Colapso de procesadoras públicas de harina de maíz contrajo la oferta
Buena parte de la escasa producción del alimento de empresas controladas por el Estado se incluye en cajas y bolsas de los CLAP, de acuerdo con funcionarios y un sindicalista
Veinte años de un gobierno que promovió -y aun lo hace- el modelo productivo socialista como panacea del desarrollo que llevaría a la población a la “suprema felicidad social”, condujeron al país a afrontar niveles de escasez sin precedentes y estadios de inflación hasta ahora desconocidos por los venezolanos.
De hecho, desde que Nicolás Maduro asumió la Presidencia en abril de 2013, la mayoría de los venezolanos tuvo que despedirse de la variedad de marcas y de presentaciones de alimentos que que acostumbraba consumir y conformarse con los escasos productos que se consiguen, a veces incluso solo en el mercado negro; ello sin mencionar que se han visto obligados a perder horas en colas para adquirir bienes de primera necesidad.
Uno de los alimentos que prácticamente desapareció fue la harina de maíz precocida, una realidad dura para el consumidor, pues Venezuela es considerado uno de los países con más ingesta de maíz per cápita. Arepas (considerada como plato emblemático), empanadas, hallacas, cachapas, hallaquitas, bollos y muchas otras comidas preparadas con este cereal, hablan de la alta dependencia de la cocina criolla del maíz.
Antes de la llegada al poder de Maduro se conseguían en el mercado aproximadamente unas once marcas de harina de maíz: PAN (en diferentes presentaciones), Demasa, Juana (y sus variedades), Ricamasa, Doña Emilia, Venezuela Socialista, Lucharepa, Maizkel y Suave Masa, entre otras; aunque el predominio ha sido siempre de la elaborada por Alimentos Polar. Seis años después, prácticamente la única que se encuentra en supermercados y abastos es la Harina PAN, cuya productora posee cerca del 48% de la capacidad instalada en el país.
“¿Dónde están las otras marcas? Nosotros con 48% de la capacidad es imposible que podamos abastecer 100% del mercado. Nos encanta que la preferencia sea hacia la marca PAN por su calidad y porque da sentimiento de pertenencia, pero nosotros no podemos sustituir nunca la responsabilidad enorme que tienen los otros participantes, siendo el Estado, el sector público, el más importante”, dijo en mayo de 2013 el presidente de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza.
En efecto, desde hace más de seis años no se ve en el mercado ni rastro de la producción del sector público, que cuenta con 41% de la capacidad instalada para elaborar harina de maíz en el país, dividida en Pronutrico (6%), nueve plantas iraníes (5%), Proarepa (8%), Monaca (15%) y Demaseca (7%).
“El gobierno montó una veintena de pequeñas empresas productoras de harina que no han servido para nada. Muchas de esas empresas están en pueblos donde no hay agua potable, luz, gasolina ni transporte, además que la tecnología de sus plantas es iraní, nada comparado con la italiana, suiza y alemana que tienen empresas privadas”, expresó Celso Fantinel, primer vicepresidente de Fedeagro.
Proarepa y Pronutrico del Grupo Pro tenían una capacidad de unas 500.000 toneladas métricas diarias de harina de maíz, pero tres años después de que Chávez las expropió la producción bajó a 30% de su capacidad instalada hasta paralizarse, según sus trabajadores”, dijo Fantinel
Comienza el declive
Sobran los ejemplos de cómo la vorágine expropiatoria del gobierno llevó al declive la producción de harina de maíz. En 2009, el fallecido Hugo Chávez nacionalizó las empresas Proarepa y Pronutrico, pertenecientes al Grupo Pro, consorcio liderado por Ricardo Fernández Barrueco, ligado a los bancos Canarias, Confederado, Bolívar y BanPro, involucrados en la crisis financiera de 2009.
