Elecciones en Bolivia | Gobierno y OEA evalúan bases para realizar auditoría
En un intento por calmar las protestas y las críticas internacionales, el gobernante boliviano dijo estar dispuesto a medirse en una segunda vuelta electoral
El Gobierno de Bolivia dijo que espera acordar con las Organización de los Estados Americanos (OEA) las bases de una auditoría a las elecciones del pasado 20.10.2019 en las cuales el Tribunal Electoral declaró ganador al presidente Evo Morales y cuyos resultados son desconocidos por su contendor, Carlos Mesa, quien asegura que hubo fraude.
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El anuncio, que ratificó el que hizo el canciller Diego Pary tras reunirse la semana pasada sucesivamente con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y con el de Naciones Unidas, António Guterres, ocurrió mientras grupos opositores se aprestaban a reforzar este lunes sus protestas contra la reelección de Morales.
La auditoría fue solicitada por el Gobierno de Bolivia y aceptada de inmediato por la OEA, luego de que una misión de observación de esa organización sugiriera que una segunda vuelta era la mejor opción para resolver el conflicto postelectoral derivado de denuncias opositoras de supuestas irregularidades en el cómputo de votos, que al final dieron a Morales victoria en primera ronda.
La oposición no presentó denuncia formal de un fraude y concentró aparentemente su accionar en promover las manifestaciones urbanas, en algunos casos violentas, que tienen conmocionado al país desde el día siguiente de las elecciones del domingo 20.
El candidato opositor Carlos Mesa, quien considera haber sido privado irregularmente de su opción a una segunda vuelta, endureció su discurso el fin de semana al convocar a que continúen las protestas, ya no en demanda del balotaje sino en desconocimiento total a los comicios.
La nueva convocatoria de Mesa fue respondida este domingo por la Confederación Sindical de Campesinos (CSUTCB), uno de los soportes del oficialismo, con una declaración de bloqueo nacional de carreteras que comenzaría este lunes.
«Ya no se puede soportar, hemos aguantado hasta hoy demasiados atropellos y humillación y así que es hora de defender la democracia», dijo a reporteros el líder de la CSUTCB, Jacinto Herrera.
Añadió que «lo que significan las protestas de la oposición en las ciudades es simplemente no aceptar su derrota y con ello no reconocer el voto de campesinos e indígenas que dio el triunfo a Evo Morales», afirmó el dirigente campesino.
Arce lamentó que, con su desconocimiento total a las elecciones, Mesa deje de lado su demanda inicial de segunda vuelta y se oponga a la auditoría acordada con la OEA y a la que han expresado respaldo tanto la ONU como la Unión Europea.
«Es una muestra más de que no existe la mínima voluntad para esclarecer los hechos», afirmó el ministro de Justicia, insistiendo en que el Gobierno está seguro de la transparencia del proceso electoral y que el mismo Morales está dispuesto a ir a una segunda vuelta si se demuestra que sacó beneficio de un fraude.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, fue más lejos y acusó a Mesa de estar comprometido en «un esquema conspirativo contra la democracia» en el que participaría también, entre otros, el exministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, del Gobierno neoliberal de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003).
Sánchez Berzaín y Sánchez de Lozada están refugiados en Estados Unidos desde octubre de 2003, cuando renunciaron a causa de una ola de violentas protestas populares, pasando entonces al Gobierno a manos del vicepresidente Mesa.
Las protestas urbanas, entretanto, continuaron el fin de semana con paros y bloqueos de calles en por lo menos cuatro ciudades.
En La Paz, con participación directa del opositor Gobierno municipal, se anuncia para este lunes un paro cívico con bloqueo general, reportaron medios locales.
Golpe de Estado
El presidente de Bolivia, Evo Morales, alertó este domingo 27 de octubre que sus adversarios preparan un «golpe de Estado» que ejecutarían esta misma semana, en un contexto de polémica y protestas por los resultados electorales que le brindaron la reelección.
