La firma del memorando 2.792 dejó a los trabajadores en condición de esclavitud
Ronald Figueredo, despedido por negarse a participar en la firma de las nuevas tablas, asegura que la persecución contra los dirigentes mantiene a los trabajadores sin sindicato que los defienda
Texto: José Rivas / Correo del Caroní
Foto: William Urdaneta
Los temores por la eliminación de los contratos colectivos de los trabajadores aumentaban entre la dirigencia independiente y en la masa laboral a mediados de 2018 y luego, el entonces ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, anunció en septiembre la aprobación de unas tablas salariales para el sector público. “Va a haber una sola tabla que va a regir toda la administración pública”, declaró en televisión nacional.
El anuncio encendió las alarmas en las empresas básicas. El secretario de Trabajo y Reclamo del Sindicato de Trabajadores de Alcasa, Henry Arias, aseguraba que había una clara intención del gobierno y la Central Bolivariana de Trabajadores (CBT) de eliminar los beneficios históricos del movimiento obrero.
«En estos tres años que ha estado este memorando se ha sufrido la mayor debacle general que han padecido los trabajadores venezolanos». Rubén González, secretario general del Sindicato
de Trabajadores de Ferrominera Orinoco.
Se perdieron los beneficios
Distintas manifestaciones se realizaron, tanto en los portones de las empresas como en las inmediaciones del Edificio Administrativo de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), tratando de evitar que se cumpliera el temor de perder beneficios alcanzados en años de lucha.
En una de las jornadas de reclamo, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Siderúrgica Nacional (Sidernac), Alejandro Álvarez, denunció que se pretendía desconocer las hojas de cálculo y calificaba la medida como un fraude laboral.
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«Estamos exigiendo respeto a nuestros derechos y que se aplique nuestra tabla salarial, que fue producto de varios años de lucha, y ahora el gobierno lo quiere violentar», dijo frente a los portones de la CVG, aunque nada evitaría lo que ocurrió posteriormente.
A espalda de los trabajadores
Las noticias llegaron el 10 de octubre desde Caracas. «Hoy ha sido un día muy importante para nuestra patria porque hemos tenido el apoyo absoluto de los trabajadores de nuestro país al Programa de Recuperación Económica que el presidente Nicolás Maduro ha diseñado», declaraba la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, en televisión nacional.
A estas declaraciones siguió el discurso, la firma entre aplausos, de dirigentes -adeptos al oficialismo-, del sector aluminio y siderúrgico para unas nuevas tablas salariales. La medida se tomaba a espalda de los trabajadores y fuera de Guayana.
El «histórico» acuerdo firmado en Caracas y sin la participación de dirigentes sindicales independientes terminó avalando la destrucción de los contratos colectivos y beneficios de los empleados de las industrias de Guayana.
El 11 de octubre, apenas un día después, salió con la firma del entonces ministro del Trabajo, Eduardo Piñate, el documento que eliminó los contratos colectivos y los años de luchas y conquistas, no solo en las empresas básicas, sino en todo el país: el memorando 2792.
Se estableció un salario de 1.800 bolívares soberanos con el fin «racionalizar la justa distribución de la riqueza entre todos los trabajadores» y los beneficios de los contratos colectivos fueron puestos en «revisión», bajo el argumento de ser onerosos y atentar contra la fuente de trabajo.
Los dirigentes del sector briquetero que se opusieron fueron despedidos, perseguidos y sacados de planta
Adiós a las conquistas históricas
Tres años después, los trabajadores de las industrias de Guayana se mantienen cobrando salarios por debajo de los 30 dólares, sin condiciones de seguridad, sin beneficios como el seguro de Hospitalización, Cirugía y Maternidad (HCM) y bajo la amenaza de ser sacados de planta y perder bonos y bolsas de alimentos si reclaman.
Pese a que el gobierno de Nicolás Maduro tiene un proceso abierto en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), luego que la Comisión de Encuestas en 2019 expusiera violaciones laborales y de convenios referentes a la discusión tripartita y fijación de salarios, no se han tomado medidas para revertir la condición de pobreza de los trabajadores y el desconocimiento de la dirigencia sindical.
El secretario general del Sindicato de Trabajadores de Orinoco Iron, Ronald Figueredo, hoy despedido por la empresa al negarse a participar en la firma de las nuevas tablas, recuerda que dirigentes adeptos al oficialismo participaron en la eliminación de los contratos, aun sabiendo que generaría la pérdida de todos los beneficios.
“No solamente se trataba de la eliminación de los contratos colectivos, si no con ello de todas las conquistas durante 40 años”, cuestiona.
Para Figueredo 2018 fue el año de mayor persecución contra dirigentes, sus sedes y las organizaciones, lo que hoy mantiene a los trabajadores bajo esclavitud y sin sindicato que los defienda. “Fue el año de la contraofensiva para desmontar el estado de derecho de los trabajadores y sus instituciones”, sostiene.
Trabajadores sin contratos
El especialista laboral y profesor de la Universidad de Carabobo, Héctor Lucena, opinaba días después de que saliera la circular que el propósito del documento era «continuar minando los procesos de negociaciones colectivas y sustituirlos por procesos interventores del gobierno, muy especialmente a través de los funcionarios, generalmente partidistas». Como así fue.
Desde entonces, en las empresas básicas no se han discutido más contratos colectivos. Los sindicatos que se mantienen aún vigentes en Guayana ni siquiera son tomados en cuenta por las instituciones laborales. Las promesas de ciertos sindicatos patronales no se han materializado y los trabajadores han perdido incluso la vida por no contar con seguro médico.
«Terrorismo, chantaje y persecución»
«En Ferrominera yo les venía hablando claro, aquí van a querer quitarle todos sus beneficios», rememora Rubén González, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera Orinoco, quien sería encarcelado días después de imponerse el memorando.
Reprochó que se hizo caída y mesa limpia con las conquistas y años de lucha. «En estos tres años que ha estado este memorando se ha sufrido la mayor debacle general que han padecido los trabajadores venezolanos». González, sin poder ingresar a planta y luego de casi dos años de prisión, lamenta que los trabajadores estén adormecidos e inmovilizados por un sistema de «terrorismo, chantaje y persecución».
Así como lo ha repetido desde 2018, el secretario reafirma que la falta de inversión en las industrias, los bajos salarios y la pérdida de beneficios se deben a políticas emanadas desde Miraflores para permanecer en el poder y que, aunque las carencias que hoy padecen son laborales, la restitución de los contratos pasa por otra vía.
“Mientras esté este régimen, los trabajadores no van a tener beneficios, las empresas no van a salir a adelante y día a día lo que se va a profundizar es la crisis que tenemos en el Estado venezolano”, finalizó.
