2.796 días detenidos suman siete defensores de derechos humanos en Venezuela
Javier Tarazona (1.402), Rocío San Miguel (450), Carlos Julio Rojas (384), Jesús Armas (145), Kennedy Tejeda (275), Ángel Godoy (116) y Franyer Hernández (24), son los siete defensores de derechos humanos que suman 2.796 días detenidos hasta este 4 de mayo. Para el abogado Joel García los espacios públicos de la sociedad civil se están «achicando». Por su parte, la abogada Martha Tineo señala que los derechos humanos en Venezuela atraviesan una crisis sostenida
La defensa de los derechos humanos en Venezuela es una labor de alto riesgo que la administración de Nicolás Maduro fustiga y condena con cargos como terrorismo, incitación al odio, conspiración y asociación para delinquir. Los activistas que levantan su voz para denunciar atropellos y abusos se exponen a ser perseguidos y encarcelados.
A la fecha, siete defensores se mantienen privados de su libertad. Una situación que de acuerdo con el Observatorio para la defensa de la vida (Odevida), nunca había ocurrido en Venezuela.
Javier Tarazona, Rocío San Miguel, Carlos Julio Rojas, —a quien también le imputan intento de magnicidio—, Kennedy Tejeda, Ángel Godoy y Franyer Hernández son acusados de los mismos cargos y el procedimiento para su detención también se realizó bajo esquemas similares: fue de forma arbitraria e incumpliendo el debido proceso. Estos siete defensores llevan presos 2.796 días hasta este 4 de mayo. Esta cifra se traduce en siete años con siete meses y 24 días encarcelados injustamente.
Informes publicados por organismos internacionales durante 2025 detallan los delitos en los que incurrieron las autoridades durante los arrestos a defensores y personas de la sociedad civil. Entre ellos figuran las detenciones arbitrarias por motivos políticos contra opositores y defensores de DDHH; desaparición forzada por varios días, así como la comparecencia frente a tribunales antiterroristas.
El informe más reciente fue publicado por Amnistía Internacional, en el que rechazó las detenciones de defensores por el ejercicio legítimo de su actividad.
«Los defensores de derechos humanos enfrentaron una creciente hostilidad por parte del gobierno. Se aprobó una ley que otorga amplias facultades discrecionales al Estado para restringir, sancionar o cerrar organizaciones no gubernamentales conocida como Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro», advierte Amnistía.
En esa misma línea, el informe del Observatorio de la Organización Mundial Contra la Tortura, publicado el 20 de marzo de 2025, contabilizó más de 1.730 ataques contra personas defensoras de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil en el contexto de las reivindicaciones sociales y laborales entre 2022 y 2023, y de las elecciones presidenciales de 2024.
«Estos ataques incluyen hostigamiento, difamación y estigmatización, censura, detenciones arbitrarias, restricción de derechos laborales, agresiones físicas, desaparición forzada, intimidación, entre otras. El 78,1% de estas agresiones fueron perpetradas directamente por actores estatales», señala el informe.
Un patrón sostenido
Joel García, abogado penalista, indica que como consecuencia de las detenciones de defensores de derechos humanos, los espacios públicos de la sociedad civil se están «achicando».
«Y que prácticamente a las ONG se les está imponiendo una censura porque no sabemos hasta qué punto denunciar una situación porque para el gobierno venezolano eso constituye un crimen de traición a la patria, o conspiración», expone el también defensor de DDHH.
Con García concuerda Marino Alvarado, coordinador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), quien a su vez rechaza el hostigamiento que padecen las ONG y personas de la sociedad civil que expresan su opinión en espacios como las redes sociales: «Tenemos que seguir denunciando y exigirle a las autoridades el respeto de la Constitución».
García enfatiza que posterior a los comicios del 28 de julio se suscitó una represión en la que se violó el debido proceso por actos de persecución, detenciones arbitrarias, muertes y heridos lo que resulta peligroso por la falta de control.
«La persecución ahora es más selectiva y va dirigida a dirigentes políticos, o que hacen vida en partidos políticos», agrega.
Por su parte, Martha Tineo, coordinadora general de Justicia, Encuentro y Perdón, señala que los derechos humanos en Venezuela atraviesan una crisis sostenida en virtud de una política de Estado dirigida de forma sistemática contra grupos de la sociedad civil, considerados como disidentes por parte de las autoridades nacionales.
