Violaciones a los DDHH de 14 polichacao, una deuda pendiente de la justicia venezolana
Fred Mavares y su compañero Reggie Andrade, fueron dos de los polichacao imputados, a quienes el Estado les negó el derecho a la libertad pese a que el Tribunal había emitido la sentencia, es por ello que optaron por el escape como la única forma opción
Casi siete años han pasado desde que en Venezuela se llevó a cabo la detención arbitraria de 14 funcionarios de la Policía municipal de Chacao y hasta ahora no se ha hecho justicia para determinar los responsables de las posibles violaciones a los derechos humanos que se cometieron y dar reparación a las víctimas.
Así lo recordaron este miércoles 4 de abril desde la organización Defiende Venezuela, donde señalaron que es el momento oportuno para que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) abra las puertas a una realidad más profunda que esconde el país.
“El caso de los 14 polichacao es un caso emblemático, pero forma parte de un grupo muy significativo de actos que requieren de verdadera administración de justicia en el plano internacional”, así lo señaló Carlos Briceño, coordinador legal de Defiende Venezuela.
Destacó que lo ocurrido con estos funcionarios es un caso que por donde se mire presenta múltiples violaciones a los derechos humanos, y es que existen evidencias de que sufrieron torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes.
El Tribunal 7° de Control Auxiliar del Área Metropolitana de Caracas dictó el 20 de junio del 2016 privativa de libertad en contra de 14 funcionarios de la policía municipal de Chacao, identificados como: Venus Medina, Fred Mavarez, César Mijares, María Pérez, Ángel Sánchez, Reggie Andrade, Alfredo Chirinos, Jorge Delgado, Miguel Mora, Edgar González, Eduardo Salazar, Jhonny Velásquez, Darwin Herde y Eber Meneses.
A todos se les imputaron los mismos cargos por su presunta participación en los delitos de homicidio calificado en carácter de facilitadores y agavillamiento. En ningún acta se describen las presuntas acciones de cada uno y cómo estas los vinculan.
En ese momento se fijó como sitio de reclusión la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide, sin embargo, dos de los funcionarios fueron trasladados en un primer momento a la sede de este organismo en Plaza Venezuela, mejor conocido como “La Tumba”.
Andrea Tavares, abogada defensora de estos policías, indicó que durante todo el procedimiento no hubo elementos probatorios que demostraran la vinculación de los funcionarios con el crimen del periodista Ricardo Durán, que ocurrió el 19 de enero del 2016 y del que se les señalaba como partícipes.
Sin embargo, el 8 de agosto de ese mismo año, el Ministerio Público emitió la boleta de excarcelación de los funcionarios, a quienes se les sustituye la privativa de libertad por una medida de presentación.
Pero los funcionarios del Sebin apostados a las puertas de El Helicoide aseguraron que “nunca” iba a recibir estas órdenes y por más medidas que la defensa hacía para que esta se ejecutara no había forma de que el cuerpo de inteligencia diera cumplimiento.
El Tribunal emitió tres órdenes para que se diera cumplimiento a la medida de excarcelación, pero esto nunca ocurrió.
No fue sino hasta diciembre del 2017 que como parte de una comisión integrada por actores del Gobierno y la de oposición, se decidió liberar a 12 de los polichacao a quienes se les había negado el acceso a la medida de libertad, esto pese a que había sido otorgada hace más de un año.
Mientras tanto, se desconoce por qué se decidió dejar a dos privados de libertad y además, se les trasladó a un cárcel con presos comunes, algo que puso en riesgo su integridad física. Fred Mavares y su compañero Reggie Andrade fueron llevados a la Cárcel 26 de Julio en el estado Guárico.
El escape, la única opción para la libertad
En noviembre de 2018 dos años después de haberse emitido las primeras boletas de libertad, el policía Fred Mavare y su compañero deciden el escape como única opción para salir de la prisión donde permanecían de manera injusta.
Mavares narró cómo vivió aquel momento, “logramos escapar, salí muy herido, necesité asistencia médica, el escape fue un riesgo para nuestras vidas, pero era la única opción que teníamos”.
“Nosotros fuimos imputados por una simulación de hecho punible, por el entonces ministro de Interior y director del Sebin, Gustavo González López”, destacó, al decir que incluso el Cicpc había determinado que el arma homicida con la que asesinaron al periodista no había sido decomisada por la policía de Chacao.
“Fuimos torturados – algunos compañeros más fuertes – para amedrentar a los policías de Chacao agarraron a dos, los pusieron en el patio ensangrentados y golpeados, pidiendo auxilio, y nos sacaron al sol para que lo viéramos”, cuenta Mavares.
Para el exfuncionario de polichacao que hoy se encuentra viviendo en otro país, la manera de aplicar las torturas era cada vez peor, “llamaban uno por uno, vengase para acá y prevenido –decían el nombre del siguiente- cuando ya sabía que me tocaba empecé a tomar analgésicos, uno se preparaba”.
Ante esta situación los 14 funcionarios, entre ellos dos mujeres, redactaron una carta y las firmaron con sus huellas ensangrentadas, y así la mandaron a su defensa.
“Después vinieron muchas amenazas, por las denuncias que hacían tanto abogados como familiares, que nos iban a trasladar a un centro penitenciario”, destacó, al describir esta medida de intimidación, con la que los funcionarios del Sebin buscaban sembrar el miedo.
Las medidas de protesta no faltaron, huelgas de hambres, coserse los labios y cientos de denuncias estuvieron en la palestra.
Pero hasta ahora, la justicia venezolana no ha dado reparación a estos funcionarios, a quienes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala que los 14 polichacao fueron privados ilegalmente de libertad y sometidos a torturas, tras vincularlos en 2016 de ser cómplices en el homicidio del periodista Ricardo Durán, ocurrido en Caricuao.
