ONU pide a la Corte Penal Internacional que investigue abusos de DDHH en Venezuela
Fue publicado el informe sobre Derechos Humanos de la ONU que habla sobre Venezuela en el que recopila-de forma extensa- las diversas irregularidades que han cometido las autoridades de nuestro país, por lo que pide la ayuda de instancias internacionales para que se tomen cartas en el asunto
El alto comisionado de la Organización Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, recomendó este 22 de junio que la Corte Penal Internacional (CPI) «se implique» en el caso de abusos que se cometen en Venezuela, ya que a su juicio, las autoridades de nuestro país «parece no tener la capacidad ni la voluntad de enjuiciar a los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos».
La Oficina de Alto Comisionado publicó este viernes su segundo informe sobre Venezuela a distancia -debido a que le impiden visitar a nuestra nación- en el que se denuncia cientos de homicidios, presuntas ejecuciones sumarias, uso excesivo de la fuerza en contra de manifestantes, torturas y detenciones arbitrarias a manos de las fuerzas de seguridad.
Ya este documento había sido rechazado por el Gobierno de Nicolás Maduro a través del embajador de Venezuela ante la ONU en Ginebra, Jorge Valero, quien dijo que esa investigación carecía de rigores científicos por el mismo hecho de que se realiza sin datos verificados.
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De igual forma, hacen énfasis en las actuaciones de la Operaciones de Liberación del Pueblo entre 2015 y 2017, y Operaciones Humanitarias de Liberación del Pueblo a partir de 2017 debido a que según informes del Ministerio Público venezolano, se registraron 505 muertes a manos de las fuerzas de seguridad en los sectores populares para detener a supuestos criminales sin orden judicial.
La Fiscalía inició 373 investigaciones de agentes, pero a día de hoy no hay información sobre ninguna de estas. Asimismo, el informe documenta la muerte sin investigación de 43 reclusos en una cárcel del Amazonas.
El dossier también hace referencia a la impunidad que beneficia a los cuerpos de seguridad, «presuntamente responsables de la muerte de al menos 46 personas durante las protestas de 2017».
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Según las informaciones recabadas, al menos 280 personas han sido «arbitrariamente privadas de libertad por expresar sus opiniones políticas, por ejercer sus derechos o por ser consideradas una amenaza al Gobierno».
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Además, el informe documenta unos 90 casos de personas detenidas que fueron sometidas a tratos crueles, inhumanos y degradantes desde 2014, lo que «en muchos casos puede llegar a constituir tortura».
«El hecho de no haber responsabilizado a las fuerzas de seguridad por las violaciones tan graves de derechos humanos que se han perpetrado, sugiere que el Estado de Derecho está prácticamente ausente en Venezuela», aseguró Zeid.
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El texto también se refiere a la grave crisis alimentaria por la que atraviesa el país y acusa al Gobierno de Venezuela de «ignorar» su dimensión.
Según cifras citadas en el informe, el 87 % de la población de Venezuela está afectada por la pobreza, el 61,2 % se encuentra en situación de pobreza extrema, y se ha constatado un rápido incremento de la desnutrición infantil.
Antes de presentar el documento, el pasado 18 de junio el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, la creación de una comisión que sea responsable de investigar la violación de DDHH que se registren en Venezuela, al tiempo que insistió que mientras tanto continuará llevando a cabo un monitoreo a distancia de la situación en nuestro país.
Con información de EFE