“Alerto desde Vila Vila a todo el pueblo boliviano: distintos sectores sociales se preparan para hacer golpe de Estado la próxima semana”, dijo el mandatario durante un acto público.
Morales, actualmente el presidente con más años en el poder en América Latina, es el único sobreviviente de un grupo de líderes izquierdistas que asumieron el cargo en la década anterior, la mayoría de ellos ya reemplazados por gobiernos conservadores.
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El mandatario pareció preocupado por su reputación en el extranjero, en un momento en que observadores electorales internacionales y gobiernos ponen en duda la legitimidad de su victoria en primera vuelta el domingo 20 de octubre.
Venezuela, Cuba y México han felicitado al líder izquierdista que el sábado cumplió 60 años, mientras la Unión Europea y algunos de países de la región como Estados Unidos, Brasil, Argentina y Colombia lo han exhortado a realizar un balotaje con su principal rival, el expresidente Carlos Mesa.
Perú dio el sábado la bienvenida a la invitación de Morales para que la Organización de los Estados Americanos (OEA) haga una “auditoría integral” de la votación conforme a “la Constitución y leyes bolivianas”, aunque no comentó sobre una eventual segunda vuelta.
Mesa anunció el sábado que la Coordinadora de Defensa de la Democracia, una coalición cívica de oposición, designará una comisión que haga gestiones ante la comunidad internacional para que desconozca los resultados anunciados por la autoridad electoral.
“Exhortamos al gobierno a recapacitar y aceptar la voluntad popular (…) abriéndose a una salida que respete y preserve la democracia”, agregó Mesa al leer un comunicado ante periodistas en La Paz.
Brasil, el mayor socio comercial de Bolivia, fue más allá y advirtió el viernes por la noche que no reconocerá los resultados de las elecciones hasta que la OEA realice una auditoría.
“Me informé que los cancilleres de Brasil, Argentina, de Colombia y Estados Unidos dudan sobre las elecciones del 20 de octubre”, dijo en el acto transmitido por la televisión estatal Morales, que invitó a los cancilleres de estos países a que “vengan y hagamos auditoría voto por voto, mesa por mesa”.
“Y si hay fraude, al día siguiente convocamos a la segunda vuelta”, agregó.
Morales postuló para un cuarto mandato desafiando los límites legales y un referéndum que rechazó reformar la Constitución para permitirle otro quinquenio. Un fallo judicial, sin embargo, le dio luz verde a fines de 2017 para ser candidato.
Fraude escandaloso
El Tribunal Supremo Electoral (TSE), la máxima autoridad en materia de comicios del país, ha negado los cargos de fraude suscitados el domingo pasado después de la abrupta detención de la publicación de un recuento de votos que mostró que Morales debería medirse a Mesa en una segunda vuelta, la cual tendría lugar el 15 de diciembre.
Aunque Morales y el TSE han dicho estar dispuestos a la auditoría, hasta ahora no hay planes ni anuncios sobre cuándo comenzaría esa revisión ni si, como ha dicho la OEA, debe ser vinculante, es decir que el gobierno acate sus conclusiones.
El recuento de votos del TSE al 100% divulgado el viernes mostró que Morales obtuvo el 47,08% de los votos frente al 36,51% de Mesa en una contienda de nueve candidatos. Eso le dio al mandatario la ventaja de 10 puntos necesaria para evitar una segunda vuelta, en la que la oposición probablemente se uniría detrás de Mesa para intentar derrotar al actual presidente.
La campaña de Mesa ha identificado 100.000 votos con irregularidades que deberían haber sido anulados, pero que en cambio se inclinaron a favor de Morales.
“El problema ahorita es el fraude, es un escandaloso fraude que nunca se ha visto, por eso el pueblo reacciona”, dijo Fredy Salinas, un jubilado de 65 años, mientras compraba en un mercado.
¿En qué se basan las acusaciones de fraude?
Distintos sectores de la sociedad boliviana creen que hubo fraude en las elecciones del pasado 20 de octubre, destaca una entrega especial de El País de España.