Nueve años después de ejecutada la medida, en marzo de 2018 el oficialista gobernador del estado Portuguesa, Rafael Calles, indicó que las dos industrias producían unas 400 toneladas diarias de harina de maíz (unas 8.000 ton al mes), bastante por debajo de las 28.000 toneladas mensuales que procesaban al momento de la expropiación. Calles informó que parte importante de la manufactura va a las cajas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
En 2010, Chávez decretó la expropiación de la empresa Sociedad Mercantil Molinos Nacionales (Monaca), filial de la mexicana Gruma y productora de harina de trigo, harina de maíz, pasta de arroz, aceite y avena. La medida, publicada en la Gaceta Oficial 39422 de fecha 12 de mayo de 2010, fue tomada para la “consolidación de la capacidad de procesamiento socialista agroindustrial para la Venezuela del siglo XXI”.
En enero de 2013, Gruma reveló que había sido “despojada” del control de Monaca y que el gobierno chavista nombró “administradores especiales con amplias facultades” para la empresa. En julio de 2017, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) obligó a Venezuela a pagar a Gruma 489,9 millones de dólares por daños, intereses y gastos legales por la expropiación.
Un sindicalista de Monaca, quien solicitó el anonimato, reveló que la distribución de la producción de la empresa se divide en tres partes: una buena porción la toma el gobierno para venderla a precio subsidiado a través de las cajas CLAP, un porcentaje se comercializa en el mercado y una parte de la producción de harina de trigo se destina a las panaderías, grandes y artesanales.
Ana Carrasquero, investigadora del Observatorio de Derechos de Propiedad de Cedice Libertad, aseguró que la poca oferta de harina de maíz que hay en el mercado proviene de la producción del sector privado, a pesar de que la mayoría de las plantas procesadoras del alimento pertenecen al gobierno chavista.
Solo se consiguen marcas privadas, de Polar, La Lucha y de Asoportuguesa. Es importante darse cuenta de que en el país el mayor porcentaje de plantas procesadoras de maíz está en manos del Gobierno, y solo una pequeña parte le pertenece al sector privado. Entonces uno se pregunta por qué no hay oferta de esas plantas estatales”, dijo
La experta aseguró que tanto las empresas públicas como las renacionalizadas han demostrado que son una pérdida de recursos monetarios y que carecen de la capacidad de generar, de manera eficaz, productos para el mercado interno. “Después de la cantidad de centrales azucareros que se expropiaron, ¿por qué actualmente no se consigue azúcar con facilidad? Igual pasa con la cantidad de empresas de café”, expresó.
Al final, el Estado contribuyó a la caída de la producción interna y generó un proceso de escasez de bienes de todo tipo, algo que no se había visto nunca en la historia de Venezuela, añadió la investigadora.
La ONG Transparencia Venezuela señalo en el informe Empresas propiedad del Estado en Venezuela que la dramática situación en el país -considerada como crisis humanitaria desde 2016-, es en parte responsabilidad de “la pésima gestión” de las empresas públicas de los sectores manufactura, agroindustrial y comercial. “El Estado cuenta con importantes empresas fabricantes de los rubros básicos que escasean en el país y en vez de aumentar la producción de los mismos, la ha disminuido”.
Proyectos fracasados
La puesta en marcha de las empresas estatales requería en principio la compra de los equipos y su instalación. En estos procesos de adquisición usualmente participaban empresas internacionales de los diversos socios comerciales de Venezuela; por ejemplo, la planta procesadora de maíz Juana Ramírez, La Avanzadora (Monagas), fue construida con aportes de tecnología iraní, de acuerdo con el libro Gestión en rojo, escrito por Anabella Abadi y Bárbara Lira.
“La instalación y puesta en marcha de la EPS (empresa de producción social) planta procesadora de maíz Juana Ramírez, La Avanzadora estuvo a cargo del Ministerio de Economía Comunal como resultado de un convenio de transferencia tecnológica con la República Islámica de Irán suscrito en diciembre de 2004. El proyecto pasó a manos de los consejos comunales de la zona, los cuales participaron en el proceso de postulación del personal. Los cursos de formación que duraban ocho meses abarcaban las áreas socio-política, agroproductiva, técnico-productiva, de distribución y corporativas”.
Fue inaugurada cuatro años después, el 27 de enero de 2008, en el municipio Cedeño del estado Monagas con una inversión de alrededor de 18 millones de bolívares.
