Alcaldes rechazan que comunas vayan a manejar dinero de la gobernación de Miranda

Habitantes del estado Miranda condenaron que se imponga la figura de la comunas para el manejo de recursos cuando esto no está contemplado en la Constitución. Advirtieron que con su aplicación los fondos destinados a impulsar la dotación de insumos de la policía serán transferidos a los bancos comunales

Alcaldes y concejales del estado Miranda desestimaron la convocatoria de consulta popular hecha por el gobernador de Héctor Rodríguez, que busca lograr la aprobación de una medida que consiste en destinar los recursos recabados a través de las multas a los bancos comunales, por considerar que no se ha hecho de forma legal.

En rueda de prensa, el alcalde del municipio El  Hatillo, Elías Sayegh, señaló que la desviación de los recursos a las llamadas comunas pueden violentar los principios del presupuesto público y en específico el principio de la unidad del tesoro.

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El funcionario señaló que no ha sido establecido un cronograma electoral y que los lapsos no ha sido reflejados en una convocatoria formal.

«Hablan de un banco comunal, nadie sabe cómo serán entregados esos recursos. Ya tenemos experiencias del defalco que fue la asignación de recursos a consejos comunales en donde menos del 10% de los proyectos fueron realizados», dijo Sayegh a medios de comunicación.

Por otra parte explicó que los recursos que se pretender utilizar son de la Gobernación y no de las alcaldías, por lo que puntualizó que la consulta «nada tiene que ver con quitarle recursos o competencias a las alcaldías». 

Sayegh instó a la máxima autoridad regional a suspender esta consulta y con ellos permitir que los recursos sigan siendo transferidos a la policía «que bastante que le hacen falta». Al mismo tiempo, sugirió que el dinero con el que se prevé hacer el evento comicial sea usado para a arreglar hospitales y escuelas.

El alcalde de El Hatillo también denunció que los centros electorales seleccionados privilegian a un partido político, nucleados en sectores donde vive y vota la gente inscrita en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que los miembros de mesa pertenecerían al mismo partido y que hasta ahora no es de conocimiento público cuál es el registro electoral que se utilizará. 

«Por un lado dicen que pueden votar todos los mayores a 15 años y por otro dicen que son los inscritos el Registro electoral. Nadie sabe ni quién puede votar. Esto es una consulta interna del PSUV. Armada por ellos y para ellos», dijo. 

Elías Sayegh recordó que la figura de las comunas en el país fue rechazada en el año 2007 y que existe un recurso de nulidad interpuesto por la Sindicatura del municipio Baruta contra las leyes del llamado Poder Comunal y sus causas están activas en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

«Las comunas son el mecanismo de participación ciudadana más excluyente y sectario que ha existido en la historia de Venezuela. Si usted quiere crear una comuna y no está inscrito en el PSUV no puede hacerlo», denunció. 

En este sentido, pidió a los mirandinos a no acompañar esta propuesta, que reitera se hace ilegalmente. «Noestá en el marco de la Constitución y los principios de las leyes del sufragio y no nos beneficia en nada», agregó. 

Denuncia ante el TSJ

Más temprano residentes del estado protestaron para rechazar la convocatoria. En la manifestación realizada en la plaza Miranda de Los Dos Caminos, dirigentes vecinales y habitantes de los municipios que conforman el estado divulgaron a medios de comunicación un pronunciamiento en el que condenan el evento de consulta por considerarlo ilegal y aseguraron que en próximos días llevarán ante  Máximo Tribunal un documento en el que se denuncian irregularidades en la convocatoria hecha por el mandatario regional.

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Los ciudadanos cuestionaron que se intente imponer la figura de la comunas cuando esta no está contemplada en la Constitución venezolana.

El texto presentado por la sociedad civil señala que se intenta modificar «demagógicamente el espíritu de la cuestionada ley de Convivencia para que el producto de la multas ahí dispuestas sea transferido a los bancos comunales, en lugar de incentivar la dotación de la policía».

Al respecto, el exconcejal del municipio Sucre, Manfredo González detalló que con esta medida los «pocos recursos» que están destinados a impulsar la dotación de insumos del cuerpo de seguridad del estado Miranda, pasarían «a personas que los mirandinos no conocen».

Por su parte Kiomara Scovino, integrante de la red de organizaciones vecinales de Baruta, manifestó que la convocatoria fue sectaria, excluyente y clandestina, pues gran parte de los habitantes de la entidad se enteraron por vías no convencionales.

A su juicio, la consulta es violatoria del marco legal. Dice que esta debe ser aprobada por la ciudadanía antes del evento.

«Pedimos a las autoridades que nos expliquen por qué hicieron el llamado de forma excluyente. A través de esta consulta se le da oxigeno a unas comunas que no sabemos su procedencia. No hemos sido informados de que esas comunas existen», matizó.

El llamado hecho por los vecinos, dirigentes y organizaciones mirandinas, es que sea la mayoría de la sociedad civil la que se organice y denuncie la inconstitucionalidad de la consulta.

José Luis Vera, habitante del municipio Sucre, tilda el evento como una arbitrariedad. Alega que por medio de una consulta no se puede cambiar el contenido de una ley. Al mismo tiempo, afirmó que el plebiscito pautado para el primero de diciembre «ni siquiera está respaldado por todas las corrientes del oficialismo». A su juicio, son acciones proselitistas de Héctor Rodríguez.