EsPaja | ¿Son legales los puntos rojos que despliega el oficialismo en elecciones?
Los llamados puntos rojos son puntos de control político en los que el oficialismo, además de hacer propaganda abierta al candidato de gobierno en la fecha de la elección, coacciona a los electores, según han constatado diversas organizaciones, incluso la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea. El mecanismo no está permitido en la ley, pero se ha dispuesto (desde el CNE) que esos puestos se ubiquen a no menos de 200 metros de distancia de los centros de votación
Texto: Ligia Perdomo
Entrevistado por Margarita Oropeza para el programa Abriendo puertas, transmitido por Venevisión el 23 de junio de 2024, el diputado a la Asamblea Nacional Francisco Torrealba indicó que para la jornada electoral del 28 de julio se desplegarán los llamados puntos rojos. ¿Son legales o no? Aquí te lo decimos.
Declaración desde el minuto 17:11 hasta 18:34.
En la entrevista Oropeza señaló que «los puntos rojos han generado mucha polémica en el pasado. La oposición ha denunciado que es ventajismo para el gobierno. ¿Va a haber puntos rojos en este proceso del 28 de julio?». Y Torrealba respondió lo siguiente:
«Claro, donde nosotros podamos tener gente congregada para asegurar los niveles de organización que den participación. Tú le puedes poner punto rojo, nosotros dijimos que no tenemos problemas con el color. Lo que no se le puede impedir a la gente es que se organice para ir a votar. O sea, eso no es delito ni está reñido con las leyes venezolanas (…) Con puntos rojos o sin puntos rojos lo importante es que la organización popular se movilice y participe y en este caso nosotros estamos asegurándonos de que nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela, los partidos del Polo Patriótico, todos los movimientos sociales que respaldan la reelección de Nicolás Maduro estén presentes el 28 de julio en la elección, desde el momento de instalación de la mesa, en el proceso de auditorías posteriores a la votación. Es decir, que en todo momento esté participando el pueblo».
Ciertamente no es un delito ni está reñido con las leyes venezolanas que los ciudadanos se organicen para participar en un proceso de votación, pero instalar puntos rojos durante la fecha del sufragio para promover la candidatura oficialista y coaccionar al elector, sí va en contra de lo establecido en la Ley Orgánica de Procesos Electorales y su reglamento general.
En la entrevista, Oropeza no precisa sobre el funcionamiento de los puntos rojos y el diputado se limita a señalar que es una forma de organización para garantizar la participación ciudadana. El mandatario nacional Nicolás Maduro los rebautizó como «puntos tricolores» de cara a los comicios presidenciales del 20 de mayo de 2018. Aunque no es el tricolor el que se exhibe precisamente, se han observado toldos blancos y cambios en sus estructuras para que a primera vista no sean ubicados como «puntos rojos».
«En la mayoría de las localidades se hizo propaganda en los alrededores de los centros, principalmente a favor del oficialismo en los puntos rojos», se lee en un reporte del Observatorio Electoral Venezolano (OEV) tras el simulacro, en el mes de noviembre, de las elecciones municipales de diciembre de 2018.
Esta práctica proselitista está prohibida en la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre), tanto en su artículo 75: «no será permitida la propaganda electoral que se produzca fuera del lapso de la campaña electoral establecido por el Consejo Nacional Electoral», como en el 76 que: prohíbe la fijación de carteles, dibujos, anuncios u otros medios de propaganda electoral en algunas instalaciones.
«Pese a la prohibición, este comportamiento se ha incrementado en los últimos tres procesos de 2017: en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, la elección de gobernadores y de alcaldes (tras registrarse en 80,5% de los centros observados en este último proceso). El mismo ha sido promovido especialmente por voceros gubernamentales y dirigentes del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Esta dinámica fue perfeccionada por el partido gobernante de forma sistemática con la denominada ‘maquinaria roja’, que incluye la instalación de puntos rojos, las listas 1×10 y la verificación del Carnet de la Patria», sostiene el OEV en su reporte de 2018 sobre la presencia de los puntos rojos.
La compra de votos en los «puntos rojos»
Los puntos rojos son centros de control y coacción, han denunciado organizaciones nacionales e internacionales. La compra de votos mediante la entrega o promesa de entrega de un beneficio social «se perfeccionó durante la administración de Maduro y ha terminado mutando en un mecanismo de control social muy eficaz, gracias a figuras como el Carnet de la Patria y los puntos rojos», señala la ONG Acceso a la Justicia en un análisis de prácticas fraudulentas para ganar elecciones desde 2017, publicado en agosto de 2022.
