Familiares de desaparecidos en «naufragio» de Falcón exigen seriedad en la investigación

Presumen que la delincuencia organizada, “protegidas por organismos del Estado como el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc)”, tienen las manos metidas en la desaparición de más de 30 personas

Han pasado dos meses desde que se denunció la desaparición de más de 30 personas, tripulantes de un peñero que zarpó de forma ilegal desde Falcón a Curazao y aún los familiares no saben cómo el gobierno venezolano está tratando el caso, pues hasta ahora lo que han recibido como respuesta a su petición de una búsqueda acorde es hermetismo, amenazas y «peloteo de funciones».

Integrantes de la comisión de familiares de los desaparecidos en La Vela llegaron a Caracas para pedir a la Fiscalía que ejerza mayor acción en el caso y vienen con la intención de aportar mayores detalles a la investigación, porque en Falcón la precariedad es lo que manda.

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Jhonny Romero, padre de Jhonny Romero, de 26 años de edad, quien forma parte de los desaparecidos de la embarcación que partió el 7 de junio, dijo a TalCual que, aunque a la fiscal 5ta en esa entidad, Nellyda Jaimes, “se le notan las intenciones” por llevar adelante la investigación, las condiciones paupérrimas en las que trabaja ralentizan el proceso.

Romero detalla que incluso en Falcón el envío y recepción de expedientes se les hace cuesta arriba porque el servicio de telefonía es precario y el Internet casi nunca es estable.

La visita de los familiares a la capital venezolana es por un solo objetivo: solicitar más ayuda porque esperan que “las cosas no se queden así”.

El padre de Romero relató que el 12 de agosto la comisión se reunió con el fiscal segundo, Roger Guerrero, en Caracas. Contó que algunos testigos y familiares ofrecieron sus declaraciones ante la autoridad.

“Vinimos a Caracas para conocer la dirección que tenía la investigación porque teníamos miedo de que las intenciones fuesen encontrar presuntos culpables y cerrar el caso”, matizó. Dijo que hay dos detenidos por ser personas presuntamente implicadas y se hacen las investigaciones para dar con otros.

Pese a los detalles que les fueron aportados, Romero presume que la desinformación ha causado retrasos en el caso. Añade que el funcionario les dio una noticia “de última hora” sobre la muerte de uno de los tripulantes que es de conocimiento público desde hace más de un mes.

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Los familiares de los desaparecidos descartan que a sus allegados se los haya tragado el mar. Afirman que la hipótesis de naufragio cada vez es menos apegada a la realidad porque no hay rastros de cuerpos ni indicios de una embarcación zozobrada.

Presumen que la delincuencia organizada, “protegidas por organismos del Estado como el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc)”, tienen las manos metidas en la desaparición de las más de 30 personas.

“Ocho personas se bajaron del peñero antes de zarpar y cuentan que pasaron cosas extrañas que hacen presumir que algo pasaría. Esas personas dijeron que el Cicpc está involucrado porque llegaron días antes pidiendo vacunas y extorsionando a los tripulantes. En algún momento se llevaron a algunos detenidos. Después que estas personas fueron liberadas quedaron aterradas y dejaron la lancha”, agregó.

Sobre los hombros de los familiares de los desaparecidos pesan la angustia por desconocer el paradero de sus allegados pero también el miedo a ser agredidos, porque las amenazas por el solo hecho de exigir justicia no se han hecho esperar.

“Las amenazas llegan de todas partes”, dijo Romero cuando se le preguntó si eran civiles o uniformados los que intentaban silenciar sus denuncias.

Asegura que les han llegado informaciones que abren la posibilidad de que sus familiares pudiesen estar secuestrados en Trinidad y Tobago.

La comisión de familiares espera que sus peticiones sean escuchadas y el gobierno venezolano active una búsqueda real y advierten que continuarán denunciando y en protesta.