Vacunar a los políticos: ¿oportunismo o necesidad?, por Fernando Barrientos Del Monte
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¿Es la política una actividad esencial para la sociedad? Probablemente esta pregunta no se habría planteado en otras circunstancias a no ser por la pandemia de covid-19 en el mundo. Presidentes, primeros ministros, legisladores, gobernadores y otras personas más, que ocupan cargos políticos de primer nivel, han sido vacunados o han expresado su interés en ser de los primeros inoculados con las vacunas que los laboratorios han puesto a disposición.
En Inglaterra, entre las primeras personas en recibir la vacuna, apenas iniciado el año 2021, estuvieron la reina Isabel II, de 94 años, y su esposo el príncipe Felipe de Edimburgo, de 99. Unas semanas antes, en Estados Unidos, fueron vacunados Joe Biden, de 78, y su esposa de 69. Luego siguieron la ahora vicepresidenta Kamala Harris y su esposo y, el todavía vicepresidente, Mike Pence. También Nancy Pelosi y otros líderes y miembros del Senado y la Cámara de Representantes.
Esta acción fue criticada por algunos gobernadores y congresistas al considerar que los políticos no estaban en la primera línea de la lucha contra la pandemia.
En Argentina, el presidente Alberto Fernández, de 61 años, fue el primer presidente latinoamericano vacunado con la Sputnik V de origen ruso, incluso antes que Vladimir Putin, de 68. Muchos políticos quieren ser considerados entre los primeros grupos en ser vacunados, como lo han solicitado en México miembros de Morena, el partido en el gobierno. En España se ha denunciado que 28 políticos, entre ellos nueve líderes del Partido Popular, 14 del PSOE, dos de Junts per Catalunya y dos exconcejales del PNV, se saltaron los protocolos establecidos por el Ministerio de Sanidad para beneficiarse de la vacuna Pfizer-BioNTech. Algunos renunciaron y otros intentaron débilmente justificar su actuar. Situaciones similares se han presentado en Austria y en Inglaterra.
Ante la opinión pública los políticos no aparecen como un sector esencial para ser vacunados en primer lugar.
La continuidad del gobierno como argumento
Sabemos que la actividad legislativa, ejecutiva y judicial es esencial para mantener la continuidad de los gobiernos. Al final de cuentas, la gestión de lo público incluidas las políticas sanitarias para contener la pandemia, pasan por decisiones de orden político e implementadas por personas que se desempeñan en oficinas de gobierno.
Los políticos son legitimados por el voto de la ciudadanía para tomar decisiones. Si bien las constituciones tienen mecanismos para suplir ausencias en casos graves y que nunca se pierda la línea de mando, no contienen todas las soluciones. Sobre todo, si pensamos que no estuvieron diseñadas para afrontar crisis políticas derivadas de factores exógenos como una catástrofe natural.
Solo imaginemos qué sucedería si la pandemia se agrava y los gobernantes se vieran incapacitados para tomar decisiones.
Es evidente que resultaría más que preocupante una combinación del avance de la pandemia y sus efectos con una hipotética, pero factible, inmovilidad de los decisores políticos. ¿Quién tomaría las decisiones? ¿Pueden las sociedades autogobernarse en contextos de incertidumbre?
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Para evitar más muertes y el aumento de contagios, los países que han elaborado planes de vacunación. En estos han puesto como prioridad a las personas mayores de 60 años, a médicos y enfermeras y, en general, a las personas que trabajan en el sector de la salud y están en contacto directo e indirecto con los enfermos de covid-19.
La lógica señala que a continuación debieran vacunarse las personas que desarrollan actividades esenciales dentro de la seguridad pública, la recolección y tratamiento de desechos, el transporte público, las oficinas burocráticas esenciales de la administración pública y la venta de mercancías en mercados y supermercados. Luego seguirían el personal del sector educativo en todos los niveles para no alargar de manera innecesaria la ausencia en las aulas.
Entre todas las actividades esenciales, la política no parece estar en la primera línea. ¿Entonces para qué vacunar a las personas que están en la política?
El ejemplo como efecto positivo
Vacunar a los políticos de primer nivel tiene efectos positivos y negativos. Entre los positivos está generar confianza en las vacunas. Así sucedió precisamente con la familia real inglesa cuando en 1957 durante la epidemia de polio de esos años, la reina Isabel II permitió que sus hijos, el príncipe Carlos y la princesa Ana fueran inoculados con una vacuna que apenas se había desarrollado un año antes. Ello alentó al resto de la población a seguir su ejemplo y mitigar la propagación.
En 2002, más cuarenta años después, el entonces primer ministro Tony Blair fue acusado de “no poner el ejemplo” cuando no reveló si su hijo, de apenas dos años, había o no recibido la vacuna polivalente. Semanas antes un médico sin escrúpulos alegó que dicha vacuna podría provocar autismo. Si bien era una declaración sin fundamento científico, los medios sensacionalistas la difundieron y la aplicación de la vacuna descendió.
Si Blair hubiera revelado ese detalle sobre la salud de su hijo quizá las cosas hubieran sido diferentes. Las consecuencias fueron graves para la población, en primer lugar; pero también para su gobierno que reaccionó tarde y mal. Aún hoy subsisten los mitos de los efectos de dicha vacuna y en el actual contexto de la pandemia de la covid-19 han reaparecido las falsas teorías.
No lo merecen
Existen más efectos negativos si se permite que los políticos sean vacunados precisamente por su actividad y no por pertenecer a un grupo de edad. Así como pueden generar confianza en las vacunas, lo más probable es que aumenten la desconfianza hacia la política, los partidos y las instituciones.
Ello cobra mayor relevancia en América Latina donde las encuestas colocan a los políticos en los niveles más altos de desconfianza entre la ciudadanía. Si algo ha mostrado la pandemia es que los gobiernos no invierten en ciencia, es más, la desprecian.
Basta recordar las declaraciones de líderes políticos como Jair Bolsonaro en Brasil o López Obrador en México, minimizando la pandemia, con poca empatía hacia la gente que ha visto a sus familiares morir; o su afán por rodearse de incondicionales fanáticos antes que de expertos y escuchar a los científicos para diseñar estrategias contra la pandemia. Esta situación parece repetirse con gobiernos que nacen de movimientos populistas, como sucedió con el partido Movimiento 5 Estrellas (M5S) en Italia, cuyo líder hizo campaña en contra de la vacunación obligatoria y ganó las elecciones en 2018.
La pandemia de covid-19 será resuelta gracias a los avances científicos y tecnológicos, muchos de ellos desarrollados en empresas privadas y en las universidades, dos sectores que en las últimas décadas han sido despreciados por la política. Quizá por ello los políticos deban esperar, porque con pocas excepciones, la mayoría de ellos no merece estar en la primera línea de las estrategias de vacunación.
Fernando Barrientos es cientista político. Profesor Titular en la Universidad de Guanajuato, México. Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Florencia, Italia. Sus áreas de interés e investigación son política y elecciones en América Latina y teoría política moderna.
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