Laura Louza: Nuevo fiscal de la CPI no cambiaría conclusiones sobre Venezuela
La salida de Fatou Bensouda de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) dejó sin conclusiones el examen preliminar Venezuela I, por presuntos crímenes de lesa humanidad. La directora de Acceso a la Justicia, Laura Louza, advierte que el Gobierno venezolano interpuso varios recursos judiciales para retrasar una decisión de este organismo
El 15 de junio se acabó formalmente el mandato de la abogada gambiana Fatou Bensouda como fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI). En sus manos se encontraban varios juicios y exámenes preliminares, entre ellos el conocido como Venezuela I, relativo a los posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en el país al menos desde 2017.
A pesar de que la misma Bensouda expresó su voluntad de emitir sus conclusiones antes de dejar el cargo, no pudo hacerlo debido a los recursos interpuestos por el Ministerio Público (MP) venezolano, controlado por Tarek William Saab.
“Dado el tiempo transcurrido, lo único que puedo hacer en esta etapa es entregar mi determinación, que se ha cumplido, junto con la base de la misma, al Fiscal entrante para su consideración y decisión final”, dijo el pasado 15 de junio en su discurso de despedida.
La abogada gambiana entonces da paso al británico Karim Khan, anterior subsecretario de Naciones Unidas. El nuevo fiscal, en su discurso de posesión, dijo que su prioridad es buscar que se rindan cuentas y se “erosione” la impunidad, más que concentrarse en la ubicación geográfica de las investigaciones y juicios a cargo de la CPI.
Para Laura Louza, abogada y directora de Acceso a la Justicia, un nuevo fiscal no cambiará las conclusiones del examen preliminar Venezuela I, que ya estaba adelantado tal como lo dijo en varias oportunidades Fatou Bensouda.
A su juicio, los venezolanos y las partes interesadas deben “armarse de paciencia” y esperar unas semanas para que el nuevo fiscal de las conclusiones del examen.
“El nuevo fiscal es una persona reconocida en el mundo del derecho penal internacional, también en su país (Inglaterra). De hecho, el gobierno venezolano lo criticó mucho por lo que pensamos que debe ser bueno en su materia. Creemos que es una persona técnicamente preparada, y obviamente no tiene un pasado cuestionable como ocurrió con la anterior fiscal”, señala la también profesora universitaria.
A pesar de ello, refiere que en el caso de Venezuela la fiscal anterior hizo su trabajo, al avanzar el examen preliminar hasta su última etapa.
Donde sí pone el acento la abogada Louza es sobre los recursos que ha interpuesto el MP venezolano, así como las críticas que han realizado al proceso, aludiendo a un “trato injusto” y “desigual” por parte de la CPI.
“El gobierno venezolano ha criticado, lo cual es insólito, la rapidez de la justicia. Para ellos es rápido porque son los que están sometidos a la justicia como posibles imputados, pero en cambio para nosotros es lento porque han pasado tres años”, dice la abogada en entrevista a TalCual.
Según la recopilación de datos que ha hecho Acceso a la Justicia, una tercera parte de los exámenes preliminares que hasta ahora ha llevado a cabo la CPI son más rápidos que el venezolano. “Estamos en el promedio podría decirse”, dice la directora de la ONG.
Con respecto a que no se atiende a Venezuela, Louza considera que estos cuestionamientos son contradictorios “pues hasta ahora, si ves la prensa, ha habido varias reuniones donde el gobierno venezolano se retrata con la fiscal. Hay fotos, se ha hecho mucha propaganda. Incluso hasta el año pasado se dijo que había plena cooperación”.
La profesora universitaria refiere que es la actitud de las autoridades venezolanas las que hacen pensar que el resultado no será favorable a ellos. “Por eso ahora se dice que la información viene de Twitter, que no es válida, queriendo crear sospecha y duda”.
Otra particularidad que menciona la abogada sobre las actuaciones del Ministerio Público venezolano, son las referentes a la supuesta falta de acceso al expediente o conocimiento de casos. “La fiscal (Fatou Bensouda) ha ido explicando que se trata de crímenes de lesa humanidad, de detención arbitraria, asesinatos, por violación y violencia sexual. Las declaraciones están en la web. Ha dicho incluso cuáles son los órganos del Estado que están involucrados: Cicpc, PNB, Sebin y Dgcim”.
Además de eso, prosigue Laura Louza, “el examen preliminar se abrió de oficio por voluntad de la propia fiscal Bensouda por denuncias que hizo llegar Luisa Ortega Díaz, que son públicas. Todo está en internet, todo es público, todo reposa en el Ministerio Público. La siguiente denuncia fue de una serie de países al remitir el informe de la OEA hecho por un panel de expertos, ese informe también es público, por tanto se sabe cuales son las denuncias”.
