Gobierno interino acuerda con junta ad hoc del BCV préstamo de $80 millones

El «acuerdo de voluntades» entre la presidencia interina y el BCV establece que dicho préstamo será pagado dentro de los 60 días siguientes al cese de la usurpación

El gobierno interino de Juan Guaidó informó este martes 23 a la Asamblea Nacional (AN) sobre los términos financieros de un convenio firmado con la junta ad hoc del Banco Central de Venezuela (BCV) para el préstamo de 80 millones de dólares.

La carta, de fecha 17 de junio y leída durante la sesión virtual de la AN, detalla que esta transferencia de recursos por parte del BCV corresponden a la «Ley fondo especial para la liberación de Venezuela y atención de casos de riesgo vital».

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Dicha Ley, cuyo reglamento fue aprobado el 15 de abril, requiere de 80 millones de dólares para ser utilizados en proyectos referentes a defensa y seguridad; financiamiento de gastos sociales con atención prioritaria para la emergencia humanitaria; fortalecimiento de las comunicaciones, derecho a la información y lucha contra la censura; fortalecimiento de relaciones internacionales y servicios exteriores; fortalecimiento del poder Legislativo nacional y la protección social de sus integrantes; cumplimiento de las funciones de la Contraloría especial y el poder judicial nacional; además de los costos de implementación del presupuesto especial.

Los 80 millones de dólares que necesita dicho fondo especial para su ejecución provendrán de una cuenta privada del BCV en Estados Unidos, cuyo monto asciende a 342 millones de dólares, donde estaban depositadas ciertas transacciones relacionadas con oro venezolano.

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El mismo día que se aprobó el reglamento para la Ley del fondo especial, el parlamento venezolano aprobó la transferencia de dinero de una cuenta del BCV en la entidad financiera CitiBank al Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Pero para hacer efectiva esta operación se requiere una autorización de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

El «acuerdo de voluntades» entre la presidencia interina y el BCV establece que dicho préstamo será pagado dentro de los 60 días siguientes al cese de la usurpación, en los términos del Estatuto que rigue la Transición Democrática.

Por concepto de tasas de interés se cancelará al BCV la tasa líbor a tres meses más 0.5%, aplicables a 365 días, desde el momento en que se transfieran los recursos hasta el pago del mismo.

Presos políticos

Durante la sesión virtual de la Asamblea Nacional, la diputada Adriana Pichardo denunció en un punto de información la situación de más de 500 presos políticos en Venezuela durante la pandemia por la covid-19 en el país. Aseveró que tienen más de tres meses de prohibición de recibir la visita de sus familiares, se les niega el acceso a la defensa y se desconoce si están recibiendo alimentos de forma continua o los tratamientos médicos que requieren algunos.

Pichardo también dijo que existen «casos gravísimos de tortura como el caso del capitán Juan Carlos Caguaripano, al general retirado Raúl Isaías Baduel y su hijo Josnar Adolfo Baduel». Por ello, solicitó al equipo de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que visite «cada uno de estos centros de secuestro» para verificar el estado de los presos políticos.

Ana María Da Costa, hermana del preso político Vasco da Costa, denunció que a raíz de la evasión del sargento Darwin Malaguera, del hospital militar Dr. Carlos Arvelo, las autoridades decidieron castigar a los presos que estaban en ese recinto, como su hermano.

«Los tienen esposados a sus camas, los obligan a tener la puerta abierta y la luz prendida toda la noche», dijo Da Costa, quien calificó estas acciones como tratos crueles e inhumanos.

Júbilo por José Gregorio Hernández

La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad un acuerdo donde se declaró el 19 de junio como día de júbilo nacional por la beatificación del doctor José Gregorio Hernández, pues lo califican como «una persona laica, de una profunda espiritualidad, y adicionalmente a ello un héroe civil, caracterizado por su integridad y honestidad, convirtiéndolo en un ejemplo de ciudadanía integral».

El diputado Joaquín Aguilar agradeció a todas las personas que colaboraron para que se reconociera y se consagrada como beato a José Gregorio Hernández. Agregó que en momentos donde los venezolanos atraviesan una crisis económica, política y social, la beatificación de este venezolano «es una bendición».

Por su parte, Rafael Veloz recordó que Hernández fue miembro fundador de la Academia Nacional de la Medicina, creador del primer laboratorio científico, profesor universitario, precursor de las cátedras de anatomía patológica, hematología y parasitología en Venezuela.

