OIT vuelve a Venezuela para un tercer Foro de Diálogo Social plagado de pendientes
A siete meses de la primera visita de la OIT para supervisar el Foro de Diálogo Social, aún no se aprecian cambios en las políticas del Gobierno para cumplir los convenios 26, 87 y 144, que según la Comisión de Encuesta del organismo internacional, el chavismo no implementa. Esta reunión se efectúa en un contexto de descontento social y manifestaciones constantes por parte de sectores de trabajadores en exigencia de mejores salarios, el respeto a las convenciones colectivas y la restitución de sus derechos laborales
El chavismo afrontará uno de sus compromisos internacionales este lunes 30 de enero con la visita de una delegación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que mediará la tercera sesión del Foro de Diálogo Social instalado a finales de abril de de 2022 para guiar al gobierno de Nicolás Maduro a la adopción de tres convenios firmados por Venezuela que se incumplen desde hace años.
En esta cita se congregarán representantes de las tres actores que integran las relaciones laborales, los empleadores, los empleados y el Estado. Participarán la Federación Venezolana de Cámaras de Comercio y Producción (Fedecámaras), sindicatos de trabajadores y el Ministerio del Trabajo.
Las partes retomarán la agenda que quedó pendiente tras la última visita efectuada por el organismo internacional, que se llevó a cabo entre los días 26 y 29 de septiembre de 2022. En dicho encuentro se acordó emplear mecanismos para mejorar las deficiencias en el cumplimiento de los convenios 26, 87 y 144.
En síntesis, la OIT recomendó al Gobierno ajustar sus prácticas en cuanto a los mecanismos utilizados para la fijación de salarios mínimos, que hasta el momento ha sido decisión unilateral del chavismo; impulsar la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, puesto que los dirigentes sindicales son perseguidos y el Gobierno ha bloqueado las elecciones de sindicatos desde hace una década; y establecer como práctica la consulta tripartita (entre trabajadores, empleadores y Estado) para discutir asuntos trascendentales para el sector laboral.
Las denuncias sobre el incumplimiento de estos convenios existen desde hace más de siete años, pues Fedecámaras presentó una queja formal en junio de 2015. No fue sino hasta octubre de 2019 que la OIT le dio la razón al gremio empresarial, previa evaluación de la Comisión de Encuesta del organismo, con la publicación de un informe en el que señalaban las diversas violaciones laborales cometidas por el oficialismo.
A partir de la publicación del informe, el Consejo de Administración de la OIT empezó a discutir sobre este asunto en cada una de sus reuniones y a instar al Gobierno a cumplir con los convenios. A pesar de esta presión, el chavismo admitió abiertamente que harían caso omiso a estas exigencias al no sentirse «comprometidos» con el organismo, como en su momento vociferó el exministro de Trabajo, Eduardo Piñate.
No fue sino hasta que se presentó la decisión mayoritaria de condenar el incumplimiento y se recomendó aplicar medidas concretas contra el Gobierno —entre las cuales figuraba la expulsión de Venezuela de la OIT— que el chavismo decidió implementar correcciones y acatar la recomendación del organismo de realizar un Foro de Diálogo Social en el país.
Los pendientes del chavismo
Más de año ha transcurrido desde que la OIT exhortó a realizar el foro y más de siete meses desde su instalación. Esta instancia se implementó para discutir los mismos elementos que se han cuestionado desde hace casi una década. A pesar del tiempo que ha transcurrido, la situación en el sector laboral luce aún peor. El cumplimiento de las recomendaciones se mantiene como un pendiente, como se puede evidenciar en las siguientes deudas del Gobierno:
La deuda del chavismo con los salarios no es nueva. Desde 2012 los salarios no han dejado de deprimirse y rápidamente perdieron valor debido a la devaluación del bolívar frente al dólar. Lo que para el 1ro de mayo de 2012 representaba unos 290 dólares, se diluyó hasta caer por debajo de los 100 dólares tan solo un año después.
Desde 2013 el salario mínimo en Venezuela se encuentra muy por debajo de los 100 dólares, convirtiéndose en el peor de la región. La hiperinflación, que inició en noviembre de 2017, empeoró las condiciones salariales y todo ajuste se devaluaba en cuestión de semanas. Desde entonces, el equivalente en dólares al sueldo mínimo se ha encontrado por debajo de los 10 dólares.
