Claudio Grossman: El asesinato de Fernando Albán es una herida abierta
La viuda del concejal de Primero Justicia Fernando Albán aseguró que el informe de la Misión de Verificación de Hechos sobre Venezuela «ratifica todo lo que nosotros hemos pensado desde un principio: Esto fue un asesinato, no fue un suicidio»
El abogado y decano chileno Claudio Grossman, presidente del Instituto Iberoamericano de Derechos Humanos, aseveró que el «asesinato impune» del exconcejal del municipio Libertador Fernando Albán es una «herida abierta» que deja en evidencia la sistematicidad de las violaciones de DDHH en el país.
El caso del dirigente de Primero Justicia es uno de los evaluados por la Misión Independiente de verificación de Hechos sobre Venezuela, que el pasado 16 de septiembre emitió un duro informe donde se vincula a altas autoridades venezolanas, entre ellas Nicolás Maduro, con delitos y crímenes de lesa humanidad.
«Cuando hay tortura, algunos Estados lo que hacen es acusar a los involucrados en un delito menor. Aquí (caso Albán) lo vimos casi como una confesión pública. A los custodios de Fernando los condenan por no haber cumplido con sus delitos de vigilancia. Aquí lo rebajaron con un tema menor, consistente con zanjar este tema como un suicidio, pero es casi una confesión de culpabilidad. La familia no tuvo acceso al expediente, les fue negado la defensa», indicó el abogado.
Durante una rueda de prensa, en la cual estuvieron presentes Meudy Osío de Albán, viuda del concejal, y su abogado Ramón Aguilar, el profesor dijo que en este caso y otros no se cumplieron con varias de las obligaciones internaciones que tienen los Estados, como la prevención, «y esto implica tomar medidas positivas para resguardar a los prisioneros desde el momento de su detención hasta su liberación».
El también integrante de la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas recordó que «el derecho no es una cosa para que la utilicemos cuando queramos», al tiempo que aseguró que «este asesinato impune es una herida abierta, no se va a barrer debajo de la mesa. Con el impulso de su viuda, sus familiares, los familiares de las víctimas van a seguir reclamando verdad y justicia».
También se refirió al informe de la Misión y señaló que se demuestra la combinación de violaciones masivas y sistemáticas, que se dan en el marco de un ataque generalizado a la población civil. «El informe hace mucho en esa dirección, de demostrar quer hay una responsabilidad de las autoridades superiores, en configurar que el asesinato de Albán fue en el marco de la represión contra la población de un país».
Meudy Osío de Albán, viuda del dirigente de Primero Justicia, también dijo que el informe «habla de que es sistemático lo que ha pasado y lo que está pasando en Venezuela, no solo en el caso de Fernando. Que sea sistemático todos estos casos de violación de derechos humanos lo hacen un crimen de lesa humanidad».
Además, considera que es «un avance importante que se haya determinado y puntualizado en el caso de Fernando todos los hechos de manera cronológica, desde su detención arbitraria hasta su muerte, es un avance bien importante en el caso, además de las evidencias que se presentaron y que no puede asumirse que fue un suicidio».
«Este informe ratifica todo lo que nosotros hemos pensado desde un principio: Esto fue un asesinato, no fue un suicidio y todos los funcionarios del Sebin, incluyendo su cadena de mando, son responsables», sentenció Osío de Albán.
Por su parte, el abogado Ramón Aguilar, quien ejerció la defensa del concejal y tuvo que huir del país debido a persecución, señaló que este documento «es muy relevante, significativo, porque avanza a diferencia de los informes anteriores, porque no solo recoge denuncias, es un informe de determinación de hechos, que tiene naturaleza probatoria».
También indicó que insistirán en la búsqueda de justicia para el concejal. Recordó que existe una solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar la muerte de Albán y se ordene una medida cautelar que les permita exhumar y extraditar el cuerpo del concejal, con el objetivo de realizar una autopsia independiente fuera de Venezuela.
Aguilar dijo que la CIDH debería aprovechar estas pruebas y las utilicen para avanzar en el caso. «A veces la justicia internacional no es tan expedita como nosotros queremos, pero creo que hemos avanzado (…) En el caso de Fernando Albán se identifican a los comisarios, los funcionarios actuantes, pero también existe una cadena de mando».
El abogado tildó a Tarek William Saab, fiscal nombrado por la constituyente, como un «encubridor» porque se negó a llevar las investigaciones correspondientes y hacer los protocolos necesarios para investigar la muerte del concejal, hecho ocurrido el 8 de octubre de 2018, bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y antes de ser procesado por tribunales.
