Audiencia Nacional de España admite denuncia contra Gustavo Petro por secuestro
El tribunal español aseguró que los delitos que serían «objeto de esta investigación solamente serían perseguibles en España previa interposición de querella por el agraviado o por el Ministerio Fiscal»
Un juez de la Audiencia Nacional de España admitió este lunes una denuncia contra el actual candidato a la presidencia de Colombia, Gustavo Petro, por el supuesto secuestro y asesinato de un periodista español, cuando este hacía parte de la desaparecida guerrilla M-19.
El juez Joaquín Gadea expone que, dado que la Fiscalía se ha opuesto a la admisión de la denuncia, «debe acordarse una inicial diligencia de investigación, en orden a ofrecer a los herederos de la víctima del secuestro, Fernando Gonzales Pacheco, la posibilidad de ejercer acciones penales» como querellantes.
La acusación, fechada el 19 de mayo, fue dada a conocer justo después de que Petro ganara el domingo la primera vuelta de las presidenciales colombianas, tras lo cual disputará el balotaje con el millonario Rodolfo Hernández el 19 de junio.
En este sentido, el magistrado determinó que para que se inicie la investigación deben cumplirse tres requisitos: que se compruebe con las autoridades colombianas que Petro no fue indultado, que se determine que Gonzales Pacheco efectivamente era español y que sus familiares decidan querellarse por este caso.
La denuncia fue introducida en marzo por François Roger Cavard, un abogado que en 2018 intentó sin éxito en Colombia anular la inscripción de la candidatura de Petro, alegando que no había sido amnistiado de delitos cometidos cuando perteneció al M-19, que depuso las armas en 1990.
En la Audiencia Nacional, Cavard acusó a Petro de crímenes de lesa humanidad, en tanto que «uno de los máximos responsables» de esa guerrilla urbana, que en sus años en activo habría cometido crímenes como «asesinatos selectivos», «ataques con explosivos», «masacres», «secuestros» y «torturas, tratos crueles y desapariciones».
La fiscalía española había pedido que se desestimara la denuncia al considerar que los tribunales españoles no tenían jurisdicción para investigarla.
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El texto presentado en la Audiencia española relata que al menos dos décadas (entre los años 70 y 80) desde el M-19 «emplearon de manera sistemática e indiscriminada distintos métodos de torturas» para «destruir» al «enemigo», entre ellos oponentes políticos, miembros de las Fuerzas públicas, periodistas, empresarios, personal diplomático y a altos funcionarios de los poderes públicos.
Unos hechos por los que, según el denunciante, a Petro «jamás se le ha llamado a rendir cuentas ante la justicia» y en la actualidad «tendría la consideración de ‘desmovilizado’ del grupo que integraba».
Con todos estos argumentos, observa el juez, «el denunciante trata de exponer que los hechos denunciados estarían en condiciones de enjuiciarse fuera de Colombia, al no haber sido investigados allí, pudiendo hacerlo al no ostentar el denunciado la condición de amnistiado o indultado».
No obstante, el juez advierte de que los delitos que serían «objeto de esta investigación solamente serían perseguibles en España previa interposición de querella por el agraviado o por el Ministerio Fiscal».
