Varias ONG cuestionan legitimidad de juramentación de Maduro por vicios comiciales
El Observatorio Electoral Venezolano señaló que existen dudas sobre el nombramiento presidencial y que el mandatario tiene un apoyo político precario. El Centro de Derechos Humanos de la Ucab pide restablecer el orden constitucional
La juramentación de Nicolás Maduro para un segundo mandato es cuestionada por varias ONG que advierten sobre el carácter ilegítimo del acto de este jueves 10 de enero ante el Tribunal Supremo de Justicia. El Observatorio Electoral Venezolano señaló, en un comunicado, que «Nicolás Maduro no es sólo un Presidente ilegítimamente nombrado, sino con un apoyo político muy precario pese a las acciones ejercidas para coartar la libertad del voto.los resultados anunciados por el CNE mostraron un respaldo minoritario para la re-elección de Maduro: 7 de cada 10 venezolanos con derecho a sufragar no votaron por él. En estas cuestionadas elecciones, se registró la más alta abstención para unos comicios presidenciales desde la época democrática: 54%».
La organización recordó que dentro de los vicios evidenciados en las presidenciales del 20 de mayo del año pasado figuran el hecho de que la contienda fue convocada por la ANC, con lo cual se usurparon las funciones del Poder Electoral, además la convocatoria se realizó de forma adelantada, y «con un sesgo evidente a favor de la candidatura oficial, y con apenas 80 días de antelación. Tradicionalmente, las elecciones presidenciales se celebraban en diciembre y eran convocadas con, por lo menos, seis meses de anticipación».
El Observatorio Electoral Venezolano puntualizó que en medio de unas elecciones poco transparentes en las que el cronograma fue publicado a destiempo y modificado luego de realizada la convocatoria; restricción del pluralismo político y la oferta electoral con la anulación de los partidos de oposición más votados y la inhabilitación de potenciales candidatos.
Además se limitó la actualización e inscripción en el Registro Electoral y se demostró el ventajismo del Estado «con el uso indiscriminado de los recursos y medios públicos, especialmente con la instalación de los puntos rojos en ocho de cada 10 centros de votación el día la elección»; así como el uso del carnet de la patria y la entrega de bonos como mecanismo de coacción.
La ONG también subrayó que, en junio de 2018, junto a Provea y Acceso a la Justicia, introdujo una demanda ante el TSJ para solicitar la nulidad de la designación de Maduro, pero la petición fue desestimada.»Esto pone de manifiesto que las arbitrariedades electorales no provienen exclusivamente del Consejo Nacional Electoral, sino también de otros poderes públicos, debilitando el Estado de Derecho»
Por su parte, el Centro de Derechos Humanos de la Ucab advirtió que «la votación del 20 de mayo de 2018 no fue una elección, al no cumplir con los requisitos impuestos por el artículo 21 de la Constitución, para considerarse una elección auténtica, por sufragio universal e igual y voto secreto». La organización sostuvo que urge lograr el restablecimiento del orden constitucional y vigencia de los derechos humanos, el apego y respeto de las disposiciones constitucionales, como único mecanismo de convivencia democrática.
Proceso fraudulento
Provea sostuvo, también en un comunicado, que «la supuesta elección de Nicolás Maduro para un segundo mandato fue consecuencia de un proceso electoral abiertamente ilegal y fraudulento». La ONG recordó que, el 14 de mayo de 2018, 43 organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos alertaron que los comicios no serían libres ni creíbles, debido al grave incumplimiento de diferentes garantías para el ejercicio del derecho a la participación política mediante el sufragio.
Este 10 de enero, Provea puntualizó que, a partir de este 10 de enero, la autoridad de Maduro, a quien consideran un usurpador, es ineficaz y sus actos son nulos.
Por otra parte, la ONG repudió la presencia de Daniel Ortega en Venezuela, por sus deudas con la justicia y los derechos humanos, «debido a los asesinatos perpetrados contra el pueblo de Nicaragua y las masivas detenciones arbitrarias contra activistas y luchadores sociales de ese país».
