Familiares de Rubén González a la espera de una posible medida de casa por cárcel
El 6 de enero el sindicalista fue trasladado a tribunales militares, pero luego lo regresaron a la cárcel. El jefe del centro de reclusión informó a sus familiares que aplicarían “medidas humanitarias” al dirigente sindical
Familiares de Rubén González, secretario general del sindicato de Ferrominera Orinoco, llevan tres días en la ciudad de Maturín, estado Monagas, esperando una supuesta liberación del sindicalista que está recluido en la cárcel de La Pica desde hace más de un año.
El lunes 6 de enero los parientes del dirigente sindical se trasladaron desde Ciudad Piar, en el municipio Angostura en el estado Bolívar, hasta Maturín luego de que corriera el rumor de que González sería uno de los presos políticos que el gobierno de Nicolás Maduro liberaría ese día tras un acuerdo entre el Ejecutivo y partidos minoritarios de la oposición en la “mesita de diálogo nacional”.
En horas de la tarde el sindicalista fue trasladado a tribunales militares, pero luego lo regresaron a la cárcel. El jefe del centro de reclusión informó a sus familiares que aplicarían “medidas humanitarias” al dirigente sindical de la empresa básica de Guayana.
“Con mucha alegría nosotros vinimos a Maturín pensando que el gobierno nacional, tomando en cuenta los informes de Bachelet y de la Comisión de Encuesta de la OIT que exigen su liberación, lo liberaría. Confiamos en que los organismos del Estado le den su liberación plena a Rubén González”, expresó Degraín Marichales, jefe de reclamo de Sintraferrominera y familiar político del sindicalista.
Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetrasalud), informó por Twitter en la tarde del 6 de enero que era posible que a González le otorgaran la medida de casa por cárcel. Exigió la libertad plena e inmediata del dirigente, quien “no ha cometido delito alguno”.
Nos Informan q a Nuestro Hermano de lucha y d la Vida Rubén González SEC. General de Sitraferrominera le dan la Medida de Casa por Cárcel, Exigimos la Libertad Plena Inmediata porque #Ruben no Cometido Delito Alguno. Dios es Grande Palante Hermano. pic.twitter.com/UlPDeALLI8
— Pablo Zambrano (@pzl17) January 6, 2020
En ese sentido, el director del Foro Penal, el abogado Alfredo Romero, aseguró que el sindicalista no estaba en la lista de las 14 personas que serían excarceladas y que supuestamente se le daría casa por cárcel.
En la noche del 6 de enero fueron excarceladas 14 personas. Sin embargo, solo 10 eran presos políticos, entre ellos el periodista Jesús Medina, detenido en las instalaciones de la cárcel militar de Ramo Verde, ubicada en Los Teques, estado Miranda. Otros tres de los excarcelados están vinculados con la banda de “Alirio cara cortada” y se les señala de presuntamente haber cometido delitos de extorsión y secuestro.
Los presos políticos excarcelados el 6 de enero solo representan aproximadamente el 2% del total certificado en Venezuela, según el abogado Gonzalo Himiob, director vicepresidente del Foro Penal. “Con las recientes excarcelaciones, y tras la inclusión de nuevos casos confirmados, la cifra de presos políticos cierra al día de hoy (martes 7 de enero) en 399 personas. Además, más de 9.000 personas están sujetas a procesos políticos bajo cautelares”.
González fue detenido en una alcabala militar en la ciudad de Anaco, estado Anzoátegui, al oriente del país, en la madrugada del 29 de noviembre de 2018. Regresaba de una protesta realizada en Caracas, en la que la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela le exigió al defensor del pueblo designado por la ANC, Alfredo Ruiz Angulo, que ejerciera las acciones necesarias ante el Ministerio del Trabajo en defensa de los derechos de la clase obrera, liquidados luego del paquetazo de Maduro impuesto en agosto del año pasado que desconoció sus beneficios y conquistas obtenidos luego de años de lucha.
Fue presentado en un tribunal militar, que tras imputarle tres cargos militares (ataque al centinela, ultraje al centinela y ultraje a la Fuerza Armada Nacional), ordenó su traslado a la cárcel de La Pica. Nueve meses después, el 13 de agosto, el Tribunal Militar 5to de Control de Maturín, a cargo del coronel Alexis Baloa, lo condenó a 5 años y 9 meses de cárcel. Cien organizaciones no gubernamentales (ONG), la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) exigieron la liberación inmediata del sindicalista.
