Investigan red de prostitución y trata de blancas en Táchira

Existen sospechas, motivadas por las declaraciones de las víctimas, de que los colaboradores de estos delitos serían funcionarios policiales

Los cuerpos de seguridad investigan una red de prostitución infantil y trata de personas que opera dentro de planteles educativos, discotecas y otros lugares que frecuentan los adolescentes, para raptarlos y llevarlos a otros países a través de la frontera de Táchira.

La gobernadora de Táchira, Laidy Gómez, compartió la información y advirtió que niñas entre 12 y 15 años de edad son raptadas y víctimas de explotación sexual.

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 “Hemos constatado que dentro de las mismas instituciones educativas, por amistades de los estudiantes, es como se ha logrado hacer la cadena entre diversos participantes en el delito”, dijo Gómez.

De acuerdo con los datos recabados hasta la fecha, se conoció que los promotores de este negocio organizan fiestas para concentrar adolescentes, un escenario que utilizan para convencer a las jóvenes con ofertas engañosas de pagos en dólares o pesos. La cantidad ofrecida depende de la calidad del servicio prestado y se oferta como punto de destino, para el ejercicio de estas prácticas sexuales, Colombia y Brasil. Táchira sería utilizado como punto de paso para las adolescentes raptadas en otros estados del país.

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Gómez explicó que, con la cooperación de los cuerpos de seguridad desplegados en el puente Internacional Simón Bolívar, que conecta a Venezuela con Colombia, se logró evitar el paso de varias menores raptadas hacia el país vecino. Otras tres niñas fueron interceptadas en el puente Internacional Francisco de Paula Santander, en Ureña.

Por otra parte, también informó que se han logrado detenciones relacionadas a la vulneración de más de seis adolescentes en el municipio San Cristóbal, y entre ellas se incluyen las tres denunciadas el pasado fin de semana por el protector del estado Táchira, Freddy Bernal.

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“Estamos convencidos de que no se trata de un hecho aislado en San Cristóbal o en cualquiera de los municipios fronterizo, sino que se trata de una amplia red que está operando en ciertos hoteles, discotecas y  algunas instituciones educativas”, dijo Gómez.

Existen sospechas, motivadas por las declaraciones de las víctimas, de que los colaboradores de estos delitos serían funcionarios policiales.