Cierre de emisoras de radio afecta la libertad de expresión y DDHH de usuarios
Luisa Torrealba Mesa (Ininco), docente de derechos comunicacionales en la UCV, dice que históricamente, desde que Hugo Chávez estaba en el poder «ha habido una tendencia que cuando se aproximan procesos electorales se agudizan las restricciones de la libertad de expresión». Condena el cierre de emisoras de radio y la salida de circulación de más de 80 medios impresos en todo el país. «La información es fundamental para preservar otros derechos humanos. Si no tienes información se ven afectados severamente otros derechos porque no podemos tomar las decisiones de prevención para resguardar nuestras vidas»
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ha cerrado al menos 95 emisoras de radio en todo el país solo en lo que va de año. Los argumentos son la extinción de la concesión o supuestas irregularidades con la titularidad de esos permisos. Sin embargo, expertos en el área de las comunicaciones aseguran que los incumplimientos legales que pueden tener las emisoras no son su responsabilidad, sino del ente regulador.
Carlos Correa, director de Espacio Público, explica que más de 80% de las emisoras que funcionan en el país no tiene la titularidad al día. Luisa Torrealba Mesa, investigadora del Ininco (Instituto de Investigaciones de la Comunicación) y docente de derechos comunicacionales en la UCV, explica que en Conatel existe «una gran opacidad en relación a la situación del espectro radioeléctrico»; por lo que no se sabe cuántas emisoras operan en el país, cuántas están en procesos de habilitación, la fecha exacta del vencimiento de las concesiones y, resalta que, aunque hayan tramitado la renovación de las licencias, «no ha habido respuesta por parte de Conatel».
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Esta es la situación de decenas de emisoras y la de Eduardo Jaime, dueño de la emisora FM Bahía 102.5, que transmitía en la ciudad de Cumaná, estado Sucre, pero que fue cerrada a mediados de octubre tras una llamada de Conatel. «Me llamó la representante regional de Conatel por teléfono y me dijo que apagara la emisora. Sin documento, sin papel, sin una carta; nada. Dijo que los papeles no estaban en regla y, ciertamente, no los tenemos en regla porque hay muchas dificultades con Conatel», explica.
De la misma manera, Jaime denuncia que además de las dificultades para renovar la concesión se les exige presentar un proyecto por el que deben cancelar entre 7.000 y 10.000 dólares (a gestores de Conatel), pero sin garantía de la concesión, pero se interroga: «¿Cómo un medio del interior de la república va a pagar ese monto? No facilitan las cosas, es una culpa compartida, pero Conatel no hace lo necesario para facilitar el orden».
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Al respecto, la profesora Torrealba reporta que cuando se solicita la concesión, Conatel comienza el procedimiento para cobrar los impuestos establecidos en la ley; por lo que «se supone que si te cobran impuestos es una señal de que el proceso está avanzando positivamente, porque si la respuesta fuera negativa —que no se va a autorizar la concesión— no deberían cobrar impuestos».
Lo que ocurre con la mayoría de las emisoras de radio cerradas en los últimos años es que pagan impuestos y Conatel las cierra alegando que están usando ilegalmente el espectro radioeléctrico, que no están habilitados, especifica Torrealba.
«Entonces, realmente hay una gran opacidad en relación a todo lo que tiene que ver con los procesos de otorgamiento de las concesiones y una gran opacidad por parte de Conatel en relación al estatus del espectro radioeléctrico», expone Luisa Torrealba.
De la misma manera, la investigadora de Ininco dice que Conatel ha ido «sofisticando» los mecanismos de actuación con relación a los medios porque ya no se envían exhortos de manera escrita, no se mandan cartas sino únicamente «hay llamadas telefónicas a los directivos de los medios con la que se les insta a autocensurarse. Se les prohíbe hablar de determinados temas y los medios acatan esa prohibición telefónica verbal —que no deja ningún rastro porque no está por escrito— por temores a que les retiren la concesión. Esta es una política contraria a los derechos», esclarece la docente.
Afectación a los DDHH
Luisa Torrealba Mesa recuerda que el espectro radioeléctrico es de dominio público, pertenece a todos, y el Estado lo único que debe hacer es administrarlo y «garantizar la pluralidad del espectro».