¿En qué se basan para pensarlo? Para muchos la prueba de la manipulación de las elecciones fue la circulación en las redes sociales de fotos y videos de cajas llenas de votos, que estaban almacenadas en casas particulares y eran trasladadas en automóviles o, incluso, llevadas por personas que caminaban por la calle.
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Las fotografías han causado un fuerte impacto en la sociedad chilena pero, en realidad, no constituyen una prueba de fraude, y por ello ni siquiera fueron mencionadas en el informe preliminar de la misión de observación de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
El Tribunal Supremo Electoral —que para los dos bandos en los que está dividido el país ha tenido un desempeño “inepto”— no fue capaz de aclarar con contundencia las imágenes distribuidas en las redes, y dejó que la sensación de fraude se extendiera.
En teoría, los partidos políticos deberían tener copias de las actas de votación, y contrastar con ellas el conteo oficial. En realidad, dada la extensión del país y las dificultades de acceso —físicas y políticas— a las zonas rurales, la oposición no posee copias de todas las actas, con lo que podrían pedir la anulación de los votos de determinadas mesas.
Esto podría haber sido particularmente importante en estas elecciones, en las que los votos necesarios para no ir a la segunda vuelta han sido unas pocas decenas de miles. En lugar de seguir este procedimiento, la oposición basó su acusación de fraude en el incidente que se presentó durante la transmisión preliminar de resultados.
La noche de las elecciones, este sistema, que acumula los datos a través de fotografías de las actas, fue interrumpido por el Tribunal Electoral al llegar al 83% escrutado. En este momento, la diferencia entre el presidente Evo Morales y el opositor Carlos Mesa era escasa y el resultado obligaba a una segunda vuelta. Al día siguiente, cuando el sistema fue reanudado, la diferencia creció y daba la victoria a Morales en primera vuelta.
¿Por qué se paró la transmisión de resultados? Las justificaciones de las autoridades y los involucrados han sido varias —lo que, como es lógico, no ha ayudado mucho a calmar las críticas—.
Antonio Costas, el vicepresidente del Tribunal Electoral que renunció, precisamente, por la suspensión del flujo de información electoral, dijo que hubo una alerta de ataque informático, y que esta fue procesada con “impericia” por el Tribunal, pero que el “alboroto” técnico no cambió la veracidad de los resultados.
Según la misión de la OEA, el Tribunal Electoral boliviano le dio al menos dos otras razones distintas sobre la mencionada suspensión de datos. Finalmente, el embajador boliviano ante la OEA, José Alberto González, señaló que el corte se debió a que faltaba escrutar una porción de las actas, pues las fotografías de estas debían llegar de áreas rurales en las que no hay Internet móvil, y entonces no se podía realizar una transmisión inmediata.
No es la primera vez, en las elecciones bolivianas, que el sistema de transmisión de resultados se detiene alrededor del 80% del escrutinio. Sin embargo, en este caso el hecho adquirió una dimensión enorme por dos factores: primero, la noche de las elecciones, la oposición encontró poco creíbles los argumentos que entonces dio el Tribunal y exigió que se revelara el conteo completo. Un día después, cuando se reanudó, la oposición se topó con la noticia de que el resultado no le favorecía y, sin pensarlo mucho, se lanzó a las calles.
En segundo lugar, la misión de observación de la OEA encontró que entre el 20 y 21 de octubre, el conteo rápido “cambió de tendencia” y que lo hizo “de manera inexplicable” y contraria a las previsiones estadísticas de la misión. Esta declaración, emitida en un comunicado el 21 de octubre, justo cuando se producían protestas por el supuesto “cambio del resultado”, fue clave dentro de la actual crisis boliviana, porque liberó a la oposición de la obligación de justificar sus acusaciones de fraude. Por eso mismo, ahora dicha declaración del organismo internacional está en el centro de una controversia diplomática.
