Laidy Gómez asegura recibir presión política para retirar denuncias contra las FAES
Gómez exhortó al «protector» del Táchira, Freddy Bernal, a llevarse a los «delincuentes» del FAES porque ya el Táchira «no los soporta»
La gobernadora del estado Táchira, Laidy Gómez, denunció que está siendo presionada para que retire una denuncia que presentó contra la Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), luego de que, en días pasados, funcionarios de ese cuerpo de seguridad y de la Policía Nacional la apuntaran con armas largas en un recorrido que hacía cerca de La Fría.
Explicó que se están valiendo de una supuesta agresión, ante una dama, del prefecto de la parroquia San Sebastián para que Gómez retire la denuncia que interpuso ante el Ministerio Público el día viernes 23 de abril.
«Se está manejando una presión política para que yo la retire», dijo en declaraciones que ofreció a la prensa, al tiempo en que aseveró que no cederá ante este supuesto; al contrario seguirá denunciando los atropellos de parte de los organismos policiales del Estado.
Según reseñó el portal andino La Nación, también aclaró que si ella llegase a anular la acusación, el prefecto seguiría involucrado en el caso y no se resolvería la situación.
La raíz de la denuncia
Gómez denunció el pasado jueves 22 de abril que fue víctima de amenazas por parte de funcionarios de la las FAES y la Policía Nacional cuando la caravana en la que se trasladaba fue detenida en el municipio Lobatera de la entidad mientras se dirigían a La Fría para una jornada de acción social.
A través de un audio que circuló por servicios de mensajería, Gómez relató que los efectivos del FAES -a quienes tildó de delincuentes- detuvieron la comitiva en la que se trasladaba ella junto a la directora de Política de la gobernación y la del Instituto de la Mujer.
«Mi caravana fue interceptada por funcionarios del FAES, quienes se bajaron con armas largas y nos apuntaron en el sector San Félix, llegando a la autopista de La Fría. Quiero denunciar públicamente el abuso de poder, irrespeto a la autoridad por parte de estos delincuentes armados que atentaron contra la vida de tres mujeres funcionarias del gobierno regional», exclamó la gobernadora del Táchira.
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Laidy Gómez advirtió que su vida fue «objeto de amenaza» por parte de los uniformados, al tiempo que exigió al «protector» de la entidad y actual diputado de la Asamblea Nacional chavista, Freddy Bernal, a facilitar la salida de las FAES de ese territorio.
«Freddy Bernal, llévate a tus malandros del Táchira. El Táchira no soporta a los delincuentes del FAES, No puede justificarse bajo ninguna situación que tres funcionarias mujeres del gobierno sean victimas de amenazas y armas largas de los delincuentes que tú trajiste de Caracas (…) El Táchira está obstinado de ver tanta delincuencia promovida desde el protectorado por los choros, malandros, bandidos que trajiste», reclamó.
Dijo que llevaría a cabo las denuncias correspondientes ante organismos nacionales e internacionales de lo ocurrido porque afirma que ese tipo de situaciones no pueden seguir permitiéndose, al tiempo que agregó que no iba a tolerar amenazas con armas largas «porque lo que hago es representar los intereses de la sociedad tachirense que no tiene cómo alimentarse y que no tienen vacunas porque ustedes se las roban».
La acción que denuncia Laidy Gómez ocurre días después que denunciara que apenas 40,5% de los trabajadores sanitarios de la Corporación de Salud, ente adscrito a la gobernación de la entidad, han sido vacunados contra la covid-19.
Precisó entonces que «de 7.656 funcionarios que tenemos en la Corporación de Salud solo se han logrado vacunar, a través del programa de vacunas covid-19 implantado por el Ministerio de Salud, 3.103 funcionarios».
El FAES se encuentra desplegado en la entidad, específicamente en los municipios fronterizos, con el fin de evitar el paso ilegal de personas desde Colombia y así minimizar la entrada de la covid-19.
Recientemente se envió al FAES a la zona de conflicto en la localidad de La Victoria, en el estado Apure, para «apoyar» a la Fuerza Armada Nacional en su accionar contra grupos irregulares armados. Desde entonces, iniciaron las denuncias de atropellos contra la población civil de la zona -que se ha desplazado hasta la localidad colombiana de Arauquita-, e incluso de la ejecución extrajudicial de cuatro miembros de una familia de El Ripial, a quienes se les señaló públicamente de guerrilleros en fotos difundidas por las redes sociales.
