Deserciones deslegitiman aún más decisiones del TSJ en el exilio
La sentencia del juicio contra el presidente Nicolás Maduro la firmaron 9 magistrados principales, de los cuales 4 estuvieron presentes en la audiencia realizada en Bogotá y los otros 5 lo hicieron de manera virtual
Ascensión Reyes R.
El 21 de julio de 2017 la Asamblea Nacional juramentó a 33 magistrados para sustituir a los que el Parlamento controlado por el chavismo había designado de manera “Express” en 2015. De esos 33, 13 eran principales y 20 suplentes.
De acuerdo con la Ley Orgánica del Tribunal Supremo, este está compuesto y funcionará en Sala Constitucional, Político-Administrativa, Electoral, de Casación Civil, de Casación Penal y de Casación Social así como la Sala Plena que estará integrada por los magistrados de todas las salas.
La Sala Constitucional estará integrada por siete magistrados y las Salas Político Administrativa, de Casación Civil, de Casación Penal, de Casación Social y Electoral estarán integradas por cinco cada una de ellas. En total 32 magistrados. Y, para que sean válidas las decisiones del TSJ en Sala Plena o en cualquiera de sus salas, se requiere el voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.
La designación de los magistrados en 2017 obedeció a la crisis institucional que vive el país y además, como una respuesta a las protestas de ese año.
Sin embargo, desde el mismo inicio comenzó la deserción de sus integrantes.
En ese mismo mes y año renunciaron Ángel Zerpa, quien fue detenido por el Sebin, apenas 24 horas después de su juramentación. También, corrieron la misma suerte Jesús Rojas Torres y Zuleima González. Rojas Torres a la larga dimitió también.
Con ello, ya en 2017 quedaban solo 11 principales y 20 suplentes. Para un total de 31 integrantes.
Si bien la “designación express de 2015” fue muy criticada esta de 2017 no estuvo exenta de cuestionamientos. Entre ellos, el de Luisa Ortega Díaz que para la fecha era fiscal general de la República. La funcionaria alegó que eso “creaba desorden en el Estado” y el TSJ en ejercicio advirtió que la designación de la AN- ahora controlada por la oposición- era nula dado que el Parlamento se mantenía en desacato.
Nuevas deserciones
Y ahora, esa cifra ha descendido porque cinco magistrados no participan de las sesiones que se realizan, son ellos: Alejandro Rebolledo, Gonzalo Álvarez, Evelyna del Carmen D’ Apollo Abraham, Gonzalo Oliveros Navarro y Thomas David Alzuru Rojas. Los tres primeros fueron nombrados como principales.
La persecución contra los magistrados designados por el Poder Legislativo los obligó a huir del país y en ese momento, se estableció el acuerdo de que no habría principales ni suplentes solo magistrados y su función sería generar opiniones jurídicas.
Una vez fuera del país, se presentan en la Organización de Estados Americanos. Los nuevos magistrados tuvieron el reconocimiento del secretario general de la OEA, Luis Almagro más no del organismo hemisférico.
A raíz de que la mayoría de los designados por el Parlamento de 2017 comienzan a cambiar los acuerdos comenzaron las deserciones. De los primeros Rebolledo y Alzuru.
Rebolledo el 12 de abril de este año publicó en su twitter: A los pueblos hay que orientarlos, no engañarlos. Jamás me prestaré para crear falsas expectativas en esta lucha por salir del crimen organizado que gobierna en #Venezuela”. Sin embargo, se abstuvo de declarar en esta oportunidad.
Otro absurdo que se presenta en esta situación es el hecho de que los magistrados asumen que están sustituyendo al Tribunal Supremo de Justicia que le renunció a la Asamblea Nacional Constituyente en 2017 cuando se subordinaron a esta institución. Pero no se entiende cómo esgrimen este argumento si declaran que la ANC no existe. La pregunta es ¿cómo renuncias a algo que no existe?
Por otra lado, ante las críticas que han surgido porque no se trata de cuerpo colegiado completo, los magistrados en el exilio –trascendió- responsabilizan al Parlamento por no haber hecho una designación completa del TSJ.
Otra incongruencia fue el nombramiento de 20 suplentes que jamás podrían incorporarse al TSJ.
Dudosas decisiones
Las sentencias más importantes que ha dictado este TSJ están las que se refieren a la figura de Nicolás Maduro.
Los magistrados están exiliados en Panamá, Chile, Colombia y Estados Unidos y cada semana se reúnen a través de Internet.
El 11 de enero de 2018 declaró nulas las elecciones presidenciales de 2013. Actuó luego de que Enrique Aristigueta Gramcko presentará “pruebas” sobre la nacionalidad colombiana de Maduro. La Sala Constitucional exigió al Consejo Nacional Electoral (CNE), remitir copia certificada de la partida de nacimiento del mandatario nacional.