En la primera sesión del Consejo de la OEA que discutió el caso boliviano, los representantes de Nicaragua y México criticaron el hecho de que la misión, dirigida por Gerardo de Icaza, hubiera tenido un papel tan protagonista en los sucesos y que se hubiera pronunciado antes de que las autoridades aclararan qué había sucedido exactamente. Aunque la misión de la OEA dio a la oposición boliviana argumentos sobre la existencia de fraude, en realidad, los militantes del partido de Carlos Mesa hicieron acusaciones de fraude incluso antes de las elecciones.
La causa de este comportamiento suspicaz y desconfiado, que también fue el de la gente que se puso a fotografiar material electoral o que corrió a las oficinas de recuento a revisar cada automóvil que entraba en ellas, reside en la creencia común de que el Tribunal Electoral está al servicio del Gobierno, y de que este no tiene dificultades para quebrantar la ley, con tal de quedarse en el poder. Esta es la creencia que las clases medias tienen de las instituciones estatales y del oficialismo por haber desoído al referéndum de 2016, que votó en contra de que Evo Morales se postulara de nuevo.
Abiertos a auditoría
La autoridad electoral de Bolivia dijo que estaba abierta a una auditoría de los resultados de una elección que le daba un cuarto mandato consecutivo al presidente izquierdista Evo Morales, mientras manifestantes bloqueaban el viernes calles de La Paz exigiendo la revisión.
El recuento final de votos mostró que Morales, de Movimiento Al Socialismo (MAS), obtuvo el 47,08% frente al 36,51% de su principal contrincante, el exmandatario Carlos Mesa de la agrupación Comunidad Ciudadana, indicó la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Choque.
“Pueden hacer auditoría la OEA, la Unión Europea (…)Estamos dispuestos a cualquier auditoría”, dijo Choque en la sede del Tribunal, rodeado por policías antimotines para impedir desde dos cuadras a la redonda el paso de manifestantes.
El sistema electoral boliviano “es absolutamente transparente (…) tenemos los medios probatorios para probar los resultados”, dijo por su parte Idelfonso Mamami, uno de los vocales del tribunal.
El equipo de observadores oficiales de la OEA recomendó el jueves que Bolivia convoque a una segunda vuelta tras la interrupción inesperada del conteo rápido de votos y el cambio repentino de tendencia en favor de Morales al reanudarse un día después, lo que provocó una airada reacción del mandatario, de 59 años.
Cientos de personas congregados en una plaza del centro gritaban consignas contra el gobierno en medio del fuego de improvisadas fogatas para paliar el frío de la noche.
“Elección, elección (…) Evo dictador, Evo dictador” gritaba el grupo mientras agentes de la policía miraban a corta distancia. “Que renuncie, que renuncie” se oía gritar a otros apostados cerca a la sede del TSE.
En partes de la ciudad y del departamento de Santa Cruz, en el sureste del país y en paro desde el miércoles, se mantenían bloqueos viales en reclamo de la auditoría. Por la noche, se escuchaba el batir de cacerolas en distintas zonas de la capital.
Morales, que cuando fue electo por primera vez en 2006 se convirtió en el primer mandatario de origen indígena del país, sostiene que alcanzó la victoria y que la oposición intenta dar un golpe de Estado.
Brasil no reconoce resultados
La cancillería brasileña dijo en su cuenta de Twitter que en vista de las conversaciones entre la OEA y el gobierno de Bolivia para hacer una auditoría de la primera vuelta, Brasil no iba a reconocer por el momento los resultados.
Ninguno de los miembros del TSE respondió preguntas sobre por qué se paralizó el domingo la transmisión de datos preliminares, planificada para hacer más transparente el proceso.
José Antonio Quiroga, dirigente del partido de Mesa, dijo más tarde en una conferencia de prensa que el TSE “se ha apresurado en el cómputo final en ese último porcentaje que faltaba para darle al MAS la ventaja que faltaba y a Evo Morales el regalo de cumpleaños”, que celebra el sábado.