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«Durante esta década se han cometido crímenes en contra de los derechos humanos que van desde detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura, violencia sexual y asesinatos. Todo esto como parte de la ejecución del crimen de persecución», menciona.
En este sentido, recuerda que este tipo de actos están siendo investigados por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que avanza en una investigación.
Vulneración a familias
TalCual conversó con algunos familiares de los defensores detenidos para conocer los avances en sus casos y sobre la situación que ellos mismos atraviesan.
Sairam Rivas, pareja de Jesús Armas (145 días), exconcejal, coordinador de Voluntarios por la Libertad y presidente de la ONG Ciudadanía Sin Límites, lamenta que «el liderazgo» de su esposo sea un motivo de persecución.
Rivas recuerda que después de su arresto, Armas fue víctima de desaparición forzada, por lo que pudo verlo ocho días después. Su detención, que se dio de forma arbitraria, ocurrió el 10 de diciembre de 2024, cuando salía de un café en Las Mercedes, por encapuchados que lo subieron a una camioneta sin placas.
«En mi caso pude verlo durante 15 minutos y luego fue nuevamente aislado, incomunicado y enviado al Helicoide, que es su centro de reclusión actual», detalla. Esa fue la última vez que lo vio, puesto que después fue aislado e incomunicado, sin derecho a ningún tipo de comunicación.
Rivas denuncia que este tipo de actos forman parte de un mecanismo de tortura para los reclusos y sus familiares, quienen se mantienen en incertidumbre y a la espera de obtener respuestas por parte de los entes que acumulan denuncias sin respuesta.
Armas forma parte de los más de 20 reclusos sin derecho a visitas dentro del Sebin, en El Helicoide. Desde su aislamiento, que «por órdenes de arriba» no tiene fecha de término, Rivas tiene como fe de vida el olor de la ropa sucia y la petición de medicinas que sabe que requiere.
Sairam Rivas ha sido una cara visible que junto al Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), se ha encargado de denunciar la situación que atraviesa su pareja y otros detenidos durante las protestas ocurridas en rechazo a los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que adjudicaron la victoria a Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio.
Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela) establecen en su norma 43 que prácticas como el aislamiento indefinido (sin fecha de caducidad) o prolongado (más de 15 días) están prohibidas.
«Entre las sanciones disciplinarias o medidas restrictivas no podrá figurar la prohibición del contacto con la familia. Solo se podrán restringir los medios de contacto familiar por un período limitado y en la estricta medida en que lo exija el mantenimiento de la seguridad y el orden», se lee en el escrito.
Otra suerte
El desconocimiento sobre si ha sido presentado ante un tribunal, o cargos que se le imputan, son una interrogante para Adriana Briceño, esposa de Ángel Godoy (116 días), redactor del portal Punto de Corte y presidente del Movimiento Democracia e Inclusión.
El derecho a visitas le fue otorgado 97 días después de su detención, por lo que la comunicación antes de eso la logró a través de pequeñas notas ocultas dentro de las galletas que le enviaba como parte de la paquetería permitida a los familiares en El Helicoide.
Poder verlo significó una tranquilidad para la familia de Godoy, cuya detención arbitraria fue el 8 de enero, en Los Teques. «En esta visita en la que estuvimos con mi hijo vimos que su estado de salud está bien. Pero aunque dice esto (Ángel Godoy), ese no es el lugar en el que debe estar», destaca Adriana Briceño.
Antes de ese encuentro presencial, la comunicación ocurrió por unos breves minutos, 40 días después de su detención a través de una llamada telefónica en la que pudo conocer que su esposo estaba «bien».
Un cargo adicional
Francys Fernández, esposa del periodista y defensor de DDHH, Carlos Julio Rojas (384 días), tuvo acceso a visitas dos meses después de su detención, el 14 de abril de 2024.
Del grupo de defensores de DDHH, Carlos Julio Rojas es el único con un cargo adicional, el de intento de magnicidio.
«Desde el día de la detención arbitraria solo escuchamos las cosas que dijo el fiscal general (Tarek William Saab) en cadena nacional, pero en realidad no tenemos ningún tipo de información», aclara.
Saab aseveró que el activista de la organización política Vente Venezuela, fundada y liderada por María Corina Machado, recibía órdenes de (ella) para generar protestas violentas en el país.
