Conindustria rechaza ley antibloqueo y manifiesta preocupación por «reprivatizaciones»

La nula transparencia aupada por la propia ley, que se arropa en la «confidencialidad» para ocultar información, acaba por irrespetar los derechos de defensa de la propiedad de los legítimos dueños de compañías expropiadas por el chavismo que ahora pretenden ser reprivatizadas, denuncia Conindustria

La Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) publicó un comunicado en rechazo a la ley antibloqueo, recientemente aprobada inconstitucionalmente por la ilegítima asamblea constituyente, debido a sus «ilimitados» poderes, que lejos de recuperar la producción venezolana, parecen asentar las prácticas que han llevado a la crisis productiva que padece el país.

Aunque el instrumento es anunciado por el oficialismo como un mecanismo para evadir sanciones y enfocarse en un «desarrollo armónico de la economía nacional», con la promesa de generar fuentes de empleo y elevar el nivel de vida de la población, a los industriales privados, que han sufrido las consecuencias de las políticas económicas del chavismo, les parece que la ley provocará todo lo contrario.

«Tal objetivo luce totalmente distanciado de las causas que han originado la realidad actual de crisis. Durante más de dos décadas, a través de otras regulaciones de carácter legal, impositivo y fiscal, ha ido incrementándose la hegemonía sobre el sector productivo, acorralando la libertad empresarial y poniendo freno a las libertades económicas expresadas en nuestra Carta Magna», denuncian.

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A juicio del gremio y sus representados, la ley antibloqueo constituye una muestra más de la violación de los derechos del sector privado y podría incluso significar un peligro para la existencia de la propiedad privada.

«La propiedad privada sigue estando en peligro de extinción. Y con ella los sueños de millones de ciudadanos que tienen en el sector privado, especialmente en la industria, su principal y única fuente de sustento. Como venezolanos y como empresarios, nos preocupa el destino de este país y el de sus habitantes», insisten.

Concretamente llaman la atención sobre uno de los ejes principales del instrumento, la propuesta de «reprivatizar» las empresas que la misma gestión chavista expropió en el pasado. La nula transparencia aupada por la propia ley, que se arropa en la «confidencialidad» para ocultar información, acaba por irrespetar los derechos de defensa de la propiedad de los legítimos dueños de las compañías en cuestión.

Por encima de todo, Conindustria resalta la naturaleza supraconstitucional del instrumento legal, que tiene la capacidad de «saltarse todas las vías y canales regulares que suponen sus límites y controles, poniéndose por encima del ordenamiento jurídico vigente».

Por estos motivos, rechazan contundentemente la aprobación de la ley e invocan su nulidad bajo la advertencia de que su aplicación podría ser contraproducente para la nación y las empresas nacionales. «Con su aprobación, se da una estocada más a la libertad económica en Venezuela», subrayan.