De acuerdo con Quiroga, reportes de sus centros de control en las mesas hay al menos 770 actas con errores de sumatorias y en otras 64 actas hay más votos que votantes registrados.
El dirigente dijo que seguirán convocando a manifestaciones pacíficas en las calles y que era poco probable que el gobierno retrocediera y aceptara realizar una segunda vuelta electoral.
“Creo que es sano para la democracia cambiar de gobernantes, todos tienen su oportunidad, creo que Evo Morales tuvo una gestión de gobierno aceptable”, dijo José Callisaya, un docente universitario de 38 años. “Me parece antipatriótico que unos cuantos jueces cambien la voluntad del pueblo.
Mesa, un centroderechista de 66 años, dijo el viernes al canal Unitel que “el Gobierno está despreciando el voto popular, el Gobierno está despreciando las gigantescas movilizaciones en todos los departamentos del país (… y) un paro indefinido que se cumple rigurosamente”.
La Defensoría del Pueblo reportó el viernes en un comunicado que 29 personas han resultado heridas y 57 fueron detenidas en las protestas de esta semana en distintos puntos del país.
El fiscal general, Juan Lanchipa, dijo a periodistas que su oficina abrió 40 procesos contra manifestantes por actos vandálicos, pero no dio detalles.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, pidió los sectores de la oposición y afines al oficialismo no provocar choques.
“Hay gente que está buscando sangre, que está buscando un muerto para justificar (las protestas) y decir que aquí hay una dictadura”, agregó Romero a la radio estatal.
La oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas manifestó el viernes su preocupación por informes “de violencia y uso excesivo de la fuerza”.
“Hacemos un llamamiento a todos los actores, incluidos los líderes políticos y sus seguidores, para que actúen con moderación (…) De lo contrario, existe un grave riesgo de que la situación se salga de control”, agregó Ravina Shamdasani, de la oficina de la Alta Comisionada, a periodistas en Ginebra.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, retó a la comunidad internacional y a la oposición de su país a hacer un reconteo de votos para comprobar que su triunfo, en las elecciones presidenciales que se realizaron el 20 de octubre, es legítimo.
«Sean gobiernos, sean instituciones, organismos internacionales, ellos tienen la obligación de respetar nuestra Constitución, la voluntad del pueblo boliviano», advirtió el mandatario durante un acto en la región central de Cochabamba.
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Evo Morales dice estar dispuesto a medirse en una segunda vuelta electoral, siempre y cuando se demuestre que hubo fraude en los comicios. Sin embargo, aseguró que en el caso de realizarse una nueva ronda igual la ganaría «por paliza».
El gobernante boliviano instó a sus seguidores a resistir y a defender la democracia.
«Ellos buscan muertos para echarnos la culpa», denunció en referencia a movilizaciones convocadas por la oposición, y pidió que «respeten los resultados, la Constitución y la democracia», dijo.
La Organización de Estados Americanos, la Unión Europea y Gobiernos como los de Argentina, Brasil, Colombia y Estados Unidos piden una segunda vuelta para eliminar las dudas sobre las elecciones celebradas el pasado domingo.
Al estilo chavista
«Ya ganamos en primera vuelta. Mi delito es ser indio presidente», contraatacó este jueves Evo Morales cuando los resultados oficiales, bajo sospecha, al 98%, le otorgan una mínima ventaja de 10,13% sobre el opositor Carlos Mesa, suficiente para proseguir su presidencia hasta 2025 y para descartar el desempate de diciembre.
Un enroque al mejor estilo bolivariano, la misma hoja de ruta seguida por Nicolás Maduro en 2013, perfeccionada con las presidenciales de 2018, destaca El Mundo de España.
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Bolivia vive horas de tensión y protestas, que más parecen un déjà-vu. Bastaría con cambiar a los protagonistas porque el guión es el mismo, incluso los llamados de las organizaciones afines al líder indígena para celebrar la «gran victoria».
