AN declaró como «oro de sangre» extracción ilegal en tres estados del país
El parlamentario de Primero Justicia Rachid Yasbek indicó que más de tres mil kilos de oro mensuales se extraen del estado Bolívar de forma ilegal
La Asamblea Nacional declaró como «oro de sangre» la extracción ilegal de material aurífero en los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro debido a su utilización para financiar actividades ilícitas, según alegaron los parlamentarios.
En la sesión ordinaria, la sexta de forma virtual durante la cuarentena decretada por la covid-19, los diputados del estado Bolívar expusieron la situación de estas tres entidades, cuyos territorios están enclavados dentro del Arco Minero del Orinoco.
Francisco Sucre (Voluntad Popular) aseveró que se ha desatado un desastre ecológico y ecosistema criminal debido a la explotación en el Arco Minero del Orinoco, que la Asamblea Nacional ya ha declarado nulo.
«Ese oro que está siendo vendido ilegalmente por la dictadura está financiado la corrupción y actividades ilegales», dijo Sucre, al tiempo que calificó este tipo de extracción como «oro manchado de sangre».
Organizaciones internacionales denominan como «oro de sangre» al material aurífero que es extraído de forma ilegal dentro de un territorio, en medio de prácticas que contravienen los estándares internacionales por parte de grupos al margen de la ley.
Desde enero, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, está pidiendo a la Unión Europea catalogar oficialmente el oro producido por la minería informal como «oro de sangre», pues asegura que financia al «paraestado» de Nicolás Maduro.
«Más del 45% de la población que trabaja en las minas son menores de edad, aumentó el tráfico sexual de niñas y adolescentes, se destruyó más de tres mil kilometros cuadrados de territorio, se está destruyendo la cuenca del río Caroní, que es el afluente más importante para la generación eléctrica nacional», detalló el diputado Sucre.
El parlamentario de Primero Justicia Rachid Yasbek indicó que más de tres mil kilos de oro mensuales se extraen del estado Bolívar de forma ilegal, lo que equivale a 150 millones de dólares mensuales, de los cuales «ni un gramo va para los venezolanos».
Acaban con un ecosistema totalmente delicado pero también generan un enfretamiento permanente de la guerrilla y los llamados sindicatos con la anunencia de la Fuerza Armada, dijo el parlamentario. «Los verdaderos beneficiados son los testaferos que instalan las plantas en los sitios de extracción».
Dentro del acuerdo aprobado por la Asamblea Nacional se prohíbe la venta, comercialización, exportación y circulación del oro extraído de manera ilegal en Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro. Esta notificación se hará a la comunidad internacional, especialmente a los países fronterizos con Venezuela por vía aérea, terrestre o fluvial.
Se responsabiliza además al régimen de Nicolás Maduro ante los organismos internacionales de protección de DDHH «por la manifiesta y despiada persecución contra los pueblos indígenas y otras poblaciones» que habitan en estos estados.
También se responsabilizó al régimen sobre todas las actividades ilicitas de extracción y contrabando de oro y otros materiales a través de militares (Caminpeg) y guerrillas, bandas organizadas o los llamados sindicatos del oro.
Narcotráfico
Los diputados de la Asamblea Nacional también debatieron sobre las mafias relacionadas al narcotráfico que operan en todo el país. Juan Guaidó, quién es reconocido como mandatario interino por más de 50 países, aseveró que «la dictadura está tan aislada que pusieron de ministro del Petróleo, sin ningún tipo de conocimiento, a alguien que tiene recompensa por estar vinculado al narcotráfico y terrorismo», en referencia a Tareck El Aissami.
En marzo de este año, El Aissami fue acusado por tribunales de Estados Unidos de estar involucrado en actividades de narcotráfico y lavado de dinero, ofreciendo 10 millones de dólares por su captura. Ya el funcionario había sido sancionado por ese país por su relación dentro del régimen.
Guaidó se preguntó «¿quién va a confiar, qué empresa o banco va a confiar en alguna institución que esté dirigida por alguien señalado por narcotráfico y corrupción? No es con un puente aéreo Teherán – Las Piedras (Falcón) como vamos a recuperar confianza, por el contrario».
«Venezuela no ha estado en guerra, pero la dictadura destruyó el país. La dictadura ha preferido aliarse con el narcotráfico y terrorismo que atender la necesidad de nuestra gente», reiteró el mandatario.
