Extensión de cuarentena sin apoyo financiero pone en jaque salarios y puestos de trabajo
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Los salarios de los trabajadores de las industrias y los comercios que no son sectores prioritarios (alimentos, medicinas y servicios) están comprometidos dado la falta de créditos para compensar los problemas de flujo de caja que tendrán estas empresas obligadas a mantener por un mes más sus santamarías cerradas, luego de que Nicolás Maduro ordenara el 11 de abril extender por 30 días el estado de alarma
El coronavirus y las populistas medidas anunciadas por el gobierno para enfrentarlo se suman a los problemas que viene arrastrando el diezmado aparato productivo privado desde que Nicolás Maduro ocupó Miraflores en 2013. A los comercios y a las industrias que no son de sectores prioritarios (alimentos, salud y servicios), les tocó desde el 17 de marzo y por tiempo indefinido mantener sus santamarías cerradas, sin ningún apoyo por parte del Estado que sirva de balón de oxígeno para que puedan sobrevivir a los efectos de la pandemia.
Tras la aprobación de la extensión del decreto de estado de alarma hasta el 12 de mayo, estas empresas deberán aguantar un mes más de cuarentena sin ingresos ni créditos bancarios que requieren para sufragar los gastos operacionales que siguen teniendo a pesar de la temporal paralización de sus actividades, principalmente el pago de salarios.
La extensión de la cuarentena sin una reducción del encaje bancario aplicado por el Banco Central de Venezuela (BCV) que permita a la banca otorgar financiamiento que compense los problemas de flujo de caja afectará de manera dramática a las empresas y a sus trabajadores, sostiene Iván Acosta, director de la firma PGA Group. «Se van a perder puestos de trabajo y valores salariales».
Los resultados de una encuesta realizada por PGA Group durante los días 7 y 8 de abril de 2020 revelan que el promedio de empresas que preven hacer algún tipo de reducción de su nómina pasó de 33% a 42%, principalmente en el sector de banca, seguros y servicios financieros, donde llega a 64%. Por otra parte, 50% de las empresas exceptuadas de la suspensión laboral estiman reducciones de algún tipo en sus nóminas.
El comercio
Para el comercio, sector que se encuentra 90% paralizado desde que el gobierno decretó el estado de alarma el 13 de marzo, el tiempo es la variable más demoledora, asegura Felipe Capozzolo, presidente del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio). «La incertidumbre y el sufrimiento son grandes. Estamos muy preocupados por todos aquellos pequeños prestadores de servicios que no tienen una gran capacidad de ahorro que les permita permanecer muchos días sin trabajar».
El máximo representante del sector advierte que al cabo de dos semanas sin actividad alguna los comercios empiezan a tener problemas severos de flujo de caja, lo que comprometen su capacidad para cumplir con sus obligaciones incluyendo el pago de salarios, bonificaciones y otros beneficios que reciben los trabajadores.
«Todas las empresas comerciales hicieron el máximo esfuerzo para cubrir sus costos, gastos y nóminas hasta el 30 de marzo, pero es bien sabido que ahora que esto se extiende hasta mayo empezarán a enfrentar problemas severos de disponibilidad y de flujo de caja que comprometen seriamente el funcionamiento y la viabilidad de estas empresas».
La industria
El sector industrial recibe con mucha preocupación el anuncio de la renovación por 30 días más de la cuarentena nacional, dice Adán Celis Michelena, presidente de Conindustria. «Las industrias están en una situación muy complicada, sobre todo las que no están dentro de los ámbitos de alimentos y medicinas. Esas industrias están paralizadas y en una situación muy complicada porque no hayan cómo generar caja para pagar a los trabajadores y cumplir con las obligaciones que tienen».
El sector, que opera a 21% de su capacidad instalada y sin siquiera la más mínima esperanza de crecimiento en el corto o mediano plazo, ha solicitado «urgentemente» al Ejecutivo que reduzca 60% el encaje bancario para acceder a financiamiento con tasas y condiciones preferenciales, que extienda el plazo para la declaración y pago del ISLR, flexibilice los plazos para la declaración y pago del IVA, incorpore exoneraciones o reducciones de impuestos y garantice el combustible para el transporte de sus trabajadores, materia prima y productos terminados.
«Es necesario que todas estas medidas se tomen en cuenta porque si no están en riesgo los productos y los ingresos de los trabajadores de las industrias. Estos 30 días serán muy duros. Están en juego cientos de miles de trabajo que quedan en la industria (aproximadamente 300.000) y cientos de miles de ingresos de los venezolanos».
En el estado Lara, por ejemplo, un 4,5% de las compañías no está en capacidad de pagar nómina, y el resto se está manejando de acuerdo con las posibilidades, algunas cancelando desde el salario integral mínimo de ley hasta 50% o más del salario establecido, según una reciente encuesta realizada por la Cámara de Industriales de la entidad a inicios de abril.
La propuesta del gobierno
El 22 de marzo Nicolás Maduro anunció el paquete de medidas económicas que aplicará mientras dure la cuarentena por el coronavirus, entre ellas el pago de las nóminas de las pymes (pequeñas y medianas empresas) hasta agosto a través del carnet de la patria. Los empresarios, por su parte, creen que el gobierno subsidiará el salario mínimo que desde enero pasado se ubica en 250.000 bolívares (dos dólares al tipo de cambio paralelo actual); cuando la industria paga en promedio el equivalente a 45 dólares mensuales a sus empleados, sin contar otros beneficios.
Los resultados de la encuesta realizada por PGA Group revelan que 57% de las 175 empresas que participaron no aceptarán subsidios gubernamentales. Por otra parte, 19% aún no lo ha decidido, 13% evaluará el impacto de la pandemia antes de aceptar o no el subsidio en el futuro, y apenas 11% respondió que sí.
«Las compañías están diciendo que no, bien sea por elementos políticos o temas económicas, porque piensan para qué plegarse si suponemos que el gobierno va a subsidiar solo salario mínimo», dice Acosta.
Lejos de reducir los riesgos económicos, economistas y dirigentes empresariales advierten que las medidas anunciadas por Maduro fomentan el cierre de más empresas y, por consiguiente, la pérdida de empleos directos e indirectos. Recientemente una empresa caraqueña anunció a casi todos sus trabajadores que están suspendidos desde este miércoles 15 de abril por los próximos dos meses. En esta quincena recibieron su último pago por lo menos hasta junio.