Excluyen a Venezuela del mapa de inseguridad alimentaria por “falta de datos”
Alrededor de 9.3 millones de venezolanos, un 32% de la población total, padecían inseguridad alimentaria y necesitaban asistencia, según la Evaluación de Seguridad Alimentaria de Emergencia del Programa Mundial de Alimentos
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) eliminó a Venezuela de su último mapa e informe, publicado el 28 de enero, sobre inseguridad alimentaria aguda para 2022 por “falta de datos”.
Acute hunger is expected to soar in over 20 hotspots in the coming months unless immediate action is taken warns a new joint @FAO–@WFP report.
Ethiopia, Nigeria, South Sudan and Yemen remain countries at the highest alert level: https://t.co/s5QH8OLGbN#fightfoodcrises pic.twitter.com/DRAIZVVVfK
— FAO in Emergencies (@FAOemergencies) January 27, 2022
Al igual que Corea del Norte, el PMA y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) no incluyeron a Venezuela como zona crítica de hambre “debido a falta de disponibilidad o escasez de datos actualizados sobre inseguridad alimentaria, que no permitía una evaluación comparativa basada en la metodología aplicada”.
Alrededor de 9.3 millones de venezolanos, un 32% de la población total, padecían inseguridad alimentaria y necesitaban asistencia, según la Evaluación de Seguridad Alimentaria de Emergencia del Programa Mundial de Alimentos.
De estos, 2.3 millones fueron considerados con inseguridad alimentaria severa y siete millones con inseguridad alimentaria moderada. El 6,3% de los niños menores de cinco años padecen desnutrición aguda, mientras que el 13,4% de los niños menores de cinco años tienen retraso en el crecimiento.
El pasado 25 de enero, la administración de Nicolás Maduro presentó algunas cifras sobre programas sociales referentes a alimentación durante el Examen Periódico Universal (EPU), una evaluación que hace el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas a sus miembros.
Según la administración Maduro hay 15 programas sociales para garantizar el derecho a la alimentación en los que se “invierte un promedio de $348.246.848 dólares americanos mensuales”. A pesar de ello, los países en el EPU hicieron 12 recomendaciones para ampliar estos apartados, aumentar su periodicidad y detener la discriminación.
En programas distintos al CLAP, se entregaron 72.095 toneladas de alimentos gratuitos a 7.703.436 personas, mientras que el programa CLAP “comprende la entrega mensual de alimentos no perecederos, con un subsidio de más del 99% de su valor, a más de siete millones de familias”.
La data oficial del Estado no sirve para crear políticas públicas del Estado, ni para orientar la asistencia humanitaria, y falsea el resultado del EPU.
Su data, no es pública, ni verificable y menos aún fiable. Es usada para su propaganda y decir que coopera en la ONU.
— PROVEA (@_Provea) January 31, 2022
Venezolanos en Colombia
La inestabilidad política, los desafíos de la economía y el impacto continuo de la crisis migratoria en Venezuela, amplificada por el desplazamiento interno, son fenómenos que deterioran la seguridad alimentaria en Colombia para la FAO y el Programa Mundial de Alimentos.
Según el Panorama general de las necesidades humanitarias de 2022, 7.3 millones de colombianos padecen inseguridad alimentaria y necesitan asistencia de este tipo; mientras que el 64% (1,1 millones) de los migrantes venezolanos en Colombia sufrían inseguridad alimentaria en julio de 2021, incluido el 14% en situación de inseguridad severa.
Actualmente Colombia alberga el mayor número de migrantes venezolanos en la región. Según cifras oficiales, para agosto de 2021, más de 1,8 millones de migrantes de Venezuela se reportaron en el país, a pesar de los cierres oficiales de fronteras entre los dos países que hubo hasta octubre de 2021.
Ahora que las fronteras están de nuevo abiertas y miles de migrantes obtuvieron un estatus temporal para poder estar en Colombia, la FAO considera que esto podría impulsar un mayor aumento de flujos migratorios en los próximos meses.
Por su parte, el gobierno colombiano pidió a la FAO que excluya al país de dicho informe pues «los contenidos en los que se menciona la situación de seguridad alimentaria en la República de Colombia no corresponden a la realidad nacional».
Según la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, el reporte no se «socializó» ni con las oficinas locales de esos organismos, ni con Bogotá, como es la costumbre para nutrir este tipo de documentos mediante retroalimentación y datos oficiales.
Destacó que no hacerlo «significa un ejercicio de futurismo especulativo» que ignora los «logros» locales y los mensajes de felicitación por el trabajo estatal en esta materia.
Con información de EFE
