Faltan insumos, pero Maduro suministra a montón amenazas y detenciones al sector salud
Nicolás Maduro ha abandonado al sector salud a su suerte en medio de la pandemia de coronavirus, de acuerdo con el Observatorio de Libertad Sindical del Centro de Formación e Investigación Laboral (Cefil)
El sector salud venezolano está abandonado a su suerte en medio de la pandemia. El personal sanitario enfrenta la crisis de la covid-19 sin equipo de protección, productos de higiene personal, servicios básicos ni salarios siquiera para su alimentación.
Estas precarias condiciones provocaron el fallecimiento, hasta el 16 de septiembre, de 171 trabajadores de la salud por coronavirus, de acuerdo con la organización Médicos Unidos de Venezuela.
A pesar de que Venezuela es el país con la mayor tasa de mortalidad de trabajadores sanitarios por covid-19 en la región, el gobierno de Nicolás Maduro no toma medidas que garanticen el derecho a un trabajo seguro. La mayoría de los enfermeros y médicos reutilizan los implementos de bioseguridad.
Lea también: En lo que va de septiembre han fallecido 33 trabajadores sanitarios por covid-19
La respuesta que Maduro le da a los trabajadores que protestan para exigir dotación de equipos de protección, mejoras en las condiciones laborales, un salario digno y suministro de combustible para poder llegar a los sitios de trabajo, ha sido la represión, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Libertad Sindical del Centro de Formación e Investigación Laboral (Cefil).
«Durante la pandemia ha habido detenciones y amenazas de detención hacia compañeros del sector salud», afirma la abogada Jacqueline Richter, profesora titular en la Universidad Central de Venezuela y presidente del Observatorio Venezolano de Libertad Sindical. «Tenemos el caso de la presidenta del Colegio de Enfermeras del estado Zulia (Hania Salazar, quien ha sido amenazada por el gobernador oficialista Omar Prieto) y el del médico del Hospital de Carora, simplemente por decir en qué condiciones estamos».
Este último caso mencionado es el del ginecólogo Luis Araya, médico adjunto del Hospital Pastor Oropeza Riera de Carora, estado Lara. El 15 de abril fue detenido sin orden judicial por la Dgcim en su consultorio privado, por publicar una crítica a un representante del gabinete de Maduro en un estado de Whatsapp. Imputado por supuesta «instigación al odio», fue excarcelado bajo medida cautelar de presentación cada 30 días.
Otro de los casos más sonados fue el del médico Williams Arrieta, golpeado y detenido arbitrariamente por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en una protesta por irregularidades y falta de gasolina, realizada el 9 de septiembre en una estación de servicio en Puerto Ordaz, estado Bolívar. Fue liberado un día después. Organizaciones y defensores de derechos humanos sostienen que nunca debió estar preso.
«El sector salud es uno de los que más está sufriendo en este momento violaciones de sus derechos, entre otras cosas por la falta de implementos de bioseguridad», señala la socióloga Consuelo Iranzo.
El Observatorio de Libertad Sindical indica que quienes están sufriendo las mayores consecuencias de la desaparición progresiva de la convención colectiva son precisamente «aquellos que más merecen ser premiados y retribuidos por la sociedad: el personal de la salud que, en estos días de pandemia, pone día a día en riesgo su vida a causa de los incumplimientos de su patrono, el Estado, en lo relativo a sus condiciones de trabajo».
De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), de las 5.811 protestas documentadas entre enero y agosto de 2020, 1.321 han sido manifestaciones por derechos laborales, un promedio de cinco protestas diarias. El 22,7% del total. Diversos gremios exigen la dolarización del salario, resignificación del empleo y respeto a las contrataciones colectivas. «El bienestar ciudadano no es precisamente motivo de preocupación del régimen de Nicolás Maduro, sino su permanencia en el poder», asegura el OVCS.
También ha habido varias detenciones de dirigentes sindicales de otros sectores. De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Libertad Sindical, desde enero hasta principios de junio de 2020 se registraron al menos 107 detenciones arbitrarias.
*Lea también: Trabajadores de la salud en el Zulia denuncian ser víctimas de acoso por el régimen
Darío Salcedo, secretario de organización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Pesca Acuicultura y Actividades Conexas, fue detenido el 5 de mayo de 2020 por mandar un mensaje a través de Whatsapp a Carmen Hinojosa, directora de Recursos Humanos del Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura (Insopesca). En el mensaje, rechazaba el aumento de la bolsa de alimentos que venden a los trabajadores del ente público de 15.000 a 1,3 millones de bolívares, cuando el salario era de 250.000 bolívares.
Una comisión del Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas (Cicpc) fue a su casa con una orden de aprehensión emitida por el Tribunal 35 de Control del Área Metropolitana, y lo llevaron a la sede del Cicpc ubicada en la avenida Urdaneta, donde estuvo dos meses detenido. El 4 de julio le otorgaron arresto domiciliario, medida que limita significativamente su actividad sindical.
Salvado por la pandemia
Según el Observatorio de Libertad Sindical, desde 2010 más de 100 dirigentes sindicales han sido sometidos a procesos penales, la mayoría con detenciones arbitrarias.
Consuelo Iranzo recuerda que las organizaciones sindicales han sido «terriblemente» perseguidas y atropelladas desde comienzos de este siglo XXI, y sobre todo en los últimos años.
Sin embargo, sostiene que la actividad de los sindicatos de dar a conocer los incumplimientos de las contrataciones colectivas y sus exigencias en materia de mejoras salariales, sobre todo en medio del empobrecimiento que enfrenta Venezuela, trascienden poco a la opinión pública. «Es un tema que no despierta mucho interés en la sociedad venezolana. Se tiene una imagen de las organizaciones como incómodas y fastidiosas, porque paralizan actividades laborales. Algunos empresarios no les interesa que existan las organizaciones sindicales. Hay empresarios, suponemos que una minoría, que hasta ofrecen bonos para que los trabajadores no se inscriban en sindicatos».
Indica que la reacción del régimen contra el movimiento sindical se ha expresado en la criminalización y judicialización de las acciones sindicales.
«La libertad sindical es un prederecho. Si un trabajador no tiene derecho a ejercer la libertad sindical, menos podrá ejercer sus otros derechos. Sin libertad sindical, no existe democracia».
En octubre de 2020 se cumple un año desde que la Comisión de Encuesta relativa a Venezuela de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicó su informe sobre la existencia en el país de prácticas que atentan contra las garantías y derechos laborales establecidos en convenios internacionales. Maduro tenía tres meses para comunicar si acepta o no las recomendaciones contenidas en el informe y, en caso de que no las acepte, tenía la opción de acudir a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) e impugnar lo decidido por la Comisión.
Pero la pandemia «salvó» a Nicolás Maduro, al menos por el momento. Richter dice que aún no está claro cuál será la respuesta del gobierno. «Tenía que responder a finales de 2019 si aceptaba o no las recomendaciones de OIT, y el gobierno hizo un comunicado bien vergonzoso en el que insultaba y descalificaba a la Comisión de Encuesta, pero no terminaba de decir si iba a ir o no a la Corte Internacional o si aceptaría el informe. Hasta este momento, el gobierno ha estado en silencio y tuvo la ventaja de que se suspendió la Conferencia Internacional del Trabajo hasta 2021 debido a la covid-19«.
