El cangrejo Ballestas, por Teodoro Petkoff
Desde hace dos años venimos sosteniendo que el peor handicap que tiene este gobierno es su tremenda incapacidad administrativa, su muy escasa destreza para manejar el día a día de la administración pública. Continuamente se le escapan rolincitos entre las piernas. Muchos de sus ministros ni siquiera saben todavía dónde quedan los baños de su ministerio. Buena muestra de esta incapacidad la proporciona el caso Ballestas. Por un lado, encontramos actuaciones policiales de las que sus superiores se enteran casi por casualidad. PTJ y Disip, a su vez, están descoordinadas. Los tres ministros involucrados en el caso (Rangel, Miquilena y Dávila) no han podido ni siquiera concertar sus declaraciones para ofrecer una versión única del asunto. Este peloteo, en el cual cada uno de ellos dice que le pregunten a los otros dos, ha transformado este caso en un cangrejo político, que ha dejado muy malparado al gobierno. Ahora bien, esta rochela de los ministros lo que revela, precisamente, es que en relación con Colombia no existe una política. Si existiera, sabrían qué hacer.
Dicho esto, hay que puntualizar algunas cosas. En primer lugar, la pretensión de la policía colombiana de que Ballestas les fuera entregado sin más ni más es inaceptable. La PTJ no podía actuar como si se tratara de un delincuente común, sino que debió entregar el caso a la instancia política, que es el ministerio. ¿Por qué? Porque Ballestas es un perseguido político y su entrega a las autoridades vecinas sólo procede por la vía del cumplimiento de los trámites de la extradición y de los criterios que establece la legislación sobre el asilo político. En este sentido, Provea, ONG a la cual nadie acusará de «subversiva», actuó muy pertinentemente al impedir la entrega de Ballestas al DAS.
Aquí hay gente que sostiene que Ballestas es un delincuente común, con el cual no se deben tener miramientos, y ven en el caso una muestra más de la conchupancia entre Chávez y la guerrilla. No es tan fácil. Este no es un problema de «buenos» y «malos», en el cual los «malos» por definición serían los guerrilleros. Por este camino difícilmente podríamos desde aquí contribuir a que los colombianos encuentren el camino de la paz. La violencia colombiana tiene raíces muy hondas en su propia historia, y si vamos a pasar por este «intercambio de prisioneros», de señalar culpas mutuas, podemos llegar a un impasse. Allá nadie puede lanzar la primera piedra. ¿La guerrilla tiene vínculos con los narcos? Toda la sociedad colombiana los tiene, incluidas sus Fuerzas Armadas. ¿La guerrilla masacra campesinos? El ejército y la policía de los vecinos tienen uno de los peores récords del mundo en materia de atropello a los derechos humanos, según lo registran organismos como Amnistía Internacional y el propio Departamento de Estado. ¿La guerrilla secuestra? Las Fuerzas Armadas arman y utilizan a los paramilitares, que son peores. Así podríamos seguir hasta el infinito, sin ningún otro resultado que el de enconar las heridas. Para nosotros allá no hay ni «buenos» ni «malos» sino colombianos, que después de medio siglo de matarse entre sí, están tratando de alcanzar un acuerdo de paz. En ese medio siglo ambos bandos han cometido toda clase de atrocidades, pero si ahora Pastrana y Tirofijo pueden abrazarse, nuestra apuesta es a que ese proceso de paz coja vuelo y termine bien. Si hay paz en Colombia, habrá tranquilidad en nuestra frontera. Si la guerra se incrementa allá, nuestra frontera será ingobernable. Por eso, no nos cansaremos de insistir en que desde Venezuela no podemos dar a las fuerzas en conflicto un tratamiento distinto al que ellas se dan entre sí cuando se sientan a negociar, para lo cual han debido dejar de lado los mutuos memoriales de agravios. Allá la agenda no es sobre el pasado sino sobre el futuro, sobre el país que quieren.
Después de toda esta comedia de equívocos que ha protagonizado el gobierno, el caso ha llegado al punto donde debió haber estado desde el comienzo. Ballestas está bajo vigilancia policial, el gobierno colombiano solicita su extradición y el gobierno venezolano deberá decidir sobre ello, conforme a la legislación internacional existente sobre la materia.
