Madre de testigo de masacre en Parima denunció la detención arbitraria de su hijo

Seyoma Silva, madre de Borges Sifontes, -adolescente de 16 años herido tras recibir dos disparos por parte de un militar- emitió una denuncia formal ante el fiscal superior del estado Amazonas por la retención arbitraria de su hijo. Así lo informó vía redes sociales Olnar Ortiz, abogado y coordinador nacional de pueblos indígenas de la organización Foro Penal, el viernes 24 de junio.

#ULTIMAHORA la madre de Borges Sifontes herido y testigo del caso de #ParimaB del 20M consignó denuncia formal del caso ante el fiscal superior de #Amazonas por retención arbitraria en la que se encuentra su hijo en HMCarlosArvelo @ForoPenal @TarekWiliamSaab @ONU_es @CIDH pic.twitter.com/XHBlAAE50o

— Olnar Ortiz Bare (@olnarortizBare) June 24, 2022

En el video publicado por Ortiz, la mujer manifiesta su preocupación por el estado de salud del adolescente. El 3 de abril funcionarios trasladaron arbitrariamente a Borges Sifontes, y a su hermano, Gabriel Silva fuera de Amazonas, hacia un hospital en Caracas -a 820 kilómetros de Parima B- su comunidad.

Desde entonces, ni familiares y defensa legal, ni diputados han tenido libre acceso a la habitación de ambos. A los testigos se les prohíben las visitas y salir del cuarto, según denuncia Ortiz.

Antes del traslado Sifontes fue operado tres veces en el Hospital José Gregorio Hernández de Puerto Ayacucho, capital de Amazonas. Y requería otra cirugía, pues presenta una fractura expuesta de hombro izquierdo, herida de bala en la pierna derecha y anemia severa. Cuando recién había sido trasladado al hospital militar, Ortiz denunció que al muchacho solo le administraban calmantes y recibió maltrato psicológico por parte de personal médico.

#Amazonas Continúan llevando insumos a #ParimaB municipio #AltoOrinoco como parte de lo que ofreció el Gob Nacional para que los indígenas yanomami dejaran salir a los efectivos de la Aviación, luego de los hechos ocurridos el pasado #20marzo

📸 cortesía pic.twitter.com/voYe6bVUH9

— Carolina Azavache (@CarolinaAzavach) May 26, 2022

El caso ha sido manejado con opacidad y hermetismo. Los militares heridos también fueron sacados de Amazonas luego de pasar más de cinco días retenidos en la comunidad indígena. Los yanomamis impedían su salida como una medida de clamor por justicia.

Las ONG han denunciado intentos del Estado para negociar con la comunidad y ocultar los hechos. Periodistas locales reportaron que hubo negociaciones entre Gobierno con la comunidad para dejar ir a los militares a cambio de alimentos, útiles escolares, y demás insumos de los que carece.

Pero se desconoce el alcance de estos acuerdos en los que fueron excluidos: el defensor del Pueblo de Amazonas y las organizaciones indígenas Organización de Pueblos Indígenas del Amazonas (Orpia) y Confederación Indígena Bolivariana de Amazonas (Coiba).

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El pasado 28 de abril, Olnar Ortiz logró denunciar los asesinatos en Parima B ante Naciones Unidas (ONU) a través de una reunión privada con José Francisco Calí Tzay, relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de la ONU, durante el período de sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas.

Estos crímenes fueron denunciados por instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional, que instaron al Estado a esclarecer lo ocurrido, revelar el paradero de los testigos, detener a los responsables y reparar a las víctimas y sobrevivientes del hecho.

Hasta ahora no hay avances en las investigaciones, pese a la designación de cinco fiscales del Ministerio Público.

Masacre del 20 de marzo de 2022

Cuatro indígenas, dos hombres y una mujer, fueron asesinados por militares del componente de Aviación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) la tarde del domingo 20 de marzo en Parima B, sur del estado Amazonas. Una comunidad remota a la que solo se accede vía aérea.

Los disparos comenzaron minutos después de que los militares negaron acceso a internet a los indígenas yanomamis, estos rodearon la base de la FANB para exigir la devolución de un dispositivo de internet propiedad del capitán de la comunidad y los funcionarios procedieron a detener al segundo capitán indígena. Fue entonces cuando presuntamente el hijo del segundo capitán tomó el armamento de un militar y disparó a los funcionarios para liberar a su padre.

Los funcionarios militares comenzaron a disparar, cuatro personas murieron y otras cinco resultaron heridas, entre estas dos militares y un menor de edad indígena.