Familiares de desaparecidos en costas protestarán por la inacción del Estado venezolano
El Comité de Familiares de Personas Víctimas de Trata señaló que la manifestación tendrá como objetivo exigir respuestas a los organismos del Estado sobre la investigación y a exhortarles a que continúen la búsqueda de los más de 70 desaparecidos
Familiares de los más de 70 venezolanos que entre 2019 y 2020 desaparecieron entre las cosas de Güiria, estado Sucre y Trinidad y Tobago y Falcón y Curazao, anunciaron que en febrero protestarán para exigir al gobierno detalles sobre el avance de la investigación que las autoridades han dicho que realizan sobre estos casos.
Integrantes del Comité de Familiares de Personas Víctimas de Trata señalaron que volverán a manifestar debido a la falta de respuesta por parte de las autoridades. Recordaron que el febrero del 2020 protestaron frente al Ministerio Público para pedir agilizar la investigación y hasta el momento aseguraron no se ha cumplido con ninguna ninguno de los acuerdos y promesas que funcionarios les hicieron en ese entonces.
*Lea también: INVESTIGACIÓN | Desaparecer en el mar: una búsqueda sin brújula
Jhonny Romero, padre de Jhonny Romero, quien forma parte de los desaparecidos de la embarcación que partió el 7 de junio, desde Falcón con destino a Curazao detalló a TalCual que la denuncia de que los poderes públicos de la nación no hacen los propio la sostienen todos los familiares de los desaparecidos.
Romero detalló que en febrero del 2020 el comité visitó la Defensoría del Pueblo, Interpol, el MP, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc). Aseveró que este año lo volverán a hacer.
Por su parte, Ana Arias, madre de Luisannys Betancourt, menor de edad desaparecida en la embarcación Jhonnaily José a la que se le perdió el rastro el 23 de abril luego de zarpar desde Güiria con destino a Trinidad y Tobago, manifestó que luego de casi dos años desde que el peñero desapareció en alta mar y luego de un año desde que protestaron frente a la sede el MP lo único que han obtenido es la activación de una alerta roja contra Alberto Abreu, capitán del bote Ana María, desaparecida desde el 16 de mayor con unas 33 personas a bordo.
«Queremos hacer de conocimiento público que volveremos a Caracas a exigir respuestas y que continúen las investigaciones y búsqueda de nuestros familiares. Volvemos un año después para ver qué han hecho y qué nos pueden decir sobre las promesas de justicia que hicieron para las víctimas», dijo a TalCual.
El jueves 20 de febrero del 2020 familiares de los desaparecidos exigieron al MP abocarse a investigar los casos de las desapariciones en las costas venezolanas. Denunciaron que la actuación de los funcionarios del Estado solo ha quedado en promesas.
El 7 de diciembre familiares de los 33 desaparecidos en La Vela de Coro protestaron para exigir al Gobierno acciones para atender el caso. Afirmaron que tanto la Fiscalía y organismos de justicia tienen sus declaraciones y señalamientos de que estas personas están secuestradas y ni siquiera una orden de investigación o captura existía. Ante esto rechazaron la «evidente y absoluta negligencia de los órganos competentes para buscar e investigar».
En diciembre del 2020, 20 meses después desde que ocurrieron desde los primeros hechos, el fiscal general designado por la impuesta asamblea constituyente, Tarek William Saab, se pronunció por primera vez sobre estos casos. El funcionario lo luego de que fuesen encontrados más de una veintena de cadáveres de personas que se ahogaron huyendo de Venezuela y tratando de llegar a Trinidad en el bote Mis Recuerdos.
A través de Twitter, Saab confirmó que se trata de redes de tráfico de personas, y también que tres casos están relacionados, como lo adelantó la investigación Desaparecer en el mar: una búsqueda sin brújula, publicada por TalCual en mayo de 2020.
El fiscal designado por la constituyente informó que desde el Ministerio Público se había solicitado alerta roja a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) en contra del Alberto del Valle Abreu Cedeño, de 26 años, quien era el capitán del bote Ana María, en el que desaparecieron 33 personas y solo él apareció con vida.
En mayo de 2020, TalCual publicó una investigación sobre lo ocurrido en 2019 en dos embarcaciones que partieron desde el puerto de Güiria, en el estado Sucre, hacia Trinidad y Tobago. Con apenas 23 días de diferencia zarparon y desaparecieron en el mar sin dejar rastro de 60 personas. En el trabajo se evidencia cómo las instituciones de gobierno han ignorado las alertas que apuntan el desarrollo de un delito de magnitud internacional: el tráfico de personas y la explotación sexual, en el cual Venezuela se posiciona como el primer país con prevalencia en Latinoamérica, según índices mundiales.
Incluso, el 2020 cerró con un mandato de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al régimen de Nicolás Maduro de brindar información sobre la investigación de las desapariciones de más de 70 venezolanos entre las costas de Sucre y Trinidad y Tobago, y entre las playas de Falcón y Curazao en 2019, víctimas de redes de dedicadas a la trata de personas.
