Conflicto guerrillero en la frontera de Colombia y Venezuela deja 117 muertos este año

La Defensoría del Pueblo informó que se registraron 64.783 personas desplazadas y 12.913 confinadas que no pueden salir de sus poblados debido al conflicto y exhortó al gobierno de Gustavo Petro a redoblar sus esfuerzos para garantizar la paz
El persistente conflicto en la frontera colombo venezolana entre la guerrilla del ELN y disidencias de las FARC acumula 117 homicidios y casi 65.000 desplazados en lo que va del año, informó el martes 6 de mayo la Defensoría del Pueblo.
Cuándo comenzó la crisis
La crisis comenzó el pasado 16 de enero cuando la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) lanzó una sangrienta ofensiva contra el Frente 33 de las disidencias de las FARC por el control del Catatumbo -región plagada de narcocultivos-, dejando a la población civil de zonas rurales bajo el fuego cruzado.
Las cifras del conflicto
De acuerdo con el informe de la Defensoria del Pueblo presentado en Cúcuta, entre el 16 de enero y el 28 de abril de 2025, se registraron 64.783 personas desplazadas y 12.913 confinadas que no pueden salir de sus poblados. En lo que va de año, el conflicto ha dejado 117 personas fallecidas.
Qué propuso Gustavo Petro
El presidente de Colombia Gustavo Petro anunció el fin de semana un acuerdo para instalar una «zona de paz» en Tibú, el municipio del Catatumbo con la mayor concentración de cultivos de hoja de coca del país.
Según la propuesta, los disidentes del Frente 33 se asentarán en esa zona y empezarán a desmovilizarse sin la presión de sus rivales, bajo el plan de paz del gobierno.
La propuesta de Petro es vista con precaución. «La Defensoría del Pueblo quisiera ser optimista respecto a este anuncio», sin embargo «podría, si no se toman las medidas necesarias, agravar la situación de riesgo» debido a que los disidentes seguirán armados, advirtió la titular de la Defensoría, Iris Marín.
Qué registró el informe de la Defensoría
En el informe titulado «El Catatumbo después de la crisis: desafíos en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario», la Defensoría advirtió que «continúa la situación de crisis y conflicto armado» y alertó sobre:
- Uso de drones explosivos y minas antipersonal cerca de escuelas.
- Agresiones contra comunidades indígenas y firmantes de paz.
- Uso de métodos de guerra no convencionales
- Agresiones directas a la población civil, tales como violencia sexual, trata de personas, reclutamiento forzado de menores, y ataques a líderes sociales y defensores de derechos humanos, especialmente en zonas rurales.
- Riesgo de expansión del Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país, hacia el Catatumbo.
En resumen
A un año y medio de dejar el poder, Petro no ha conseguido acordar la paz con ninguna de las organizaciones ilegales como prometió. El ELN, con unos 5.800 combatientes, afianzó su control en la región.
La Defensoría del Pueblo instó al Estado a redoblar sus esfuerzos institucionales y humanitarios para asegurar el retorno de las comunidades desplazadas y la protección de líderes sociales ante lo que considera «la peor crisis de derechos humanos» en el Catatumbo durante los últimos años.
Con información de Swissinfo.ch/90minutos.co
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