AN de Maduro reforma Ley del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
La reforma al instrumento jurídico, aprobada en segunda discusión, nueve meses después de haber sido discutida por primera vez buscará impulsar cambios en los patrones socioculturales que sostienen las relaciones desiguales de poder sobre las mujeres
La Asamblea Nacional (AN) electa en los cuestionados comicios de diciembre del 2020 aprobó en segunda discusión el proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres venezolanas a una Vida Libre de Violencia.
El proyecto de ley de reforma fue aprobado por toda la plenaria el miércoles 1 de diciembre, nueve meses después de haberse discutido por primera vez y de haberse declarado como una instrumentos a tratar con urgencia parlamentaria.
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La ley en su artículo 1 establece que tiene como objeto garantizar y promover el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en el ámbito público y privado, creando condiciones para prevenir, atender, sancionar y erradicarla en cualquiera de sus formas y ámbitos, arraigada en la discriminación sistémica contra las mujeres especialmente cuando se encuentran en situación de vulnerabilidad.
El reglamento buscará impulsar cambios en los patrones socioculturales que sostienen las relaciones desiguales de poder sobre las mujeres, para favorecer la construcción de una sociedad justa democrática, participativa, paritaria, protagónica y libre de violencia.
Según la diputada oficialista, Asia Villegas, el parlamentario pone a Venezuela en uno de los pilares más altos de protección de género en el mundo. Dijo que con la aprobación de la Ley, casi un año después se haber sido presentada por primera vez, establece como tema de importancia nacional el respaldo a la mujer venezolana, y crea una Comisión Nacional para la protección de la mujer víctima de esta violencia.
“Estamos diciendo que es un tema de Estado y hay una Comisión Nacional que no solo diseña políticas públicas sino que hará todo el sistema de seguridad y el mantenimiento para el contenido de la Ley. Nos pone en avanzada”, afirmó a las cámaras de VTV.
Entre las modificaciones que hizo el Legislativo fue agregar un nuevo artículo (3) en el que se estableció que la aplicación de esta Ley se rige por los principios de igualdad y no discriminación, interés superior de la niña y niño, debida diligencia, intervención inmediata y oportuna, interdependencia, indivisibilidad y universalidad.
Se ordena en el documento también que los órganos del sistema de justicia y los entes del Estado apliquen enfoque de género, feminista, de derechos humanos, intercultural, de integralidad, generacional, y de interseccionalidad.
«En el caso de mujeres en situación de vulnerabilidad, el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de mujer e igualdad de género, a través del Instituto Nacional de la Mujer, así como los institutos regionales y municipales, deben asegurarles que la información se ofrezca en formato accesible y comprensible, en el idioma castellano, idiomas indígenas, la lengua de señas venezolana y otras modalidades u opciones de comunicación, incluidos los sistemas alternativos y aumentativos. En fin, se articularán los medios necesarios para que las mujeres en situación de violencia por razones de género que por sus circunstancias personales y sociales puedan tener una mayor dificultad para el acceso integral a la información, tengan garantizado el ejercicio efectivo de este derecho», también se añadió a al ley.
Asimismo, se establece en recién aprobada reforma que las mujeres víctimas de violencia por razones de género tienen derecho a servicios sociales de atención, de emergencia, de protección, de apoyo, acogida y de recuperación integral. En cada estado y municipio se crearán dichos servicios, con cargo al presupuesto anual. La atención que presten dichos servicios deberá ser gratuita, de calidad, permanente, urgente, especializada y multidisciplinaria profesionalmente y será financiada por el Estado.
La aprobación de esta ley se da luego que un repunte en el último año de cifras de feminicidio. En marzo la ministra para la Mujer y la Igualdad de Género, Carolys Pérez, trató de defender al gobierno chavista del escrutinio público recibido al afirmar que el oficialismo ha atendido estos casos.
Sin embargo, según cifras del propio Ministerio Público (MP), para ese entonces solo se habían judicializado la mitad de los casos de femicidios reportados desde 2017 hasta la fecha, mientras grupos feministas reclaman por políticas públicas que protejan a las víctimas de violencia de género.