Abadi y Lira señalan que al momento de su fundación, el coordinador de la planta Peter Angola, dijo que contaba con una producción diaria de 72 toneladas de maíz, de los cuales 47 se transformaban en harina precocida y 25 en subproductos. “Se calculaba que una vez que la infraestructura se encontrara a 100% de su capacidad, 1.404 toneladas de harina precocida de maíz amarillo servirían para abastecer mensualmente a mercados locales, a la red de distribución Mercal, Instituto Nacional de Nutrición (INN), Fundación Programa de Alimentos Estratégicos (Fundaproal), programa de gobernaciones, guarniciones militares, cooperativas del Frente de Alimentación, Fundación del Niño y otros planes sociales”.
Sin embargo, apenas un año más tarde, en diciembre de 2009, la planta tenía una capacidad de 30 toneladas por día, lo que representaba apenas 1,34% de la demanda nacional anual del rubro, añaden Abadi y Lira
Otro proyecto lanzado por el gobierno de Chávez fue la creación de la Venezolana de Alimentos La Casa, S.A (Venalcasa) que entre 2007 y 2013 inauguró 12 plantas .
En 2015, el general Julmer Yépez Castro, quien fungía como presidente de la estatal, supervisó las instalaciones de una planta ubicada en el estado Bolívar, donde manifestó su compromiso con el legado de Chávez: “Nuestra misión es producir alimentos de excelente calidad y debemos trabajar en función de mejorar los procesos productivos. Debemos sentirnos afortunados de tener una planta en San Francisco de La Paragua y de todas las plantas en el territorio nacional ya que son una huella imborrable del comandante supremo. Por aquí paso Chávez y dejó su legado”.
Dos años después el legado de Chávez fue destruido por su sucesor, Nicolás Maduro, quien ordenó la “supresión y liquidación” de cuatro empresas estatales de alimentos para “evitar el burocratismo y duplicidad de funciones”, entre ellas Venalcasa.
Contradictoriamente, el gobierno insiste en instalar más plantas procesadoras de harina de maíz, esta vez con capacidad de producir entre 10 y 20 toneladas métricas por día en cada municipio del país. Así lo propuso recientemente Luis Gonzáles, ingeniero del Instituto Tecnológico Venezolano del Petróleo (Intevep), quien estima que se debería incentivar la siembra de maíz en pequeñas parcelas de comunidades para garantizar la materia prima para esas plantas.
Sin insumos
El sindicalista anónimo de Monaca afirmó que las operaciones de las plantas de la compañía dependen casi totalmente de maíz importado dada la escasa producción nacional del rubro. Sin embargo, la adquisición en el extranjero también ha mermado por la falta de divisas. “Hay una dependencia del gobierno a las importaciones. También tenemos problemas con el material de empaque y actualmente pasamos por un conflicto laboral por el contrato colectivo”, añadió el trabajador.
Este año Fedeagro alerta que el sector apenas va a poder aportar 10% de los alimentos que necesita el país, lo que significa que Venezuela puede llegar a afrontar una escasez de 90% de rubros agrícolas tan prioritarios como el maíz. Ese bajo nivel de producción atendería la demanda de solo 1 de cada 10 venezolanos.
Al parecer ahora solo hay divisas para importar cajas CLAP, pero no para recuperar e incrementar la producción nacional”, dijo Fantinel
Para el ciclo de invierno –que inició el 1 de mayo en la mayoría del país– los productores disponen de semillas para sembrar entre 70.000 y 80.000 hectáreas de maíz blanco y amarillo, cuando en 2007 se cubrió la totalidad del consumo debido a que se cosecharon 2,4 millones de toneladas en 650.000 hectáreas sembradas.
Ana Carrasquero recordó que Fedeagro dio por perdido el ciclo de invierno, lo que reducirá fuertemente el consumo de maíz blanco. “El panorama es muy complicado, los reportes de los productores son terribles. Hablan de una crisis tremenda. No tienen insumos porque el gobierno, que tiene el monopolio de los suministros, dejó de importarlos. Tampoco cuentan con electricidad ni combustible. Algunos incluso botan la cosecha porque no la puede trasladar por la falta de gasolina. La maquinaria agrícola no funciona por este mismo problema. Estamos ante una tormenta perfecta, los productores están trabajando en las peores condiciones”.
