Enero cerró con 105 ataques a defensores de DDHH, según el CDJ
A través del informe Situación de las personas defensoras de derechos humanos en Venezuela – enero 2023, el CDJ advirtió que en el primero mes del año se mantuvo la política de estigmatización del Estado hacia organizaciones y personas defensoras de los DDHH. Indicó que se registraron ataques por detención arbitraria, intimidación y hostigamiento, ataques digitales y amenaza
El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 105 ataques e incidentes de seguridad durante enero de 2023 en Venezuela. De acuerdo con la organización no gubernamental (ONG) los hechos de amedrentamiento registrados durante ese mes revelan la sistematicidad de los patrones de agresión que hacen parte de la política de criminalización en contra de quienes defienden, exigen y promueven derechos.
A través de un informe el CDJ señaló que las agresiones en contra de la sociedad civil recrudecieron, producto de nuevas amenazas al espacio cívico y democrático, especialmente ante los avances del Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG, que la Asamblea Nacional (AN) 2020 aprobó en primera discusión el 24 de enero.
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«Se observa un aumento de la violencia institucional en contra de las personas y organizaciones defensoras, al calificarlas de enemigas, traidoras, desestabilizadoras, entre otras; y acrecentar el marco normativo restrictivo para dificultar aún mas sus labores en un entorno ya adverso y hostil», señala el informe publicado en la página web del CDJ
La ONG destacó que la estigmatización se mantiene como el principal patrón de agresión por parte del Estado (65 ataques), detención arbitraria (1), intimidación y hostigamiento (25), ataques digitales (1) y amenaza (10).
«Vemos con preocupación que el Estado venezolano avanza en sus esfuerzos para neutralizar la defensa, exigencia y promoción de los derechos en el país. Reiteramos que estas acciones en un contexto generalizado de violaciones de derechos humanos, emergencia humanitaria e impunidad que existe en el país son esenciales y necesarias y no deben ser criminalizadas u obstaculizadas de forma arbitraria y discrecional».
Ley contra las ONG
Con respecto a la aprobación del Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG, el Centro para los Defensores y la Justicia señaló que la aprobación de esta propuesta de Ley es una amenaza para la sociedad civil y para toda persona que desee ejercer el derecho a la libertad de asociación, con posibles consecuencias graves para las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos.
Argumentó que en el país ya hay regulaciones al funcionamiento y existencia de las ONG, por lo que una ley de esta naturaleza no solo resulta innecesaria, sino también perjudicial para su trabajo legítimo.
«El texto se caracteriza por tener una redacción ambigua e imprecisa, lo cual incrementa el riesgo de ser interpretada con un amplio campo de discrecionalidad. Asimismo, en la exposición de motivos se refleja el lenguaje característico de la tesis del enemigo interno orientada a la protección de la Seguridad Nacional ante la posibilidad de la intervención e injerencia extranjera. Mismo lenguaje que ha sido utilizado en otras legislaciones restrictivas en Venezuela», añade el informe.
