Recientemente se ha reavivado la ya vieja controversia existente entre Venezuela y Guyana a propósito del territorio Esequibo. Guyana pretende extender el límite exterior de su espacio marítimo y plataforma continental hasta las 350 millas de su costa, desde las 200 que actualmente posee.
El planteamiento guyanés carece de pertinencia porque en tanto no sea resuelta completa y satisfactoriamente la controversia existente entre ambos países sobre el territorio Esequibo, asunto claramente establecido en el Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1977, suscrito por ambos países y el cual reconoce expresamente la existencia de una controversia entre nuestros dos Estados con respecto a los límites entre ambos, ninguno de los dos puede proceder unilateralmente a tomar decisiones sobre las fronteras terrestres y marítimas.
En consecuencia, la afirmación guyanesa, para justificar su decisión, de que “no hay disputas en la región” sencillamente no corresponde a la verdad y el gobierno vecino no puede proceder tal como lo hizo.
Ahora bien, siendo evidente que nuestro reclamo es históricamente justo, puesto que fuimos despojados de ese trozo de nuestro territorio a la brava por el Imperio británico, el reclamo sobre la parte continental del territorio Esequibo no puede hacerse sin tomar en cuenta que ahora Guyana es un país independiente y no Colonia británica y que la aspiración a recuperar todo lo que nos fue arrebatado corresponde al 75% del territorio guyanés, de modo que de darse ello significaría la virtual desaparición de Guyana como país.
Por ello el asunto debe ser ubicado en el contexto histórico del siglo transcurrido desde el arrebatón y de las circunstancias que derivan de hechos cumplidos.
Casi todas las fronteras en el mundo se han movido. Es como si Colombia reclamara hoy la devolución de Panamá o México la de California, Arizona, Nuevo México y Texas.
El reclamo, tiene, pues que ser realista, pero, y esto es fundamental, Guyana no puede ignorarlo y tampoco cerrarse a una solución, realista, sí, y no abusiva de nuestra parte, pero que reconozca derechos venezolanos sobre una porción, no muy grande, por cierto, del territorio Esequibo, que, ante todo, garanticen la salida venezolana al Atlántico.
Pero independientemente del litigio existente, Venezuela tiene una fachada marítima directamente sobre el Atlántico en la zona del Delta del Orinoco, no discutida por ningún país y cuya zona económica exclusiva y plataforma continental ya han sido delimitadas, mediante tratado, con Trinidad-Tobago. Sin embargo, la delimitación de fronteras marítimas entre Venezuela y Guyana sigue pendiente y debe ser dirimida mediante negociaciones que involucran también la masa continental.
El tratado entre Guyana y Barbados, que pretende hacerlos países vecinos, cosa absurda geográficamente hablando, no puede ser aceptado por Venezuela porque crea una “cuña” en la proyección marítima de nuestra masa continental hacia el Atlántico. Rechazar ese tratado es vital, para poder avanzar hacia una solución satisfactoria. Nadie puede asegurar sus derechos a costa de los nuestros.
Finalmente, Venezuela está en desventaja al no formar parte de la Convención del Derecho del Mar. La jurisprudencia en esta materia ha evolucionado de manera favorable a nuestros intereses.
El gobierno debería firmar y ratificar esa Convención, cuya importancia es cada vez mayor, dadas las crecientes implicaciones ambientales y económicas de los territorios marinos y submarinos.