El ‘hijo de Chávez’ insistía entonces que su mayor delito era ser un presidente obrero. Hasta las acusaciones contra el candidato rival («Mesa es cobarde y también delincuente») y contra la alianza surgida tras el «fraude escandaloso» («son un grupo de políticos fracasados») parecen sacadas del mismo libro de la Historia.
Morales compareció ante el país seguro no sólo de su victoria, sino también de que puede mantener su enroque sin sufrir mayor desgaste, apoyado en el dogma de que los supuestos golpistas no llegarán al poder.
«Si el resultado final dice que vamos a segunda vuelta, vamos a ir», añadió a sabiendas de que todo indica que sobrepasará a duras penas el listón del 10%, que le otorgaría directamente su tercera reelección.
El líder aymara no sólo se despachó contra quienes protestan en las calles desde el lunes, también lo hizo contra la Misión Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), que ha adelantado la necesidad de ir a una segunda vuelta tras comprobar que se han vulnerado los derechos electorales.
«No quiero a entender que la misión de la OEA ya esté con el golpe de Estado. No sé si ayer me entendieron, es un golpe de Estado interno y externo», enfatizó el candidato de Movimiento Al Socialismo (MAS), acudiendo de nuevo a la gran biblia del chavismo. La OEA propone encabezar una auditoría, con la condición de que su resultado sea vinculante para ambas partes.
Evo descalificó tanto al paro nacional convocado por la oposición como a los estudiantes y jóvenes que le confrontan en las calles.
«Están movilizados y engañados por platita [dinero] y por notita. Vamos a defender la democracia y los resultados, somos los llamados a defender la democracia porque nosotros la recuperamos», sentenció el presidente con otro de los mandamientos del credo revolucionario, además de vanagloriarse de que bajo su gestión se redujo la pobreza.
Un país partido
La realidad es que Evo Morales no esconde sus cartas y está decidido a seguir hacia adelante cueste lo que cueste. Con un país partido por la mitad, entre seguidores y detractores, se repite parecido escenario al venezolano de 2013.
La llamada Patria Grande electoral a caballo de un ventajoso sin límites que con el paso de los años se transforma en la denuncia de fraudes, con sendos Consejo Nacional Electoral (Venezuela) y Tribunal Supremo Electoral (Bolivia) al servicio de sus líderes.
Mesa ya ha anunciado que no reconocerá los resultados como ya sucediera en 2013 con Henrique Capriles tras el triunfo por la mínima de Maduro, con múltiples denuncias. Sólo una coincidencia, pero hay muchas más. Las elecciones presidenciales de 2018 tampoco fueron reconocidas incluso meses antes de acudir a las urnas.
La misma hoja de ruta con el mismo punto de partida: el ventajismo previo para el candidato gubernamental, que en Venezuela sobrepasa límites mundiales. Desde el uso y abuso de la ‘mass media’ chavista hasta la sofisticación del carnet de la patria, herramienta de control social de límites desconocidos.
«Si nuestros testigos y la población votante no están pendientes del correcto funcionamiento del centro, los operadores oficialistas pueden alterar los resultados de muchas maneras», describe para EL MUNDO.es Roberto Picón, principal técnico electoral de la Unidad Democrática, que el chavismo encarceló durante seis meses en la siniestra sede de la policía política de Maduro.
Desde el voto asistido hasta mantener «el centro abierto más allá de la hora reglamentaria para aprovechando la inseguridad, cansancio y oscuridad meter votos en la mesa», añade Picón.
En las presidenciales de 2012 y 2013, el chavismo empujó a casi un millón de personas a que fuera a votar en las últimas horas, trasladándolas y presionando para que votaran.
Cifras del TSE aún no le dan el triunfo a Evo
Las cifras del Tribunal Electoral de Bolivia aún no le dan los votos necesarios al actual presidente y aspirante a la reelección (por cuarta vez) Evo Morales.
