Gremio de profesores universitarios exige salario base de 400 dólares
El ajuste sería necesario motivado a la incapacidad de muchos profesores universitarios para acudir a sus trabajos y satisfacer sus necesidades básicas, ya que sus salarios apenas cubren algún artículo de la canasta básica
El presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Pedagógica Libertador (UPEL), Romelio Belo, indica que ha conversado con varias federaciones para acordar una propuesta que llevar al Gobierno referente a un salario base, el cual podría ubicarse incluso en 400 dólares, según las exigencias de algunos sectores.
«Nosotros intentamos acordar con los gremos. Algunos proponen que dejemos de solicitar ingresos en bolívares y lo hagamos en dólares. Y algunos llegan a pensar que debemos pedir sobre los 200, 300 y algunos 400 dólares, que es lo que podría ser», explicó.
En este sentido, el gremialista destaca que los demás países de la región poseen salarios base establecidos para sus educadores que alcanzan estas cifras. «Se llegan a jubilar con 5.000 dólares», acota.
El ajuste sería necesario motivado a la incapacidad de muchos profesores universitarios para acudir a sus trabajos y satisfacer sus necesidades básicas, ya que sus salarios apenas cubren algún artículo de la canasta básica.
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Sin embargo, indica que no será positivo proponer el cierre de las universidades en caso de que no se cumplan con sus exigencias. En su lugar, estima que una mejor respuesta sería organizar asambleas y defender sus derechos «desde adentro» de las casas de estudio.
Por otra parte, Belo denuncia que existe una prolongada «crisis» en las instituciones universitarias, debido a que las decisiones que se toman a nivel de educación básica y media, también afectan la superior. Y rechaza las medidas que se han aplicado durante las vacaciones, como es el caso de la convocatoria de elecciones para las autoridades universitarias por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Sumada a esta situación, argumenta que hay otros cuatro factores que incrementan la crisis institucional y son causadas directamente por decisiones del Ejecutivo o el Ministerio de Educación.
Entre ellas, destaca el desconocimiento de la contratación colectiva, ya que se le niega a los trabajadores universitarios el derecho de discutir sus contratos; la investigación que lleva a cabo el TSJ a los rectores, la incorporación del plan Chamba Juvenil a los liceos, con personal poco capacitado impartiendo clases para reemplazar a los profesionales capacitados, y el desmantelamiento «sistemático» de algunas instituciones.