También propuso que una comisión especial de la AN lleve el acuerdo a la Conferencia Episcopal Venezolana, además de prestar apoyo y acompañe a las diligencias que realiza la CEV para conseguir la santificación del llamado «médico de los pobres».

Con migrantes y refugiados

La Asamblea Nacional también aprobó un acuerdo donde se solicita a los gobiernos de las región otorgar el estatus de refugiados a los migrantes y desplazados por la crisis venezolana.

Además urgen a los estados miembros del sistema americano y al secretario general de la OEA, Luis Almagro, a implementar acciones concretas de atención como la emisión de una tarjeta de movilidad regional para subsanar el tema de la identidad de los refugiados venezolanos.

David Smolansky, comisionado de la Secretaría General de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, señaló los últimos datos de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) que ubican a los desplazados y migrantes venezolanos como el segundo mayor movimiento migratorio en todo el mundo, junto a países en guerra como Siria o Myammar.

«No somos migrantes económicos o voluntarios, hemos sido expulsado por una tiranía, un estado criminal que ha sumido a los venezolanos en hamburna, violencia, fallas de los servicios básicos», señaló Smolansky, por lo que reiteró la necesidad que se otorgue a los venezolanos el estatus de refugiado.

Por su parte, la diputada Gaby Arellano afirmó que debido a la pandemia por la covid-19  muchos venezolanos han perdido sus trabajos, sus viviendas y se observan de forma masiva en las calles de países como Colombia, Perú y Ecuador.

Arellano dijo que es necesario establecer campamentos humanitarios durante la pandemia para garantizar la atención a los venezolanos, «hemos visto algunos esfuerzos en el Norte de Santander (Colombia), pero son necesarios programas masivos de atención coordinados por Naciones Unidas, específicamente su Oficina para los Refugiados».

Esto para evitar, dijo la parlamentaria, «que los venezolanos se vuelvan focos de contagio y presa fácil de los captadores de migrantes para actividades delictivas».

El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, aseveró que la única manera de solucionar la crisis migratoria venezolana «es logrando un Gobierno de Emergencia Nacional», pues «la guerra que hubo fue la de la dictadura contra el ciudadano».

Alerta por el coronavirus

Nuevamente los diputados de la Asamblea Nacional debatieron sobre la situación del país debido a la covid-19 y luego de las medidas de radicalización de la cuarentena en 10 estados, impuesta por el régimen de Nicolás Maduro.

El diputado José Trujillo aseguró que Maduro sigue mintiendo debido a la diferencia de casos reportados en el país con el de países vecinos o islas del Caribe. Indicó además que existe una incongruencia en el discurso oficial debido a que se reportaron 128 casos positivos el lunes 22 de junio, pese a lo informado en Zulia.

«El propio gobernador del Zulia (Omar Prieto) reconoció ayer que en dos municipios nada más, ha detectado 800 casos, entonces ahí ven que es mentira. Lo que pasa es que en el acta de defunción, le cambian la causa de la muerte», dijo el parlamentario.

Indicó que el contagio no solo está sucediendo en los estados fronterizos, sino también en Caracas, Miranda, Nueva Esparta, Lara, Falcón y Aragua. «Estos estados no son fronterizos, eso quiere decir que la pandemia está en todo el territorio nacional y nadie se va a escapar de ella, sobre todo los más vulnerables que son los pacientes desnutridos, así como los pacientes de tercera y cuarta edad», alertó.

Además dijo que Venezuela no está en condiciones de ir a una flexibilización porque todavía no se han controlado los casos y tampoco cuenta con un sistema de salud adecuado. «No porque lo digamos nosotros, sino porque las Naciones Unidas dijo que en Venezuela hay unas crisis humanitaria compleja, eso es suficiente para no entrar en flexibilización», señaló Trujillo.

El diputado Edwin Luzardo catalogó de atroz el tratamiento que se le ha dado a los pacientes en el estado Zulia. «Todos están siendo confinados a 25 hoteles de la entidad y no tienen la atención debida, de manera que están juntos los que están confirmados y los sospechosos».

En este sentido, Luzardo está seguro que se incrementarán los casos confirmados de coronavirus, porque ha sido manejado desde el punto de vista político y no como un problema de salud; al tiempo que destacó las renuncias de los médicos en la entidad por no contar con la debida protección.

Alertó que no debe seguir la centralización en Caracas de las pruebas PCR, «porque tardan mucho y lo que se logra es la expansión del covid-19 como está sucediendo en el Zulia».