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Javier Tarazona: el más antiguo
Desde hace tres años y 307 días, Javier Tarazona, director de la organización no gubernamental FundaRedes, permanece en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en El Helicoide, calificado como un «centro de torturas» tanto por organismos internacionales como por las personas que han estado recluidas.
Lo detuvieron de manera arbitraria el 2 de julio de 2021 a la salida del Ministerio Público de Coro, estado Falcón, cuando trataba de informar el hostigamiento que sufría por parte de las autoridades.
Meses antes de su detención, denunció activamente el conflicto armado entre la Fuerza Armada Nacional (FAN) y disidencias de las FARC que se desarrolló en la frontera del estado Apure con Colombia y cuestionó la falta de datos oficiales.
#Video Reunión de la guerrilla FARC-EP con indígenas de la comunidad Piaroa del estado Amazonas que rechazan la presencia de irregulares, la comandante Yulianny Alias "Gata" exige claramente que "Deben reconocer a la guerrila de las FARC como una fuerza beligerante" @FundaREDES_ pic.twitter.com/QdSi9zDB9O
— Javier Tarazona (@javiertarazona) June 3, 2021
Fue trasladado y presentado en tribunales por los presuntos delitos de incitación al odio, terrorismo y traición a la patria.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Misión Internacional de Hechos sobre Venezuela, la Organización Mundial Contra la Tortura y otras organizaciones han denunciado la situación de Tarazona debido a que padece de diabetes, hipertensión y problemas circulatorios, entre otras patologías, que se han agravado por las condiciones de reclusión.
Rocío San Miguel requiere cirugía urgente
Rocío San Miguel (450), abogada y presidenta de la ONG Control Ciudadano, especializada en temas relacionados con la Fuerza Armada, también se encuentra recluida en El Helicoide. La detuvieron el 9 de febrero de 2024 en el área de migración del Aeropuerto Internacional de Maiquetía cuando se encontraba con su hija Miranda Díaz, de 25 años, quien fue también brevemente detenida y luego liberada bajo una medida de libertad condicional. En prisión, sufrió una fractura de hombro y requiere cirugía urgente y rehabilitación.
Además de «traición» y «terrorismo», se le imputan los cargos de «conspiración», «asociación para delinquir y del homicidio tentado en perjuicio» de Nicolás Maduro y Freddy Bernal, gobernador del estado Táchira.
El fiscal Tarek William Saab vincula a San Miguel, su exesposo José González De Canales, varios militares y tres dirigentes políticos de Vente Venezuela (Juan José Freites, Guillermo de Jesús López y Luis Enrique Camacaro) a un supuesto plan de asesinatos de varios altos funcionarios y asalto a instalaciones militares denominada operación «Brazalete Blanco».
Según las pruebas presentadas por Saab, los mapas incautados en un allanamiento a la vivienda de San Miguel tenían sedes militares «demarcadas». El abogado Joel García dijo que esos mapas eran usados por ella cuando daba clases en institutos militares hacia finales de la década de 1990.
Amnistía Internacional, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), el Centro por la Justicia y el Derecho internacional (Cejil) y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) emitieron un comunicado para que le «sea otorgada una medida humanitaria, de modo que pueda recibir la atención médica de su elección y recuperarse bajo el cuidado de su familia».
Voluntarios detenidos
Kennedy Tejeda (275 días) y Franyer Hernández (24 días) son abogados y voluntarios del Foro Penal. Tejeda fue detenido el 2 de agosto de 2024 cuando fue a preguntar en el comando rural de la GNB de Montalbán, estado Carabobo, sobre la presunta detención de unas personas, en el contexto de las protestas postelectorales, para poder brindarles asistencia jurídica gratuita.
Luego de 20 horas desaparecido, el equipo de Defensores Activos del Foro Penal pudo confirmar que Tejeda había sido detenido y traslado a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) de Valencia, estado Carabobo. Está detenido en la cárcel de Tocorón (estado Aragua).
La detención de Franyer Hernández es la más reciente, ocurrió el 10 de abril. La abogada Tamara Suju denunció que una comisión de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) «fuertemente armada entró a la residencia donde se encontraba Franyer sin orden judicial».
Suju también indicó, por medio de su cuenta en X, que los funcionarios apuntaron con armas a todos los presentes, los esposaron y encapucharon, incluso a una mujer de 94 años de edad y un adolescente. Hasta la fecha, se desconoce el motivo de detención y su paradero.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