El 15 de marzo de 2022, después de las observaciones de la OIT y un mes antes de la primera reunión del Foro de Diálogo Social, finalmente el chavismo recuperó levemente la remuneración mínima legal en el país, decretando un salario de Bs 126 junto a otros Bs 45 de cesta ticket, para un total de Bs 171 que, para aquel entonces, equivalía a 40 dólares.
Sin embargo, la devaluación del bolívar hizo lo suyo y para este 26 de enero de 2023, el salario en dólares llegó a $7,87 según la tasa oficial establecida por el Banco Central de Venezuela (BCV), de 21,72 bolívares por divisa.
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Este diminuto salario mínimo, que sumerge a millones de venezolanos en la pobreza extrema, ha desatado protestas multisectoriales desde hace meses. No en vano, el Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin) registró 2,5 conflictos laborales en el último trimestre de 2022, la mayoría impulsados por exigencias salariales.
La Constitución dicta en su artículo 91 que los ajustes salariales deben tomar como referencia el costo de la canasta básica, por lo que los trabajadores exigen la indexación del salario a este indicador, que según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación de Maestros (Cendas-FVM), llegó en diciembre a 485 dólares.
Mora electoral de los sindicatos
Desde hace ocho años, los poderes públicos controlados por el chavismo empezaron a implementar trabas para impedir la renovación de las directivas de organizaciones sindicales, dejando sus actividades técnicamente anuladas.
Esta práctica se remonta a 2015, cuando el fecha en la cual el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aceptó una solicitud de amparo cautelar interpuesta por tres trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), en la que denunciaban supuestas irregularidades en la renovación de autoridades. El amparo se utilizó como justificación para anular el cambio de autoridades del Sindicato Único de Trabajadores Siderúrgicos y Similares (Sutiss) y desde entonces no se celebran elecciones.
Según cifras del 2018 que entregó el Ministerio del Trabajo a la OIT durante la evaluación de la Comisión de Encuesta, un 66% de las organizaciones electorales eran víctimas de la mora electoral. Cuatro años más tarde, la situación no ha cambiado, por lo que el porcentaje debe ser mayor, aunque se desconoce a ciencia cierta por la opacidad del Gobierno.
Libertad sindical
De la mano con la mora electoral de los sindicatos, se da la represión y persecución que sufren los dirigentes sindicales en Venezuela, muchos de ellos detenidos por liderar manifestaciones exigiendo mejoras salariales o sus derechos laborales.
La Comisión de Encuesta puso como punto central de su informe como recomendación al Estado «el cese inmediato de todos los actos de violencia, amenazas, persecución, estigmatización, intimidación u otra forma de agresión», pero el Gobierno ha hecho caso omiso.
Desde la publicación del informe, el Gobierno ha seguido deteniendo y judicializando a dirigentes sindicales, como se evidencia en los siguientes casos:
- La detención del director Ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores de Venezuela, Eudis Girot, el 18 de noviembre de 2020. Fue excarcelado el 25 de abril de 2022, días antes de la visita de la OIT para el primer Foro de Diálogo Social.
- La sentencia a 15 de prisión contra el obrero de Ferrominera del Orinoco, Rodney Álvarez, tras permanecer 10 años encerrado sin una condena. Fue excarcelado en abril de 2022 tras 11 años de prisión, también días antes de la visita de la OIT.
- El arresto de Douglas González, representante de trabajadores de CVG Venalum, el 2 de agosto de 2022. Se le otorgó una medida sustitutiva de libertad el 7 de diciembre de 2022.
- Las detenciones de Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Reynaldo Cortés y Néstor Astudillo entre los días 4 y 7 de julio de 2022. Estos seis dirigentes sindicales protestaron contra la violación de las convenciones colectivas de los trabajadores de la administración pública. El 26 de septiembre fueron acusados formalmente de los siguientes delitos: asaltar un alistamiento militar en Mérida con 120 fusiles, secuestrar a los padres de Tareck El Aissami y realizar actos de sabotaje el 5 de julio contra Nicolás Maduro.
- El acoso de cuerpos de seguridad del Estado contra el trabajador de Sidor Ángel Bolívar por formar parte de las protestas en Sidor, según denunció la Intersectorial de Trabajadores de Guayana.
Irrespeto a las convenciones colectivas
La cruzada de los docentes y profesores universitarios no solo responde al salario mínimo, sino en general a la violación de las conquistas logradas tras décadas de lucha sindical.
Las protestas del último año apuntaron a un instructivo emitido por la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre). Este recurso implementado por el ente gubernamental fija las primas que figuran en las convenciones colectivas y modifica el mecanismo para calcular las tablas salariales, perjudicando la remuneración de los trabajadores.