Obviamente lo que se desconoce es la información que han enviado ONG o víctimas de forma particular, debido a que las normas protegen y dan confidencialidad en esta etapa para evitar represalias.
“Tan es acorde al procedimiento que la fiscal, que se notaba quería dar su veredicto antes de su salida y era un logro para ella conseguir la revisión de un caso de este tipo en América Latina, no pudo hacerlo porque tenía que respetar el recurso pendiente y la confidencialidad que pidió el gobierno venezolano al respecto”, asegura.
Salidas alternativas
En el caso del examen preliminar Venezuela I no hay un solo escenario. Este proceso puede dar paso a una investigación, puede cerrarse, mantenerse en el limbo o incluso lograr la cooperación del Gobierno venezolano para que se haga justicia dentro del propio país.
Esto último es conocido como el principio de complementariedad positiva, donde un Gobierno reconoce que no puede dar una justicia adecuada a las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos dentro de su país, por lo que necesitan ayuda, en este caso de la Corte Penal Internacional, para poder lograrlo.
Ya esto sucedió en el caso de Colombia, y pareciera ser la aspiración también del gobierno venezolano al saber que el examen preliminar no será cerrado. La abogada Laura Louza comenta que desde el Ministerio Público “hace rato” va en esta dirección, al cambiar las imputaciones -aunque faltan otras- en casos emblemáticos como el del exconcejal Fernando Albán, el capitán Rafael Acosta Arévalo o el joven Juan Pablo Pernalete.
“El problema es que no se han imputado los cargos a personas de alto nivel. El Estatuto de Roma establece que en este tipo de graves violaciones se debe imputar a la cadena de mando, a los altos jerarcas, algo que está muy bien explicado dentro del informe de la Misión de Determinación de Hechos”, señala la abogada.
También destaca que en Venezuela tampoco ha cambiado el patrón sistemático de represión contra la población. “En Colombia, en cambio, se hizo un pacto y hubo un cambio notorio con respecto a los acuerdos que se tomaron. En la época de Álvaro Uribe ya había jurisdicciones especiales para proveer justicia, que se perfeccionaron y profundizaron posteriormente. Aquí no hay nada, no hay ningún tribunal por violaciones de derechos humanos, además aquí no hay justicia ni para el ciudadano común”.
Independientemente de esto, los venezolanos quedaron en ascuas por conocer la decisión de la Fiscalía de la CPI, “pero esto era la intención del Gobierno venezolano, retrasar esto y quizás intentar revertirlo. Pareciera que ya había un cierre positivo para las víctimas de estos delitos, que esperaban por un atisbo de justicia”, recalca la abogada.
Esperar por otra Sala de la CPI
La Sala de Cuestiones Preliminares III, que fue designada para llevar el examen preliminar Venezuela I, debe responder a los recursos de control judicial, y la petición del Ministerio Público venezolano para un encuentro cara a cara entre las partes.
La exfiscal Fatou Bensouda se refirió en su discurso específicamente a este aspecto. “Todo lo que puedo decir en esta etapa es que, de hecho, había llegado a una determinación final sobre el examen preliminar y me había estado preparando para anunciar nuestras conclusiones en respuesta a la remisión del grupo de los Estados Partes, pero que con la debida deferencia a la Sala de Cuestiones Preliminares, cuya competencia había sido incautada, decidí esperar la decisión de la Cámara sobre la solicitud de Venezuela antes de hacer cualquier otro anuncio”.
A pesar de la confidencialidad, Bensouda dijo que “anticipamos que se hará público en breve. Dado el tiempo transcurrido, lo único que puedo hacer en esta etapa es entregar mi determinación, que se ha cumplido, junto con la base de la misma, al Fiscal entrante para su consideración y decisión final”.
La directora de Acceso a la Justicia recuerda que el Gobierno venezolano tomó dos acciones judiciales: la primera ante la Sala de Cuestiones Preliminares, y la segunda ante la misma Fiscalía de la CPI. Considera además que este último recurso podría ser el mecanismo para lograr un acta de entendimiento o acuerdo.
“Si eso llega a ocurrir puede ser un arma de doble filo, porque el Gobierno venezolano no se puede retractar de la cooperación. En la etapa que viene después se dice específicamente quién o quiénes cometieron esas violaciones, y se pueden hasta dictar órdenes de captura. Va a haber testimonios, y allí el Gobierno venezolano debe colaborar para que comparezcan las personas presuntamente acusadas”, explica Louza.
La abogada recuerda que en Venezuela hay una impunidad constante, “donde se encubre a estas personas que han cometido delitos graves, hasta se les incita desde lo alto del poder. El hecho de que se acuse a un director de la Dgcim o PNB, además de los altos jerarcas, ¿Cómo se hará para que comparezca el que cumplió la orden? Es complicado, por eso el gobierno venezolano lo está tratando de retrasar lo más posible”.
