumpliendo con lo establecido en la Constitución y las leyes, por lo que a partir del 10 de enero está usurpando un cargo que no le corresponde.
Un cargo desde el que seguirá destruyendo al país, generando más hiperinflación, escasez de medicamentos, con mucha corrupción e impunidad, pésimos servicios públicos, proseguirá la destrucción de Pdvsa, en dos palabras: mayor pobreza.
Es deber de todos lograr la vigencia y aplicación de la Constitución. Los líderes de los partidos democráticos y de la sociedad civil tienen que definir una ruta para desalojar al Maduro. En torno a esa ruta deben construir la más amplia unidad posible. No se puede perder ni un segundo para lograr ese objetivo.