Por su parte, el diputado José Luis Pirela dijo que las mafias terroristas que operan en el país lo hacen desde hace tiempo y con el respaldo absoluto de régimen de Maduro. «Durante los últimos cuatro años hemos denunciado actos de narcotráfico por parte del régimen hacia Europa, Suramérica y otras partes del mundo, hemos visto como permiten la actuación del ELN, Hezbollah, y otros», indicó.
A los investigados e involucrados en estos hechos les decimos que no nos amedrentan con las noticias falsas y les aconsejamos ponerse a derecho y responder por sus delitos, acotó Pirela.
Mientras, el parlamentario Ismael García señaló a altos funcionarios de instalar «diversos carteles en el territorio nacional, con la finalidad de traficar con droga y combustible como hemos visto que ocurrió en Paraguaná».
«En Falcón, hemos visto como hasta el Gobernador de ese estado ha sido señalado por dar concesiones en puertos para favorecer estas actividades, y también aparece implicado Douglas Rico, jefe del Cicpc«, sentenció.
También aparecen implicados el gobernador Rafael Lacava, su Secretario de Seguridad y jefes de la delegación del Cicpc en Carabobo, acotó García. «A todos ellos hay que investigarlos» pues entre los implicados «hay personas que responden a Diosdado Cabello, otros a Maduro y otros a Cilia Flores, todos tratan de parar las investigaciones, pero no van a poder realizarlo».
El parlamentario sostuvo que es de suma importancia «la creación de una comisión especial para llevar esta investigación al fondo, quienes usurpan el gobierno deben responder ante la justicia nacional e internacional».
Procurador rechazado
Entre los acuerdos aprobados por el parlamento venezolano, está el rechazo a la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) donde se «ratifica» a Reinaldo Muñoz como procurador general de la nación.
El diputado Omar Barboza (Un Nuevo Tiempo – Zulia) recordó que la designación del procurador se hace con un decreto presidencial y con aprobación de la AN, en base al artículo 187, numeral 14, de la Constitución.
También reiteró los acuerdos aprobados por la Asamblea Nacional en abril 2018 y diciembre de 2019, donde se rechazó la designación de Reinaldo Muñoz como procurador en calidad de encargado. Barboza dijo que «la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia solo puede tomar decisiones de hecho y no de derecho (…) Las decisiones de esta Sala tampoco son válidas para esta Asamblea Nacional debido a la forma en como se escogieron esos magistrados, nosotros rechazamos esa decisión y ratificamos la decisión que se tomó, en base al Estatuto de Transición, al designar a José Ignacio Hernández».
En el acuerdo aprobado por los diputados se ratificó que ninguna de las decisiones de la Sala Constitucional del TSJ a partir del 25 de diciembre de 2015 pueden ser consideradas válidas o vinculantes, debido a la forma de escogencia de sus magistrados.
Por ello, se señaló que la representación judicial y extrajudicial del Estado venezolano, incluso en arbitrajes, corresponde al procurador especial José Ignacio Hernández o los abogados designados por él. La AN también exhortó a las autoridades extranjeras competentes a designar las «sanciones correspondientes a Reinaldo Muñoz o los abogados designados por este debido a su colaboración con la usurpación».
La Asamblea Nacional también aprobó un documento en rechazo al anuncio hecho por el Ministerio de Educación sobre la culminación del período académico 2019-2020 a través de actividades escolares a distancia, debido a la cuarentena por la covid-19.
El acuerdo, presentado por Bolivia Suárez, señala que es fundamental consultar a la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) y a las Escuelas de Educación de las universidades nacionales y privadas, a las federaciones sindicales y organizaciones civiles de docentes, estudiantes, padres y representantes del sector educativo, a los fines de diseñar y articular un plan de apoyo inmediato a la educación básica en sus distintos niveles y modalidades.
Además, señalaron que una vez se superen las restricciones que impone la cuarentena por la covid-19, conjuntamente con las organizaciones civiles estudiantiles, magisteriales, de padres y representantes, se debe realizar una evaluación del plan y de las condiciones en que haya quedado el sistema educativo.
La AN también exigió que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) responda a las necesidades de la población escolar, de acuerdo con los niveles y modalidad de cada proyecto educativo y sea gestionado por los representantes de cada comunidad educativa y no por actores políticos.