El 7 de mayo de 2018 el TSJ en el exilio notificó al CNE sobre la suspensión e inhabilitación de Maduro para el ejercicio de cargos públicos. Instó al Poder Electoral a no permitir la participación de Maduro en los comicios de mayo hasta tanto no culminará el juicio por corrupción por los contratos por Odebrecht y el 15 de mayo el tribunal en Sala Electoral anuló la convocatoria para los comicios del 20 mayo y declaró nulo el decreto de la ANC que instaba al CNE hacer la convocatoria. Ya el 25 de octubre de 2017, había declarado nula la Constituyente y había solicitado su disolución.
El juicio
El 22 de febrero de 2018 los magistrados dieron entrada a la solicitud de antejuicio de mérito presentada por Luisa Ortega Díaz contra Nicolás Maduro por corrupción propia y legitimación de capitales, delitos relacionados con el pago de sobornos a la constructora brasileña Odebrecht y el 7 de abril, la Asamblea Nacional con 105 votos a favor aprobó la continuidad del juicio contra el mandatario.
El 3 de mayo de 2018 el TSJ en el exilio declaró la suspensión de Maduro como Presidente y ordenó su inhabilitación- otra vez- para cualquier cargo público. Esta actuación fue reconocida por el secretario de la OEA, Luis Almagro.
El 15 de agosto de 2018 esta instancia sentenció a Maduro a 18 años y 3 meses de prisión en la cárcel de Ramo Verde, en Los Teques. Además, se le condenó a pagar una multa de 25 millones de dólares y a resarcir al Estado con 35 mil millones de dólares.
La audiencia oral y pública que se celebró este día, en Bogotá, Colombia, estuvieron presentes, de acuerdo con el acta final, 15 magistrados: Miguel Ángel Martín, Rafael Ortega, Rommel Gil, Ramón Pérez, Elenis Rodríguez, Rubén Carrillo, Zuleima González, Gustavo Sosa, Antonio Espinoza, José Núñez, José Luis Rodríguez, Idelfonso Ifill Pino, Milton Ladera, Beatriz Josefina Ruíz Marín y José Sabino Zamora.
Se dejó constancia, también en esta acta final, de los magistrados presentes de “manera virtual a través de videollamadas en tiempo real, gracias a una aplicación tecnológica que así lo permite de conformidad con lo establecido en los artículos 91.3 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, los artículos 1 y 6 de la Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas y el artículo 317 del Código Orgánico Procesal Penal”. Fueron: Antonio Marval, Ramsis Ghazzaoui Piña, Pedro Troconis, Domingo Salgado, Cruz Graterol, Gabriel Calleja, Luis Marcano, Cioly Zambrano, Álvaro Marín y Luis Ramos.
Se dejó constancia de que se abstuvieron de asistir al acto: Alejandro Rebolledo y Thomas Alzúru.
La sentencia contra Maduro fue refrendada por 25 magistrados, de los cuales 9 eran principales; 4 estuvieron presentes en el acto y lo otros 5 de manera virtual.
En esta acta final también junto con las otras personas involucradas en los delitos imputados a Maduro se menciona a Henrique Capriles Radonski.
El presidente del TSJ en el exilio, magistrado Miguel Martín aclaró que el nombre del ex gobernador de Miranda no fue mencionado por Luisa Ortega a lo largo del juicio a Maduro, pero que sí salió a relucir en una de las pruebas promovidas por el Ministerio Público.
“En el curso de juicio, la fiscal general no señaló a Henrique Capriles Radonski en los delitos cometidos por Nicolás Maduro. En un órgano de prueba ofertado por la fiscal general y recibido por el tribunal se le menciona, lo que nos obliga conforme al artículo 269 numeral segundo del Código Orgánico Procesal Penal a solicitar la averiguación fiscal a quien le corresponde por ley”, dijo Martín Tortabú.
Capriles Radonski en su oportunidad calificó de infamia y de campaña en su contra esta acusación, pero pidió que se investigara todo.
Gente ligada al ex mandatario regional afirmó que el señalamiento tiene su origen en “una mano peluda”.
La mención causó tal polémica que el magistrado Rafael Ortega pidió a Martín Tortabú contrastar el acta con el video de la audiencia del 15 de agosto para verificar si, en efecto, Capriles había sido nombrado o no en esa audiencia. Incluso algunos magistrados fijaron posición sobre las diferencias entre el acta y la audiencia.
Trascendió que los magistrados que no participan de las sesiones de este TSJ han criticado la posición de sus colegas en el exilio que llaman a respetar a la Constitución, cuando ellos tampoco la respetan. Uno de ellos se interrogó: ¿Qué estamos haciendo? Y sentenció: “Estamos entrampados, es cierto que hay un vacío de poder en Venezuela por la ausencia del Poder Judicial, pero pese a eso no se entienden estas locuras”. Precisó que en la OEA se dejó en claro que no eran sustitutos del TSJ en funciones.
Asomó la existencia de una agenda detrás de la cual están aquellas organizaciones y movimientos políticos que quieren acabar con los partidos de oposición y sus líderes, a las cuales denominó radicales. “Se descubrieron. Ya se sabe quienes manipulan y controlan esta agenda”.
Apuntó que es muy difícil que Interpol cumpla el mandato de arrestar a Maduro.