No obstante, asegura que el cierre de las emisoras es «muy preocupante» sobre todo para las personas que viven en el interior del país que usan la radio como medio por excelencia para informarse. «Cuando se cierran canales de información, se reduce significativamente la opción que tienen los ciudadanos para elegir por dónde documentarse», dice.
La investigadora agrega que, en medio de una situación de emergencia humanitaria compleja como la que atraviesa el país, la situación delicada por las lluvias torrenciales y la pandemia, cuando no hay información oportuna, libre y existen restricciones para informarse y tomar decisiones cotidianas —como qué vía de traslado usar o por quién votar en medio de unas elecciones— son múltiples los derechos humanos que se vulneran.
«La información es fundamental para preservar otros derechos humanos como la vida y la salud. Si no tienes información se ven afectados severamente otros derechos porque no podemos tomar las decisiones de prevención para resguardar nuestras vidas. Entonces, es muy grave porque la gente no tiene cómo decidir o prevenir».
Marco Ruiz, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), precisa que el cierre de las emisoras no solo afecta el ejercicio profesional de los trabajadores de la prensa sino que va más allá: «La radio es un servicio público; estamos hablando de una afectación del derecho a la información, a la libertad de expresión, a la educación, al entretenimiento», enumera.
Por otra parte, Luisa Torrealba agrega que, históricamente, desde que Hugo Chávez estaba en el poder «ha habido una tendencia que cuando se aproximan procesos electorales se agudizan las restricciones de la libertad de expresión» y sostiene que en el país, en los últimos años, «hay una orientación enmarcada de silenciar cualquier voz crítica o que informe sobre lo que realmente ocurre en el país porque es indicio de pluralidad».
Al cierre de las emisoras, Luisa Torrealba le añade la salida de circulación de más de 80 medios impresos en todo el país. «Cada vez son menos los canales con los que cuentan los ciudadanos para informarse y eso es muy grave, pues la libertad de expresión es la piedra angular de la democracia y si se cercena este derecho, se restringe el derecho de quienes trabajan en estos medios de expresarse, pero de la ciudadanía, en su conjunto, de tener información».
¿Emisoras clandestinas?
La Cámara Venezolana de la Radiodifusión dijo en un comunicado fechado el 1 de noviembre que «prácticamente la totalidad de las emisoras de radios cerradas por Conatel son clandestinas, según informaciones recibidas y confirmadas por el organismo oficial» y añade que estas son «gravemente perjudiciales para las legalmente establecidas porque interfieren las señales de otras estaciones».
Sin embargo, Luisa Torrealba recuerda que cuando se habla de clandestino es porque se está explotando ilegalmente el espectro radioeléctrico; pero dice que en el caso de las emisoras de radio existe una «contradicción», porque presentaron sus recaudos, están a la espera de respuestas por parte de Conatel y, además, están pagando impuestos de telecomunicaciones. «No es exactamente que estén en un marco de clandestinidad o ilegalidad», afirma.
«En cambio, en los estados fronterizos se ha reportado que existen emisoras de radio vinculadas a grupos armados irregulares de Colombia y se escuchan perfectamente en zonas fronterizas. ¿Quién le ha permitido a estas emisoras que están con grupos armados ilegales transmitir?, ¿por qué no hay una actuación contra estas emisoras?», son algunas preguntas abiertas que deja la investigadora Luisa Torrealba Mesa.
En 2016, cuando la oposición controló con mayoría calficada la Asamblea Nacional, Enza Carbone, entonces presidenta de la Cámara de Radio, denunció que el gobierno permitía el funcionamiento de 1.500 emisoras «piratas» que «invaden el espectro, no pagan impuestos y, como no tienen control, dicen lo que quieren violentando principios de la comunicación», afirmó en una comparecencia ante la Comisión Permanente de Medios de Comunicación.
Carbone precisó que esas emisoras que funcionaban sin los permisos legales se camuflaban como emisoras «comunitarias» difundiendo mensajes a favor del gobierno. Para esa fecha, 2016, alertó que más de la mitad de las 400 emisoras legales afiliadas al gremio estaban «en el limbo jurídico», pues tenían vencidos los permisos y el Gobierno no daba respuesta.
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