El último mandato sobre la visita de relatores de la ONU al país lo tiene Maduro
Al menos 12 relatores independientes de Naciones Unidas, y dos Grupos de Trabajo, han hecho solicitudes al Estado venezolano para constatar la situación del país en el terreno. La administración de Nicolás Maduro solo ha permitido la visita de dos procedimientos especiales, cuyos informes han sido duramente cuestionados por la sociedad civil
El 21 de junio de 2019, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, culminó una breve visita al país para constatar la situación de crisis humanitaria y política en el terreno. La expresidenta de Chile, al igual que cualquier funcionario de la ONU que pretenda ingresar a Venezuela, recibió el visto bueno de la administración de Nicolás Maduro y emitió un informe que no gustó tanto a los mencionados.
En su declaración final, Bachelet dijo que tenían “el compromiso expreso del Gobierno para llevar a cabo una evaluación de la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura y para determinar los principales obstáculos en el acceso a la justicia en el país”.
Además, el Ejecutivo liderado por Maduro se comprometió en ese entonces a trabajar para permitir un acceso más amplio a los distintos mecanismos de derechos humanos, incluidos los expertos independientes de Naciones Unidas conocidos como relatores especiales. Ese compromiso incluía establecer un calendario de diez visitas de los relatores en los próximos dos años.
Los relatores o procedimientos especiales de la ONU son mandatos para presentar informes y asesorar sobre derechos humanos que ejecutan expertos independientes en la materia, desde una perspectiva temática o en relación con un país específico.
Venezuela es de los pocos países de la región de las Américas que no tiene una invitación permanente a los mecanismos temáticos de la ONU, es decir que puedan visitar el país sin investigación individual, indica Calixto Ávila, representante de Provea ante el sistema de Naciones Unidas.
Desde 2017, según información de Provea, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias había solicitado ingresar al país, además de los relatores especiales sobre ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias; la independencia de los magistrados y abogados; la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; y sobre la situación de los defensores de derechos humanos.
Además, hay otros relatores que también tienen mandato sobre Venezuela y tampoco han recibido la invitación para ingresar como el Relator Especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado, que se debía haber realizado en 2017 y hasta la fecha no ha obtenido respuesta.
Tampoco se ha respondido al Relator especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, que solicitó su ingreso al país en julio de 2019 y recordó dicha petición en 2020, al igual que el Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento; sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental (2018); sobre el derecho a la alimentación (2013); sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias (2014).
Otro de los Grupos de Trabajo que tiene un mandato sobre Venezuela por parte del Consejo de Derechos Humanos es el de Expertos sobre los Afrodescendientes, cuya invitación se cursó en 2017; al igual sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, cuyo recordatorio se hizo en abril de 2020.
Incluso el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos tiene un mandato pendiente desde 2013, y reiteraron su solicitud de ingreso en 2014 pero no ha sido respondida.
En el caso del Relator Especial sobre el derecho al desarrollo, existe una invitación cursada en 2017, y que fue ratificada en diciembre de 2019. El 21 de mayo de 2020 se hizo una solicitud de aplazamiento, por tanto está pendiente de su ingreso al país.
Los que han pisado Venezuela
Experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, Alfred de Zayas, estuvo en el país entre el 27 de noviembre de 2017 al 4 de diciembre de 2017. Produjo un informe sumamente cuestionado por diversas organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil, debido al desconocimiento de la situación real de campo en un año donde ya se había instalado una crisis humanitaria y existía una severa escasez de alimentos y medicinas.
En un informe de la ONU se menciona que “Al ser uno de los pocos titulares de mandatos de los procedimientos especiales a quien se concedió acceso a la República Bolivariana de Venezuela y al Ecuador, las expectativas de la misión eran muy grandes. Si bien el Experto Independiente no podía colmar las esperanzas de algunos sectores de la sociedad civil y respetar al mismo tiempo los parámetros establecidos en su mandato, escuchó sus quejas y transmitió sus preocupaciones a los relatores y grupos de trabajo competentes”.
La otra invitación que se ha extendido por parte de la administración de Nicolás Maduro a los Procedimientos Especiales de la ONU fue en febrero de 2021 a la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Alena Douhan.
En sus conclusiones, la relatora Douhan aseguró que tras la ronda de sanciones impuestas desde el año 2015 por los Estados Unidos sobre Venezuela, los derechos humanos de los venezolanos se han visto vulnerados. Expresó que las sanciones han exacerbado las situaciones económicas preexistentes y han afectado “dramáticamente” a la población, por lo que instó a EEUU, la Unión Europea y otros Estados con este tipo de medidas sobre Venezuela a que las levante.
La relatora Douhan también fue duramente cuestionada por la sociedad civil y organizaciones de derechos humanos debido a que consideran que prácticamente dejó a las sanciones como la única causa de la crisis económica en el país. Acceso a la Justicia incluso menciona que dicha presentación tiene “falta de rigurosidad” en sus datos, debido a discrepancias sobre migraciones.
Otros pendientes
Tanto relatores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela han solicitado al Estado venezolano que extienda su invitación y permita su entrada al país, con el objetivo de cumplir los mandatos que han hecho la OEA y la ONU para investigar violaciones de DDHH en el terreno.
En el caso de las relatorías de la CIDH, su última visita fue hace 18 años durante el mandato del expresidente Hugo Chávez. Desde entonces, tanto Chávez como Maduro han bloqueado el ingreso de esta organización aludiendo que es parcializado y que está alineado a los intereses de Estados Unidos.
Este 10 de marzo, la Misión de Determinación de Hechos (un mandato del Consejo de DDHH de la ONU) también reiteró su solicitud de ingreso al país. El abogado Francisco Cox resaltó que están dispuestos a ingresar a Venezuela para verificar la situación sobre detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y torturas apenas la administración de Nicolás Maduro les extienda la invitación.