A esta hora, con 99,99 % de las actas de votación escrutadas el Órgano Electoral Prurinacional boliviano le da al líder indígena 46,64 % (2.768.427 votos votos) mientras que al opositor Carlos Mesa 36,83% (2.186.326 votos). Esto marca 9,81% de diferencia porcentual entre ambos y 0,19% por debajo del 10 % exigido por la Constitución de ese país para decretar un triunfo en primera vuelta y que validaría un balotaje.
A esta hora los cómputos del órgano electoral de Bolivia aún no le dan el triunfo a Evo Morales.
Este escenario contrasta con lo ocurrido la tarde de este jueves (24.10.2019) cuando los cómputos del Tribunal Electoral le habrían dado la victoria a Morales en los comicios celebrados el pasado domingo 20 de octubre por un margen superior al 10% con respecto al segundo contendiente, hecho que descartaba la posibilidad de un balotaje.
Entonces se informó que con un 99,99% de los votos escrutados el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales tenía 47,07% de los sufragios, frente a 36,51% obtenidos por el opositor Carlos Mesa y la alianza Comunidad Ciudadana (CC); esto resultaba en un 10,56 % de diferencia.
Aún no se ha producido ningún pronunciamiento del ente comicial sobre esta discrepancia.
Celebración y fraude
Desde la tarde del jueves, Morales aseguraba que había ganado en primera vuelta la reelección presidencial.
Mientras el opositor Mesa denunciaba fraude electoral y pidió a sus simpatizantes protestar pacíficamente en contra del robo que, a su juicio, orquestó el ente electoral en cooperación con el gobierno de Morales.
“La cifra es irrelevante porque la decisión es clara, el MAS no quiere segunda vuelta, por lo que maquinaron una alteración vergonzosa y grosera del resultado. No se desanimen, manténganse en acción con movilizaciones pacíficas», dijo Mesa.
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La ley contempla que, para ganar en la primera vuelta, un candidato debe obtener el 50% más uno de los votos o lograr el 40% y tener una diferencia de al menos 10 puntos porcentuales sobre el segundo.
Cientos de personas con banderas y fuegos artificiales se concentraron desde el miércoles (23.10.2019) frente al edificio de la autoridad electoral de La Paz, mientras que la oposición y agrupaciones ciudadanas denunciaron fraude electoral en protestas callejeras que se extendieron por todo el país.
En un combativo discurso, Morales criticó los hechos violentos del martes, que incluyeron la quema de oficinas electorales y enfrentamientos entre policía y manifestantes, a los que apuntó como focos instigados por la oposición y la intervención extranjera.
Por su parte, Mesa llamó a «protestas permanentes» hasta que se confirme una segunda vuelta en los comicios presidenciales y dijo que presentaría evidencia de prácticas de fraude electoral.
Mesa, que fungió como presidente entre 2003 y 2005 y es el candidato de la alianza de centro Comunidad Ciudadana (CC), dijo que si Morales impone el resultado “dará un salto de un gobierno democrático a un gobierno dictatorial”.
En las calles, los manifestantes, mayoritariamente jóvenes, cantaban que no querían vivir en una dictadura como en Venezuela.
Segunda vuelta
Mientras tanto, en Washington, la OEA exhortó a las autoridades bolivianas a celebrar una segunda vuelta sin importar la diferencia entre los dos candidatos más votados.
El vocero del órgano multilateral afirmó que Morales no podía proclamarse ganador y recomendó que, aún si logra una ventaja de 10 puntos respecto de su contendor más cercano, el país debería celebrar una segunda vuelta electoral.
“Debido al contexto y las problemáticas evidenciadas en este proceso electoral, continuaría siendo una mejor opción convocar a una segunda vuelta”, dijo el director del departamento para la observación electoral de la OEA, Gerardo de Icaza.
Por su parte, el secretario asistente interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos dijo el miércoles en una audiencia en el Congreso que si Bolivia no respeta la voluntad del pueblo habrá graves consecuencias para la relación del país con el resto de la región.
Las protestas en Bolivia comenzaron después de que el conteo oficial de votos se paralizó por casi 24 horas a partir de las últimas horas del domingo. Desde entonces, se han multiplicado en el país.
