AN 2020 reforma Ley Contra la Corrupción en un intento por frenar ilícitos de funcionarios
La AN del 2020 también aprobó en primera discusión el proyecto de Ley de Tutela, que constituye una garantía de protección real y efectiva para las niñas, niños y adolescentes. El instrumento jurídico fue propuesto por la Comisión Permanente de las Familias, la Libertad de Religión y de Cultos
La Asamblea Nacional (AN) electa en los comicios del 2020 aprobó en segunda discusión la reforma a la Ley Contra la Corrupción que, supuestamente, amplía la obligación de presentar la Declaración Jurada de Patrimonio hasta a los integrantes de los consejos comunales y comunas.
A los cambios al instrumento jurídico se les dio luz verde en la sesión ordinaria de este jueves 31 de marzo, luego de ocho meses de haber discutido por primera vez la reforma al articulado (8 de julio del 2021).
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Luego de la aprobación de la reforma parcial Jorge Rodríguez, señaló que el instrumento se debe cumplir con la rigurosidad para el cuidado de los bienes y de los dineros públicos.
En la sección tercera, artículo 43, denominada verificación, se explica la suspensión sin goce de sueldo. “Sin perjuicio de las demás sanciones que sean procedentes, se suspenderá sin goce de sueldo hasta dieciocho (18) meses a los funcionarios que no presenten la declaración jurada de patrimonio, hasta tanto demuestre que dio cumplimiento a la obligación».
Añade el articulado que serán sancionados también los funcionarios públicos que no suministren los documentos que exija la Contraloría General en la auditoría patrimonial, o en cualquier otro procedimiento administrativo llevado a tal efecto, en materia de declaración jurada de patrimonio. Igualmente aquellos que no ejecuten la suspensión acordada por el máximo organismo contralor.
En artículo 87 de la ley se establecen sanciones con prisión de tres a seis años a funcionarios que saquen ventaja o beneficio económico con ocasión de los supuestos generadores de responsabilidad administrativa previstos en los artículos 91 y 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.
La reforma, que estuvo a cargo de la Comisión Permanente de Contraloría, que preside el diputado Alexis Rodríguez Cabello, determina las sanciones para los funcionarios que ordenen pagos por obras o servicios no realizados, o defectuosamente ejecutados, y certifiquen terminaciones o prestación de servicios inexistentes o de calidades o cantidades inferiores a las contratadas, sin dejar constancia de estos hechos.
AN sobre la Ley de Tutela
La Asamblea Nacional también aprobó en primera discusión el proyecto de Ley de Tutela, que constituye una garantía de protección real y efectiva para las niñas, niños y adolescentes. El instrumento jurídico fue propuesto por la Comisión Permanente de las Familias, la Libertad de Religión y de Cultos.
Fue la diputada Angélica Barroso quien presentó el proyecto. Explico durante su derecho de palabra que se ha plantea con una visión humanista en la búsqueda de proteger a los menores en los trámites administrativos y hasta en sus formas de vida.
Según la parlamentaria, oficialista el proyecto de ley fue consultado desde las comunas y escuelas. Dijo que en esos ámbitos de conocieron situaciones de escolarizados enfrentados a obstáculos y trabas en, por ejemplo, una boleta escolar, una cirugía, un pasaporte.
Aseguró que ley busca otorgar la guarda y custodia a muchas abuelas, tías y familiares responsables del cuido de niñas y niños. Además de garantizar la representación para acciones jurídicas, la iniciativa establece el derecho a tener una familia, supliendo la figura de la familia sustituta.
Agregó que la ley destaca el derecho de los niños a ser escuchados en cuanto a la tutela, mientras que en la antigua norma ese derecho se conseguía a los 14 años.
El instrumento jurídico tiene tras capítulos, 26 artículos y una disposición derogatoria, además de la final, donde están plasmados los principios de la tutela, la finalidad, la no discriminación y los requisitos para que sea efectiva la tutela. Establece la tutela obligatoria, al igual que la reintegración familiar, cuando existan varios hermanos y hermanas.
Alfonso Campos, de la bancada opositora, resaltó la necesidad de actualizar el tutelaje en el ordenamiento jurídico tomando en cuenta situaciones generadas por la pandemia y las migraciones. “Es necesario definir las tutelas especiales y garantizar el principio constitucional de la protección integral de los niños”, puntualizó.