De acuerdo con la explicación que ha ofrecido en distintas oportunidades el profesor universitario José Gregorio Afonso —una de las voces protagónicas en las manifestaciones—, desde que empezó a aplicarse el instructivo, las remuneraciones de los trabajadores disminuyeron entre un 45% y un 70%. Entre más primas y beneficios tenga un empleado, por años de servicio o especialización, mayor es su afección.
Las protestas para exigir la derogación del instructivo Onapre se han convertido en uno de los principales reveses del Gobierno en su intento por construir una narrativa de recuperación económica y bienestar social, al punto que han obligado a las autoridades a ceder en un par de ocasiones, con el pago completo de un bono vacacional que pretendían otorgar fraccionado y empujando al Gobierno a garantizar un aumento salarial venidero, aunque este ajuste se mantiene como deuda.
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Diálogo tripartito
Por último, pero no menos importante, queda pendiente la promoción de un verdadero y amplio diálogo entre empleadores, trabajadores y Estado. A pesar de que el Foro de Diálogo Social es una plataforma que conecta a los tres sectores, por ahora se han realizado encuentros bipartitos.
Por otra parte, algunos sectores denuncian que el proceso no es inclusivo, especialmente organizaciones sindicales que exigen participación para llevar las exigencias de los trabajadores a los que representan.
Durante la pasada sesión del foro, en septiembre, trabajadores de la administración pública marcharon hacia el Hotel Renaissance de Caracas, donde se hospedaron los miembros de la misión de la OIT, para protestar ante la exclusión a la que eran sometidos.
La representante de la misión de la OIT, Corinne Vargha, atendió a una comisión conformada por cinco representantes de las organizaciones que marcharon y recibió cuatro documentos en los que se abogaba por un verdadero diálogo sin la exclusión de sectores de la lucha obrera y sindical, se exigía mayor libertad para los sindicatos, se presentaban pruebas de amenazas a sindicalistas y en general se explicaba la situación que vivían los trabajadores.
En aquella ocasión, Vargha expresó a los manifestantes que la información que tenía indicaba que «todos los sectores laborales habían sido invitados al foro», pero según un resumen emanado por la propia OIT, participaron los siguientes actores:
- Fedecámaras
- Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST-CCP)
- Federación de Cámaras y Asociaciones de Artesanos, Micros, Pequeñas y Medianas Industrias y Empresas (Fedeindustria)
- Central de Trabajadores de Alianza Sindical Independiente (Ctasi)
- Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV)
- Confederación General del Trabajo (CGT)
- Ministerio del Trabajo
La vicepresidenta Delcy Rodríguez saluda al presidente de Fedecámaras, Carlos Fernández, en la instalación del Foro de Diálogo Social en abril de 2022. Crédito: Ministerio de Economía
Por parte de algunos sectores existe el temor de que los sindicatos presentes puedan estar viciados y apunten hacia sus propios intereses. En el marco de estas reuniones, el sindicalista Rubén González —quien también denunció ser excluido del foro— asomó que del seno del diálogo podría surgir una «lavada de cara» del chavismo con el beneplácito de las organizaciones participantes.
«Nos quedan muchas dudas que desde allí salga un diálogo franco y que se exija lo que dice la Constitución. Reposa en los hombros de cada una de estas centrales la responsabilidad de representar verdaderamente a los trabajadores y no sus intereses particulares», reflexionaba en una entrevista con TalCual.
El venidero Foro de Diálogo Social
Con estas deudas del chavismo, se llevará a cabo un nuevo encuentro en el que la OIT evaluará los avances de los últimos meses, aunque encontrará un país con una situación laboral más precaria que en la anterior visita.
Uno de los puntos centrales será el salarial, pues es el principal motor de las protestas y del descontento social actualmente. Ya el presidente de Fedecámaras, Carlos Fernández, adelantó que se planteará un consenso sobre el salario mínimo con la supervisión de la OIT.
El representante del gremio empresarial aseguró que no se ha fijado ningún monto, pero en las conversaciones se llegó a sugerir un salario mínimo en torno a los 50 dólares. Cualquier decisión, sin embargo, tendrá que ser discutida previamente en el foro y es el Gobierno el que tiene la autoridad para definir la cifra.
Advirtió que la realidad actual hace muy difícil una solución universal y lo conveniente es buscar distintos tipos de soluciones. «No se trata de cuanto aumente el salario sino cómo sostener el poder adquisitivo en el tiempo. La decisión no es tan sencilla», enfatizó.