La situación podría agravarse en los próximos días, explicó el diputado opositor Wilson Santamaría.
Morales «segurísimo»
Morales aseguró este miércoles “que ganará en primera vuelta” su reelección en la presidencia de su país, a pesar de la sugerencia de la OEA de “convocar un balotaje”.
“Yo estoy casi segurísimo que con los votos de áreas rurales vamos a ganar en la primera vuelta al candidato opositor Carlos Mesa”, dijo el mandatario izquierdista, cuando el cómputo oficial del Tribunal Supremo Electoral (TSE) apunta a un balotaje.
Mesa, por su lado, instó “la movilización permanente” en forma “democrática y pacífica” en defensa del voto, hasta que el tribunal electoral “reconozca que la segunda vuelta debe realizarse”.
“No vamos a permitir que se nos robe por segunda vez una elección”, agregó en relación al resultado de un referendo que fue desconocido por Morales para postularse a un cuarto mandato.
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Llamado a paro
Tras los resultados emitidos por el TSE, estalló en diversas regiones de Bolivia una ola de violencia que ha tenido como blanco las sedes del organismo electoral.
La protesta de la noche del martes en La Paz congregó a miles de personas que gritaban “¡Fraude, fraude, fraude!”.
Por su parte, un colectivo de organizaciones civiles de los nueve departamentos del país realizaron un llamado a paro que comenzó a tomar cuerpo en Santa Cruz.
“Vamos al paro hasta que ustedes digan”, arengó Luis Fernando Camacho, líder del Comité Cívico Pro-Santa Cruz, región motora del desarrollo nacional, donde ya se ven algunas calles bloqueadas.
“Seremos los jóvenes que haremos respetar la democracia y los que sacaremos del palacio (de Gobierno) a Evo Morales”, dijo César Ramos, presidente del comité civil juvenil de Tarija (sur).
Ofrecer garantías
A propósito de la manifestaciones que se han originado en ese país en medio del evento electoral, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó al gobierno a a tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad, la libertad de expresión de sus habitantes en el contexto de este proceso, específicamente, durante la realización de las manifestaciones pacíficas que se lleven adelante en defensa de la democracia.
La CIDH también instó al gobierno de Morales a investigar los actos de violencia que se produzcan de forma eficaz y a permitir que los medios de comunicación dar cobertura al proceso de verificación de la votación.
A través de un comunicado de prensa el organismo aseguró tener información de que a partir del 21 de octubre se han realizado manifestaciones ciudadanas en distintas ciudades del país, incluyendo La Paz, Sucre, Oruro, Tarija, Cochabamba, Potosí, Trinidad y Cobija, exigiendo transparencia en la fase de conteo de votos.
Según el organismo hay información de que las fuerzas de seguridad utilizaron la fuerza para dispersar manifestaciones ciudadanas como la que se desarrollaba frente a la sede del conteo de las actas electorales, pese a que en esa instancia reclamaban de manera pacífica. Asimismo, deplora la agresión de la que fue víctima el rector de la Universidad Mayor de San Andrés, Waldo Albarracín.
«La Comisión recuerda al Estado que las fuerzas de seguridad tienen la obligación de permitir el desarrollo de las manifestaciones y aislar a los manifestantes que recurren a la violencia, procurando que el uso de la fuerza sea regido por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Por ello, insta al Estado a investigar y sancionar dichos sucesos de forma imparcial y expedita» señala el comunicado.
En el texto ta comisión reconoce que ha habido manifestantes que provocaron graves hechos durante algunas protestas, incluyen incendios y daños a los tribunales electorales departamentales de Potosí, Tarija y Pando, entre otros.
El organismo hace énfasis en que ha registrado las declaraciones de carácter «estigmatizantes» que han ofrecido algunos funcionarios contra la prensa y las restricciones que han ejercidos para evitar que los periodistas sigan los escrutiños electorales.
Con información de Reuters, Prensa Latina, ABI y EFE.