«Desde las elecciones regionales y municipales de 2017 el oficialismo viene colocando puntos de control en las cercanías de los centros de votación, los llamados ‘puntos rojos’, donde los electores muestran sus Carnet de la Patria como prueba de que sufragaron y, por lo tanto, pueden recibir algunas de las asignaciones ofrecidas por el Gobierno. Este mecanismo obviamente representa una situación irregular que no garantiza la igualdad de condiciones en el ejercicio del voto, y, en consecuencia, afecta la participación libre y transparente de la ciudadanía en el proceso electoral, en especial vulnera el carácter secreto del voto, pues como se indicó, los ‘puntos rojos’ son un medio para presionar a los votantes a revelar sus votos», observa Acceso a la Justicia en su informe Elecciones en autocracia: el caso venezolano 2017-2021-
El artículo 126 de la Lopre indica que «ninguna persona puede ser obligada o coaccionada bajo ningún pretexto en el ejercicio de su derecho al sufragio», mientras que el artículo 289 del Reglamento General de la Lopre establece que el voto es secreto, libre y su ejercicio se garantizará frente a cualquier coacción o soborno.
A escasos dos días de las presidenciales de 2018, el candidato presidente Nicolás Maduro informó que los puntos rojos se ubicarían a 200 metros de los centros de votación (o más) para que haya coordinación de los jefes políticos de los candidatos en cada centro electoral. El 14 de mayo, en una reunión con representantes del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Plan República, Henri Falcón, uno de los candidatos de oposición que se mediría a Maduro, solicitó la eliminación de los puntos rojos, que indicó eran «puntos de manipulación y chantaje».
“No hay puntos azules para nosotros, estamos exigiendo que esta perversión de los puntos rojos tienen que ser eliminados… No pueden haber puntos rojos, azules ni multicolores, estamos pidiendo al CNE y la Fanb que impida la instalación de estos centros manipuladores de los ciudadanos por sus carencias”, dijo Falcón y reseñó en su momento Efecto Cocuyo.
*Lea también: Juan Carlos Caldera: El #28Jul no deben existir puntos rojos, ni azules ni amarillos
Sin embargo, el día de los comicios los puntos rojos se instalaron a menos de 200 metros. Incluso, como lo pudo constatar TalCual, algunos estaban dentro del centro de votación, como ocurrió en la Unidad Educativa Miguel Antonio Caro, de la avenida Sucre de Catia (Caracas). TalCual también observó que a las 8:00 am del 20 de mayo de 2018 había más gente en los puntos rojos que en la cola para votar (caso Colegio José Prudencio Padilla, de Los Frailes de Catia).
En un monitoreo de Twitter al proceso electoral regional de noviembre de 2021, hecho por EsPaja, se evidenció la presencia de los puntos rojos en las cercanías de los centros de votación en varios puntos del país, a menos de la distancia permitida.
En la Declaración Preliminar de la Misión de observación electoral de la Unión Europea, a propósito de esas elecciones regionales, se señala que la la jornada electoral se vio ensombrecida -entre otros puntos- por acusaciones de coacción a los votantes. «Los observadores de la UE fueron testigos de la instalación de dispositivos de control a los votantes por parte del PSUV (puntos rojos) en los 23 estados y en el Distrito Capital, a pesar de la prohibición explícita del CNE».
La distancia de los 200 metros que debe guardar un punto rojo desde el centro de votación no está establecida en ninguna ley o reglamento. «Esas acotaciones aparecen en el manual de mesas de cada elección», dijo a EsPaja Eugenio Martínez, periodista especializado en el tema electoral. Para los comicios presidenciales del 28 de julio, «el CNE aprobó el manual de mesas la primera semana de junio, pero todavía no lo ha difundido públicamente» (hasta el 28 de junio).
Los puntos rojos, en los que el oficialismo registra la participación de quienes los respaldan antes y después del acto del sufragio para no solo conocer cómo va la votación de su electorado, sino amedrentar a sus seguidores y desplegar los operativos de remate, en los que busca hasta en sus casas a electores que no han salido a sufragar.
Ni Margarita Oropeza ni Francisco Torrrealba indicaron expresamente cuál era el papel de los puntos rojos en las jornadas electorales, pero la presencia de estos puntos de control político (y social) están al margen de la ley. Y por el diputado de PSUV se tiene la confirmación de que este 28 de julio no será la excepción y los puntos rojos (o de cualquier otro color) del oficialismo serán parte de la jornada electoral.
