En varias ocasiones hemos expresado opiniones críticas respecto de algunas conductas de la oposición o de la Coordinadora Democrática (de hecho, ayer no más señalamos nuestra inconformidad con la decisión de no participar de la auditoría), pero siempre lo hemos hecho desde la perspectiva de un debate democrático y de contribución a enfrentar lo que a nuestro juicio pudieran haber sido errores y sin pretender, desde luego, que a rajatablas nos asiste la razón.
Sin embargo, esto no significa que la vigencia de este instrumento de unidad y organización de las disímiles fuerzas políticas opositoras deba ser puesta en cuestión. Una cosa es mostrar desacuerdos (y en nuestro caso, desde la posición de un diario independiente que ni es miembro ni vocero oficial de la CD), y otra muy distinta tratar de dinamitar la existencia de ese organismo. Se es muy injusto cuando se intenta contraponer a la CD la acción de la sociedad civil, arguyendo que es a esta y sólo a esta a la que se debe la movilización y organización de la vasta masa opositora y que los partidos de la CD son más bien un estorbo. Pero, de hecho, cuando no existía la CD o después que se creó pero los partidos políticos estaban todavía arrinconados, la conducción de la sociedad civil y hasta de la CD en sus primeros meses de vida, estuvo fuertemente determinada por algunos poderes fácticos (mediáticos, económicos y militares) que la llevaron a los costosos errores y consecuenciales derrotas que fueron el golpe de abril del 2002 y el paro indefinido de ese mismo año, incluyendo el episodio de los militares en la Plaza de Altamira. Sólo cuando la CD fue rescatada de las manos de esos poderes fácticos pudo conjugarse armónicamente la acción de la sociedad civil y de las fuerzas políticas y trazar una estrategia democrática, que rechazó explícitamente el llamado fast track golpista y colocó el juego sobre el tablero democrático y constitucional. Ni las marchas ni la organización de la infraestructura para firmazos, reparos y elecciones, habrían sido posibles por la mera acción espontánea de la sociedad civil. Fue una línea política (la “ruta democrática” ), aprobada por la CD, la que condujo al RR y la que lo hizo posible. Si se demostrase finalmente que el resultado de este ha sido desfavorable para los adversarios del gobierno, sería sencillamente catastrófico sumirse en la depresión, en los pases de factura mutuos ( “la derrota es huérfana” ), en el cálculo personal o particular y, sobre todo, en estimular posturas y comportamientos reñidos con una óptica democrática de lo que hay que hacer con vistas al futuro inmediato. Eso sería, lisa y llanamente, marchar hacia la desaparición de una oposición organizada que, en el caso hipotético de una victoria electoral que legitimase un gobierno de tan fuerte propensión autoritaria como el de Chávez, sería más necesaria que nunca. Ahora bien, esto no significa que no haya nada que discutir entre sus integrantes. Sí hay, y mucho, pero para superar insuficiencias, no para autodestruirse.
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