Muertes en protestas de 2014 siguen impunes: en 95% de los casos no hay condena
Las organizaciones Provea y Justicia, Encuentro y Perdón señalan que en el caso de Robert Redman, asesinado el 12 de febrero de 2014, como en 95% de los asesinatos en protestas de ese año, no ha habido justicia, están en completa impunidad. Desde esta fecha, la Corte Penal Internacional investiga la comisión de crímenes de lesa humanidad en el país
Este miércoles 12 de febrero se cumplen 11 años desde que la administración de Nicolás Maduro instauró en Venezuela un patrón sistemático de represión e impunidad contra la población.
Así lo advierten activistas de derechos humanos y abogados que recuerdan que la mayoría de los casos de asesinatos no han tenido acto conclusivo por parte de la Fiscalía y, en efecto, los responsables no han sido condenados.
El 12 de febrero de 2014 durante una manifestación en Caracas para conmemorar el Día de la Juventud murieron tres venezolanos: Juan Montoya (jefe de un grupo de colectivos en Caracas), Bassil Da Costa y Robert Redman, ambos acudieron al llamado de “la salida” de la oposición en ese entonces liderada por María Corina Machado, Leopoldo López y Antonio Ledezma.
Tanto la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, la Misión de Determinación de hechos de las Naciones Unidas, así como el Grupo de Expertos creados por la secretaría general de la Organización de Estado Americanos han establecido que al menos desde el 12 de febrero de 2014 se vienen cometiendo crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Hoy los casos de Bassil Da Costa y Robert Redman son recordados como parte del inicio de los ataques sistemáticos con armas de fuego a la población civil. Ambos murieron por impactos de bala en la parte superior del cuerpo perpetrados por funcionarios de seguridad del Estado y grupos civiles armados durante las protestas del 12 de febrero de 2014.
(Foto AP/Fernando Llano)
Martha Tineo, coordinadora general de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, señala que todos los sectores de la población que han participado en estos 11 años de manifestaciones contra la administración de Maduro son reprimidos con el mismo patrón: uso desproporcionado de la fuerza, activación de planes cívico- militares, uso de armas de fuego y disparos directos a la zona superior del cuerpo (cabeza o el pecho).
“Es una política de Estado. Hay un patrón sostenido a lo largo de estos 11 años. Actúan los mismos cuerpos de seguridad, de la misma manera, en todo el país”, indica.
Justicia en deuda
Da Costa era un joven de 23 años de edad. El 11 de febrero compartió un mensaje en su perfil de la red social Facebook: «Bueno señores, éste que está aquí irá a marchar mañana sin miedo de nada con la esperanza de encontrar un futuro mejor». Acudió a la marcha que llegó al centro de Caracas y en la Candelaria fue asesinado por un impacto de bala en la cabeza.
Bassil Da Costa asistió a la marcha en compañía de sus primos, quienes también resultaron heridos ese día y fue auxiliado por Robert Redman, quien al igual que él, perdió la vida la noche del 12 de febrero.
El 25 de febrero de ese año, el Tribunal 48 de Control del Área Metropolitana de Caracas dictó privativa de libertad, por su implicación en la muerte de Bassil Da Costa, al comisario jefe Manuel Benigno Pérez; el subcomisario Edgardo José Lara Gómez; el inspector Héctor Andrés Rodríguez Pérez; y los detectives Josner Márquez Fernández y Jimmy Alexis Sáez Osorio. Todos del Sebin. Imputaron al funcionario del Ejército Jonathan José Rodríguez y el policía nacional Andry Jaspe, quienes eran parte del equipo de escoltas del ministro Rodríguez Torres.
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El 28 de marzo de 2014, la policía judicial determinó que el autor material del asesinato del joven fue José Ramón Perdomo Camacho, de 42 años, también funcionario del Sebin, condenado a 29 años y 6 meses de prisión, el 1o de diciembre de 2016. La medida judicial incluyó a Andry Yoswua Jaspe López, de 28 años, condenado a 6 años de cárcel, por el uso indebido de arma orgánica. Los demás funcionarios del Sebin se encuentran libres.
Según la ONG Provea, el Estado venezolano está en deuda con la investigación a la cadena de mando de estos casos. 95% de las 42 muertes que se registraron entre febrero y abril de 2014, continúan impunes y apenas el 5% restante se ha condenado a los autores materiales de los asesinatos, como es el caso de Da Costa y de Montoya.
Tras 11 años de estos sucesos aún no se ha determinado la responsabilidad de autores intelectuales de los asesinatos, es decir, la Fiscalía no ha ejecutado una investigación penal por la cadena de mando.
Marino Alvarado, director de exigibilidad de Provea, declara que pese a que algunos de los crímenes fueron investigados y los autores materiales, sancionados, no se ha investigado la cadena de mando que ordenó, dirigió y supervisó la represión no solo del 12 de febrero de 2014 si no de los días siguientes.
“En esa cadena de mando debe investigarse la responsabilidad que pudiese tener el Ejecutivo nacional, los ministros del Interior y Defensa de la época y los más altos jefes de la Policía Nacional Bolivariana y de la Guardia Nacional así como de el Sebin y cuerpos armados del Estado directamente involucrados en la represión”, expresa Alvarado.
Retardo judicial
El retardo procesal y la falta de celeridad en las investigaciones, son dos de los causantes de que responsables de asesinatos en protestas estén en libertad. Según Tineo, algunos casos se encuentran aún en fase de juicio y no han sido resueltas las investigaciones.
Señala que existe una paralización de estos casos en procesos judiciales. “‘No culminan en la condena de los responsables de estas muertes. Eso pasa justamente porque todos los órganos que integran el sistema de justicia tanto los cuerpos de investigación penal y cuerpos del Ministerio Público, que dirigen la investigación y los tribunales, omiten su deber de investigar, de juzgar y condenar a esas personas”, expresa.
Destaca que en las muertes en protestas existe una revictimización, donde los familiares son víctimas de falta de acceso a la justicia y en muchos casos son maltratados y hostigados por denunciar la impunidad y denegación de justicia.
Uno de ellos es el caso de Robert Redman, quien fue asesinado en la Candelaria luego de auxiliar a Da Costa. Su padre, Dereck Redman, que en ese entonces tenía 77 años, aún espera por la justicia sobre la muerte de su hijo. Robert era hijo único y su madre había muerto en 2002.
A esta fecha, no hay un proceso judicial en contra de los responsables de su asesinato.
Por esta razón, la fiscalía de la Corte Penal Internacional mantiene una investigación desde entonces. Activistas de derechos humanos esperan que este año el fiscal de la Corte, Karin Kham, de una sentencia sobre estos casos registrados desde hace más de 10 años.
Rodrigo Diamanti, presidente de Un Mundo Sin Mordaza, señala que para mediados de año se pudiera conocer el estatus de la investigación. Recuerda que desde ese día, más de 200 jóvenes han fallecido en protestas y ha habido más de 15.000 detenciones arbitrarias.
Para Alvarado, la represión del 12 de febrero y días siguientes no solo constituyeron graves violaciones a los derechos humanos sino que también crímenes de lesa humanidad.
De acuerdo al registro de Provea, el número de personas que perdieron la vida en el contexto de los 4 meses de protestas de 2014, representa el 79,2% del total de muertes registradas entre 1997 y 2013, período en el cual 53 personas murieron en el contexto de manifestaciones.
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